#CorteSuprema

La Cámara de Apelaciones concedió efecto suspensivo al recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano, frenando las astreintes contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La resolución se conoció en plena Quinta Marcha Federal Universitaria.

El Juez Cormick impuso una multa de apenas 100 mil pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desobedecer un fallo firme sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Entre el desacato flagrante del Poder Ejecutivo y la timidez punitiva del Poder Judicial, el presupuesto de la educación pública sigue en el aire.

El máximo tribunal suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión fue adoptada para evitar posibles daños ambientales irreparables y vuelve a tener especial impacto en la Patagonia y Neuquén, donde existen departamentos con altos niveles de propiedad extranjera.

Entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026 fueron registradas al menos 200 víctimas letales de violencia de género en el país. Hubo 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. El 64% de los agresores eran parejas o exparejas y al menos 202 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres. Los números exponen la persistencia de un problema estructural mientras las políticas nacionales de prevención y asistencia atraviesan un fuerte retroceso presupuestario.

El bloque Justicialista presentó un proyecto para restablecer la Ley 26.737 y derogar el artículo 154 del DNU 70/2023. Argumentan que el suelo es un recurso estratégico y criticaron con dureza el fallo de la Corte Suprema.

El fallo repuso el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei había derogado la Ley de Tierras. Argumentaron "falta de legitimación".

El máximo tribunal rechazó los planteos del Ejecutivo en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme la cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios y becas. El fallo no resuelve aún el fondo de la discusión, pero marca un freno institucional a la estrategia oficial de demorar el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.

El Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, modifica de raíz el esquema reglamentario vigente desde 2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Ajusta plazos, reduce la publicidad previa, elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas y deroga las pautas que sugerían contemplar la diversidad de género y la procedencia regional de los candidatos. El Gobierno lo presenta como un modo de eliminar “duplicación de instancias” y acelerar la cobertura de vacantes; un amplio sector de la sociedad civil lo ve como una reducción de los controles previos y de las herramientas de incidencia pública.