#CorteSuprema

El máximo tribunal rechazó los planteos del Ejecutivo en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme la cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios y becas. El fallo no resuelve aún el fondo de la discusión, pero marca un freno institucional a la estrategia oficial de demorar el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.

El Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, modifica de raíz el esquema reglamentario vigente desde 2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Ajusta plazos, reduce la publicidad previa, elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas y deroga las pautas que sugerían contemplar la diversidad de género y la procedencia regional de los candidatos. El Gobierno lo presenta como un modo de eliminar “duplicación de instancias” y acelerar la cobertura de vacantes; un amplio sector de la sociedad civil lo ve como una reducción de los controles previos y de las herramientas de incidencia pública.