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Marcela Pagano pidió el juicio político de Luis Caputo por mal desempeño de sus funciones

La diputada nacional presentó una iniciativa con seis cargos contra el ministro de Economía. Lo responsabiliza por el deterioro del entramado productivo, los resultados de la política económica, el endeudamiento externo, el manejo de las reservas de oro y la utilización de fondos públicos. El pedido invoca el artículo 53 de la Constitución Nacional.

La diputada nacional Marcela Pagano anunció este sábado 21 de noviembre la presentación de un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La legisladora, que llegó al Congreso por La Libertad Avanza y actualmente integra el bloque Coherencia, fundamentó su iniciativa en seis acusaciones relacionadas con la administración económica y financiera del gobierno de Javier Milei.

La presentación fue difundida por la propia diputada a través de su cuenta en la red social X, acompañada por imágenes de los fundamentos del proyecto.

En su publicación, Pagano cuestionó lo que definió como el fracaso del modelo financiero y sus consecuencias sobre la población. También acusó al ministro de utilizar recursos públicos en operaciones financieras y reclamó explicaciones sobre el destino del oro de las reservas del Banco Central.

El documento sostiene que el pedido no responde a diferencias ideológicas con la orientación económica del Gobierno, sino a resultados concretos, posibles incumplimientos de obligaciones legales y constitucionales y conductas que la legisladora considera incompatibles con las responsabilidades del funcionario.

Seis acusaciones contra la gestión económica

1. Reducción del entramado productivo. Pagano sostiene que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 el país perdió 32.429 empleadores registrados. La cifra es correcta: la SRT informa 479.928 en agosto de 2026, frente a los 512.357 de noviembre de 2023. Hay una precisión indispensable: la disminución de empleadores cubiertos no demuestra que todos hayan cerrado definitivamente; también puede incluir cambios registrales y reorganizaciones. 

2. Programación macroeconómica. El proyecto cuestiona los resultados económicos frente a las previsiones oficiales. El Presupuesto 2026 proyectó un crecimiento del 5% y una inflación del 10,1%. El INDEC registró una caída trimestral del PIB del 0,6% en el segundo trimestre, aunque también un crecimiento interanual del 2%. Los datos respaldan el señalamiento sobre la contracción trimestral; determinar si existe mal desempeño constitucional requiere una evaluación adicional.

3. Reservas de oro del Banco Central. La acusación incluye el traslado de reservas al exterior y las declaraciones de Caputo del 16 de noviembre ante Eduardo Feinmann. La AGN confirmó que las operaciones con derivados vinculados al oro ocasionaron pérdidas de US$1.023 millones en 2025. El Banco Central, por su parte, informó un resultado positivo de US$2.505 millones para el conjunto de su posición en oro, considerando también su valorización. Son medidas diferentes y deben distinguirse.

4. Inasistencias ante el Congreso. La presentación atribuye a Caputo dos ausencias ante interpelaciones votadas por Diputados durante 2025: una relacionada con el caso $LIBRA y otra con las negociaciones de asistencia financiera estadounidense. Según los antecedentes reunidos en la cobertura parlamentaria, ambas convocatorias fueron aprobadas y el ministro no compareció. Falta analizar las resoluciones completas y las justificaciones presentadas para evaluar su alcance jurídico.

5. Endeudamiento externo y jurisdicción extranjera. El decreto 478/2026 existe y autoriza cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York para determinados préstamos por hasta US$5.000 millones. Pagano objeta el procedimiento y la reserva de información sobre acuerdos financieros internacionales. La existencia del decreto está comprobada; que su utilización constituya incumplimiento constitucional es una cuestión controvertida que debe determinarse jurídicamente. 

6. Fondos de infraestructura vial. El proyecto cuestiona las inversiones financieras realizadas con fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Una investigación publicada en agosto documentó una cartera de aproximadamente $1,001 billones al 31 de mayo de 2026, mayoritariamente colocada en títulos públicos. También se informó que la Justicia solicitó explicaciones al Ministerio de Economía sobre la utilización de esos recursos. La documentación respalda la existencia de las colocaciones, pero no determina por sí sola su ilegalidad.

El primero de los cargos se refiere al deterioro del entramado productivo argentino. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo utilizados en la presentación, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se registró una reducción de 32.429 empleadores, una caída cercana al 6,3% respecto del inicio del período.

La cifra refleja una disminución significativa en la cantidad de empleadores registrados, aunque no debe confundirse automáticamente con un número equivalente de cierres definitivos de empresas.

El segundo cuestionamiento apunta a la recesión y a lo que Pagano considera un fracaso de la programación macroeconómica. La diputada sostiene que el Ministerio de Economía tiene responsabilidades legales en la planificación, ejecución y evaluación de la política económica, y que los resultados obtenidos durante la gestión de Caputo justifican investigar su desempeño.

La acusación vincula los resultados macroeconómicos con las obligaciones del ministro en materia de producción, actividad económica, presupuesto y políticas para las pequeñas y medianas empresas.

El tercer cargo aborda el manejo de las reservas de oro del Banco Central y la falta de explicaciones que la diputada atribuye a Caputo. El proyecto menciona expresamente las declaraciones del ministro durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, realizada el 16 de noviembre de 2026.

La controversia sobre las reservas adquirió mayor relevancia después de que la Auditoría General de la Nación identificara pérdidas por aproximadamente 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados financieros vinculados al oro durante 2025.

El Banco Central respondió que esas operaciones formaban parte de una estrategia de cobertura de riesgos y que, considerando también la valorización de sus tenencias de oro, el resultado conjunto había sido positivo en 2.505 millones de dólares. La diferencia entre ambas interpretaciones se convirtió en una controversia sobre la administración de las reservas y la transparencia de las operaciones financieras.

El control del Congreso, la deuda y los fondos viales

El cuarto cargo cuestiona la relación del ministro con el Poder Legislativo. Pagano sostiene que Caputo desconoció las facultades constitucionales de control de la Cámara de Diputados al no concurrir a dos interpelaciones aprobadas por el cuerpo.

Para la legisladora, esas ausencias representan un incumplimiento de las responsabilidades institucionales de un ministro frente al Congreso, que tiene entre sus funciones supervisar los actos del Poder Ejecutivo.

La quinta acusación está vinculada con las operaciones de endeudamiento externo, especialmente aquellas que contemplan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y acuerdos financieros cuyo contenido no se habría divulgado íntegramente.

Uno de los antecedentes de esta discusión es el decreto 478/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó la incorporación de cláusulas de jurisdicción en Nueva York para determinados préstamos con garantía de organismos multilaterales, por un monto máximo de 5.000 millones de dólares.

La objeción de Pagano apunta a las condiciones de contratación de deuda y al alcance del control parlamentario sobre los compromisos financieros del Estado.

Finalmente, el sexto cargo se concentra en la utilización de recursos destinados a infraestructura vial. La diputada cuestiona que fondos con asignación específica para obras y mantenimiento de caminos hayan permanecido inmovilizados en instrumentos financieros.

El planteo introduce una discusión sobre la finalidad de esos recursos y las decisiones administrativas que permitieron colocarlos en activos financieros mientras persisten necesidades de inversión en infraestructura pública.

Una acusación que busca establecer responsabilidades políticas

En sus fundamentos, Pagano sostiene que el artículo 53 de la Constitución Nacional permite promover el juicio político contra los ministros por mal desempeño de sus funciones, aun cuando las conductas cuestionadas no constituyan necesariamente delitos penales.

El escrito agrupa sus reproches en cuatro categorías: incumplimiento de deberes constitucionales y legales, negligencia grave en las responsabilidades del cargo, falta de veracidad y transparencia ante el Congreso y la ciudadanía, y conductas públicas incompatibles con la dignidad de la función.

El pedido recupera antecedentes parlamentarios y judiciales para fundamentar la utilización de este procedimiento. Entre ellos menciona una presentación anterior contra el propio Caputo, realizada en marzo de 2018, cuando se desempeñaba como ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri.

La iniciativa actual, sin embargo, se limita a evaluar su actuación como ministro de Economía desde el 10 de diciembre de 2023.

Qué debe ocurrir para que avance el juicio político

La presentación de un proyecto no implica la apertura automática de un juicio ante el Senado ni supone que las acusaciones hayan sido demostradas.

El procedimiento previsto por la Constitución establece que corresponde a la Cámara de Diputados investigar las responsabilidades atribuidas al funcionario. Para formular una acusación ante el Senado se requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes.

En caso de alcanzarse esa mayoría, el Senado debe realizar un juicio público y decidir si corresponde la destitución del ministro. Una eventual condena política también puede incluir la inhabilitación para desempeñar determinados cargos públicos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran investigarse por separado.

Por el momento, la presentación anunciada por Pagano constituye una iniciativa parlamentaria cuya evolución dependerá del tratamiento que reciba en Diputados. No se ha podido confirmar todavía el número de expediente correspondiente al nuevo pedido.

Más allá del recorrido legislativo que pueda tener, la iniciativa incorpora al debate parlamentario una serie de cuestionamientos sobre los resultados de la política económica, la responsabilidad de los funcionarios en la administración de los recursos públicos y la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas ante el Congreso.

El planteo de Pagano busca trasladar esas controversias del terreno de la discusión política al de los mecanismos constitucionales de control, donde deberán examinarse las pruebas, las obligaciones legales del ministro y la consistencia de cada una de las acusaciones.

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