Diputados avanzó con un proyecto para frenar embargos a las pymes
La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados avanzó el 17 de noviembre con un dictamen unificado de alivio y reactivación para las MiPyMEs. El proyecto reúne iniciativas impulsadas por distintos legisladores y responde a un reclamo sostenido de entidades empresarias. El dictamen permite continuar el trámite legislativo, pero aún no hay una fecha confirmada para su debate en el recinto.
Entre las medidas difundidas figura la suspensión por un año de los juicios de ejecución fiscal y de nuevas medidas cautelares de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El proyecto también plantea liberar fondos ya embargados y limitar los embargos bancarios al monto reclamado más un 15% para intereses y costas. La finalidad es evitar que una deuda fiscal inmovilice recursos que la empresa necesita para pagar salarios, proveedores y gastos corrientes.
La propuesta incluye un régimen excepcional para regularizar obligaciones impositivas y de la seguridad social. Según los ejes del dictamen difundidos por ENAC, incorpora herramientas para simplificar trámites y facilitar el acceso al financiamiento; la continuidad de determinados beneficios quedaría vinculada a la preservación del empleo. El alcance previsto comprende a MiPyMEs con certificado vigente y contempla también a cooperativas, empresas recuperadas y agricultores familiares que cumplan los requisitos correspondientes.
ENAC había denunciado el cierre de 30.000 empresas al renovar su pedido de una ley de emergencia en agosto. Esa cifra debe atribuirse a la entidad: el proyecto busca sostener a empresas que siguen funcionando y enfrentan dificultades financieras; no puede «reactivar» automáticamente a las que ya cerraron.
Hay, además, una medida que ya rige y conviene distinguir del proyecto. Por resolución de ARCA, está suspendido hasta el 30 de junio de 2027 el inicio de ejecuciones fiscales y la traba de nuevas medidas cautelares para determinados contribuyentes, entre ellos MiPyMEs de los tramos 1 y 2 con certificado vigente al 29 de octubre de 2026 y la caracterización registral exigida. El proyecto legislativo propone un alcance y herramientas adicionales, en particular para empresas con fondos ya embargados.
Para las pequeñas proveedoras de Neuquén y de la cadena de Vaca Muerta, el punto decisivo será el texto que finalmente apruebe el Congreso: quiénes podrán acceder, cómo se liberarán los fondos retenidos y bajo qué condiciones se mantendrán los beneficios. Por ahora, esas medidas siguen sujetas al trámite parlamentario.
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