NeuquenNewsEl conflicto por el financiamiento universitario alcanzó una nueva estación en su derrotero judicial, marcada por una paradoja tan indignante como ilustrativa. El Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso la aplicación de una sanción económica —conocida jurídicamente como astreintes— contra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, debido a que la administración central insiste en incumplir la orden que le exige restituir los presupuestos para salarios docentes y becas estudiantiles. Sin embargo, la medida adoptada por el juez Martín Cormick peca de una tibieza institucional que termina rozando la burla hacia el propio sistema republicano.
El magistrado resolvió aplicar una multa de apenas $100.000 por cada día de mora. Para la caja del Estado y para la escala salarial de la alta función pública nacional, esa cifra resulta ser una "propina" insignificante que dista enormemente de funcionar como un incentivo real de coerción. Mientras el Gobierno desoye una cautelar respaldada en junio pasado por la mismísima Corte Suprema de Justicia, la respuesta judicial frente a semejante desacato de las instituciones se reduce a una penalización simbólica que el Poder Ejecutivo puede asimilar sin el menor despeinamiento presupuestario o político.
El trasfondo del litigio expone la mecánica con la que el gobierno de Javier Milei ha resuelto abordar las decisiones de los otros poderes del Estado. Luego de que la Ley de Financiamiento Universitario fuera aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, la Casa Rosada recurrió a artilugios reglamentarios mediante decretos ejecutivos para condicionar la transferencia de partidas, bajo el argumento de que el Parlamento no había "identificado la fuente de financiamiento".
Esa maniobra para eludir las obligaciones legales llevó a las universidades y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a presentar reclamos ante los tribunales. En el expediente se dispuso cautelarmente la actualización de haberes del personal docente y no docente de forma no inferior a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, así como el reajuste del sistema de becas.
A pesar de que los plazos procesales caducaron y de que el juez ratificó el 30 de septiembre que de las pruebas oficiales no surge que el Gobierno haya recompuesto los sueldos en los términos exigidos, la respuesta de la administración fue el silencio y la prórroga perpetua.
El Ejecutivo nacional interpuso noventa recursos y apelaciones para dilatar la aplicación de una medida firme, demostrando una voluntad política explícita de llevar a las instituciones universitarias al límite de sus capacidades operativas.
Por el lado del Poder Judicial, el fallo del juez Cormick expone los severos límites de la actuación magistral a la hora de poner un freno efectivo a la desobediencia oficial. Al limitar la sanción a $100.000 diarios sobre la figura del jefe de Gabinete —y dejar abierta la promesa de eventuales incrementos o la extensión de las multas a ministros como Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Torrendell (Educación) o Alejandro Álvarez (Políticas Universitarias)—, el tribunal incurre en una suerte de cautela funcional que deja desprotegido el derecho tutelado.
Proporciones desdibujadas: Frente al ahogo financiero de millones de alumnos y decenas de miles de docentes cuyos haberes han perdido de manera drástica frente a la inflación acumulada, el costo punitivo del incumplimiento gubernamental equivale a una suma ínfima dentro de las arcas públicas.
Precedente peligroso: Un fallo que sanciona el desacato con montos irrisorios no disuade la infracción; por el contrario, la tarifaca. Implícitamente transmite el mensaje de que violar una medida cautelar avalada por la Corte Suprema tiene un costo fijo y sumamente accesible.
La trampa del desgaste: La dilación judicial juega a favor de la estrategia fiscal de la Casa Rosada, que licúa por la vía del tiempo las partidas de un sistema educativo en estado de emergencia.
Mientras las universidades públicas denuncian el atraso en los gastos de funcionamiento y los gremios ratifican su plan de lucha, el cruce entre la estrategia gubernamental de eludir la norma y la tibieza de las decisiones judiciales deja al descubierto una grieta peligrosa en el funcionamiento del Estado de Derecho: cuando la ley se vuelve optativa para el poder de turno, la justicia que multa con centavos se convierte en involuntaria cómplice del ajuste.
