Por qué el caso CFK-Milei-García Mansilla es más que una disputa judicial. En el escenario político argentino actual, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han escalado a un nivel que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de la república: la institucionalidad.
DE NUESTRA REDACCIÓN31/03/2025
NeuquenNews
La reciente presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema, recusando al juez Manuel García-Mansilla y denunciando al presidente Javier Milei por intromisión en el Poder Judicial, es el último síntoma visible de un proceso de erosión institucional que no es nuevo, pero que ha alcanzado un punto crítico.
Un síntoma: el recurso de CFK
Cristina Kirchner presentó un recurso de queja contra el rechazo del Tribunal de Casación a su apelación en la Causa Vialidad, recusando a García-Mansilla por haber aceptado ser designado por decreto en comisión, una figura excepcional prevista en la Constitución pero que ha sido objeto de creciente cuestionamiento en los últimos años por su uso con fines políticos.
En paralelo, la expresidenta apuntó contra las reiteradas declaraciones de Javier Milei que, en entrevistas y declaraciones públicas, afirmó que Kirchner “va a ir presa”. Esta afirmación, según su abogado Carlos Beraldi, constituye una grave vulneración del principio de imparcialidad y una intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida expresamente en el artículo 109 de la Constitución Nacional.
El trasfondo: un poder que avanza sobre los límites
El presidente Milei, desde su llegada al poder, ha promovido una visión de confrontación directa con todos los actores que considera parte de la “casta”, incluyendo al Congreso, la Justicia, los medios, sindicatos y gobernadores. Este discurso puede tener rédito político ante una sociedad agotada, pero erosiona los consensos básicos sobre los que se construye un régimen democrático funcional.
La designación por decreto del juez Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, sin el acuerdo del Senado, vulnera el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que establece claramente que el Poder Ejecutivo nombra jueces de la Corte con el “acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”. La utilización de la figura de “designación en comisión” —justificada solo en situaciones excepcionales y en receso parlamentario— rompe con el principio de equilibrio y control recíproco entre poderes.
Más aún: el propio García-Mansilla había rechazado públicamente este tipo de mecanismos cuando defendió su pliego ante el Senado en 2024, lo que debilita aún más su legitimidad institucional y personal.
El riesgo: una Justicia condicionada
Aceptar la designación en comisión implica que el cargo de juez queda condicionado al beneplácito del Poder Ejecutivo. Como advirtió CFK en su presentación, este tipo de nombramientos provisionales “no garantizan la estabilidad en el cargo”, lo cual pone en jaque uno de los valores fundamentales del Poder Judicial: la independencia de criterio. Un juez cuya continuidad depende de la voluntad del presidente no puede considerarse verdaderamente independiente, lo que afecta de forma directa el derecho de cualquier ciudadano —y no solo de la exmandataria— a ser juzgado por magistrados imparciales.
La memoria institucional, en riesgo
No es la primera vez que se vulneran procedimientos constitucionales para designar jueces. Lo hizo Mauricio Macri en 2015, también por decreto, y lo intentaron otros gobiernos en el pasado. Pero la acumulación de estos hechos, sin sanciones ni reparación institucional, ha normalizado prácticas que erosionan la legalidad republicana.
La diferencia hoy es la combinación de factores: un presidente con discurso abiertamente confrontativo, un Congreso debilitado por su fragmentación, y una Corte que, lejos de actuar como árbitro institucional, aparece envuelta en el conflicto político.
Un país sin árbitros
Argentina transita uno de los momentos más críticos de su historia institucional reciente. La Justicia se ve presionada por un Ejecutivo que no oculta sus intenciones de disciplinarla, y por una oposición que, aunque denuncia estos avances, no logra imponer frenos efectivos. La Corte Suprema, que debería ser el garante último del orden constitucional, aparece cuestionada desde dentro.
La institucionalidad no se destruye de un día para otro, sino que se desgasta en silencio, con cada paso que se da fuera del marco legal y cada vez que se tolera la excepción como regla. La ciudadanía, acostumbrada al escándalo diario, corre el riesgo de perder de vista lo esencial: sin instituciones fuertes e independientes, no hay democracia que resista.
El concepto de oclocracia —el gobierno de la muchedumbre desbordada— fue definido hace más de dos mil años, pero su sombra se proyecta con inquietante vigencia en las democracias contemporáneas, atrapadas entre la manipulación emocional, el populismo digital y la erosión de la razón pública.
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