NeuquenNewsEl Gobierno nacional debió retirar del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión se tomó durante la tarde de este miércoles 5 de agosto, después de que gobernadores y senadores aliados anticiparan que no acompañarían la iniciativa.
La marcha atrás evita, por ahora, que el oficialismo avance con la extranjerización territorial. Pero no resuelve el interrogante político que quedó planteado: ¿por qué el Gobierno insistió durante meses en eliminar prácticamente todos los límites mientras uno de sus senadores posee intereses empresariales directamente vinculados con ese mercado?
No se trata de una versión anónima ni de una acusación basada solamente en publicaciones de redes sociales.
El Boletín Oficial acredita que Joaquín Alberto Benegas Lynch constituyó Glocal Terra SRL el 13 de marzo de 2020 junto con su esposa, Eloisa Perea Muñoz. El actual senador suscribió 9.000 de las 10.000 cuotas de la sociedad —el 90% del capital original— y fue designado gerente titular, representante legal y responsable del uso de la firma social.
El objeto societario incluye la administración de bienes rurales, el asesoramiento comercial a personas y empresas nacionales o extranjeras y la intermediación en la compra y venta de inmuebles rurales, participaciones empresarias y otros activos. Es decir, la firma fue creada para actuar en el mismo mercado que el proyecto impulsado por el Gobierno pretendía desregular.
La relación empresarial tampoco parece ser un antecedente ya superado. En su página oficial, Glocal Terra continúa presentando a Benegas Lynch como fundador y director ejecutivo. La compañía afirma que su equipo participó en operaciones y listados que comprenden más de tres millones de hectáreas en mercados latinoamericanos y que actúa bajo instrucciones de propietarios de tierras residentes en el exterior.
La coincidencia es demasiado precisa para ser minimizada. No estamos ante un senador que conserva una inversión completamente ajena a su actividad legislativa. Estamos ante un funcionario que integra el oficialismo y dirige una empresa cuyo campo de negocios podría ampliarse si el Congreso elimina las restricciones que pesan sobre la adquisición extranjera de tierras rurales.
Benegas Lynch ocupa una banca por La Libertad Avanza y preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado. El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” fue tratado formalmente por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, no por la comisión que él conduce. Sin embargo, podía participar del debate y votar una reforma susceptible de modificar las condiciones económicas del mercado en el que opera su empresa.
La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia de la Cámara alta para que Benegas Lynch se abstuviera de intervenir. El planteo se apoya en un posible conflicto entre su responsabilidad como legislador y los intereses particulares relacionados con Glocal Terra.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, incluidos diputados y senadores, a privilegiar el interés público por sobre el particular, actuar con transparencia, evitar beneficios personales indebidos y abstenerse de intervenir en asuntos en los que exista una causa que comprometa su imparcialidad.
La sospecha adquiere mayor peso cuando se reconstruye la persistencia del Gobierno.
Javier Milei intentó eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La aplicación de ese capítulo quedó frenada judicialmente. Lejos de abandonar la iniciativa, el Ejecutivo volvió a la carga con un proyecto de ley que inicialmente suprimía el límite general del 15%, el cupo por nacionalidad y las restricciones de superficie para los compradores extranjeros.
El oficialismo postergó reiteradamente la votación porque no reunía los apoyos necesarios. Durante los últimos días ofreció elevar el límite del 15% al 25% como alternativa a la apertura total. Finalmente, frente al rechazo de los gobernadores y la posibilidad de una derrota parlamentaria, debió retirar por completo el capítulo.
La retirada no borra la voluntad original. La Casa Rosada, el Ministerio de Desregulación y el bloque libertario sostuvieron durante meses que las restricciones debían desaparecer para atraer inversiones. Federico Sturzenegger llegó a calcular que la eliminación de la ley podría generar ingresos cercanos a los 15.000 millones de dólares.
La pregunta inevitable es quiénes estaban en condiciones de intermediar, asesorar y administrar esas posibles operaciones. Y allí aparece Glocal Terra, dirigida por un senador del propio oficialismo, con experiencia declarada en transacciones, valuaciones, administración de campos y representación de propietarios radicados fuera del país.
La documentación disponible todavía no permite afirmar que se haya cometido un delito. No existe, hasta el momento, prueba pública de un pago, una comisión, una operación concreta o un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Glocal Terra. Tampoco se ha demostrado que Javier Milei conociera personalmente las operaciones de la sociedad o que el proyecto haya sido redactado específicamente para beneficiarla.
Pero la ausencia de una prueba definitiva no convierte el caso en irrelevante.
Existe una confluencia objetiva de elementos que justifica investigar una posible maniobra: un senador oficialista con intereses privados en el negocio de las tierras; un Gobierno que impulsa una reforma capaz de ampliar ese mercado; una empresa que trabaja con inversores y propietarios extranjeros; y una insistencia legislativa que sólo se detuvo cuando quedó claro que no existían votos suficientes.
Para despejar las sospechas deberían conocerse la participación societaria actual de Benegas Lynch, sus declaraciones juradas completas, los ingresos y deudas vinculados con Glocal Terra, las operaciones en curso, la identidad de sus principales clientes, las comunicaciones mantenidas con funcionarios y legisladores y cualquier intervención que el senador o sus colaboradores hayan tenido en la elaboración o promoción de la reforma.
La Oficina Anticorrupción y el propio Senado deberían determinar si correspondía que Benegas Lynch informara expresamente el conflicto y se abstuviera de participar.
La controversia tiene una importancia particular para Neuquén, una provincia fronteriza que concentra hidrocarburos, recursos hídricos, áreas cordilleranas, bosques y corredores estratégicos.
El gobernador Rolando Figueroa anunció que Neuquén no acompañaría la extranjerización de tierras e instruyó a la senadora Julieta Corroza para que rechazara ese capítulo. La posición neuquina, sumada a la de otras provincias, contribuyó a dejar al oficialismo sin los votos necesarios.
Actualmente, alrededor de 13 millones de hectáreas rurales argentinas —cerca del 5% del territorio relevado— están en manos extranjeras. El problema no reside solamente en el porcentaje nacional, sino en su concentración en departamentos fronterizos y zonas con agua, minerales, bosques, puertos y ventajas logísticas.
La tierra no es un activo financiero equivalente a cualquier otro. Es territorio, acceso al agua, producción de alimentos, seguridad fronteriza y capacidad de decisión sobre recursos que condicionarán el futuro del país.
El capítulo fue retirado, pero el escándalo permanece. La cuestión ya no es solamente qué buscaba aprobar el Gobierno, sino quiénes podían beneficiarse con esa aprobación.
No hay elementos suficientes para dictar una condena anticipada. Sí los hay para abrir una investigación. Porque el problema no es que un empresario haya llegado al Senado: el problema aparece cuando existe la sospecha fundada de que el poder político pudo utilizarse para eliminar las regulaciones que limitaban su propio mercado.
