Dicen que los pobres siempre cargan con la culpa. En esta nueva edición de la saga “Malvinas, el gran botín invisible”, la colonia británica que ocupa las Islas Malvinas (o “los kelpers”, para quienes prefieren no endulzar con diplomacia), se ha sentido agraviada por un comunicado argentino que, desde la Cancillería, criticó el avance petrolero ilegal que llevan adelante empresas como Navitas Petroleum y Rockhopper en el Atlántico Sur.
ACTUALIDAD18/09/2025
NeuquenNews
De agresores a víctimas profesionales. Con una desfachatez digna de análisis psicológico, quienes usurpan vastos territorios argentinos —junto con sus recursos naturales— ahora se presentan como los ofendidos. La denuncia: que el gobierno argentino los “ataca políticamente” al señalar que el avance petrolero en su zona no tiene permiso legítimo. Pero lo que más hace ruido no es la acusación diplomática, sino que la comunidad en Malvinas ostenta un ingreso per cápita superior a los 106.000 dólares anuales, gracias (entre otras cosas) a la pesca, la explotación de hidrocarburos, licencias marítimas y otros recursos, mientras reclama moralidad cuando se lo señala. Esa cifra los coloca, según varias fuentes, entre las comunidades más ricas del mundo, al menos en términos de ingresos poblacionales.
El comunicado argentino: palabras fuertes, pocas acciones
Sí, la Cancillería de Argentina emitió un “más enérgico rechazo” a las actividades que considera ilegales, especialmente las de Navitas Petroleum, declarada “clandestina” en 2022 por operar sin permisos en aguas que la República Argentina reclama. El comunicado se apoya en resoluciones de la ONU, declara que los permisos otorgados por los británicos son ilegítimos y vuelve a poner sobre la mesa el reclamo de soberanía.
Pero, ojo: en ese comunicado no hay embargos, no se mencionan sanciones concretas, ni planes jurídicos visibles que frenen la operación. Es, como ya decían los viejos sabios, un reproche con filo de papel. Un “repudio sin dientes”, para decirlo con claridad.
El gran negocio se llama Sea Lion
Aquí es donde la ironía hace su trabajo. El proyecto Sea Lion (o “León Marino”) es, sin exagerar, una novedad petrolera de alto voltaje. Algunas cifras recientes:
Se estima que el campo tiene entre 700 y 800 millones de barriles de petróleo recuperables, dependiendo de la fase del proyecto. Para poner en marcha la fase inicial (Fase 1), se necesitaría una inversión aproximada de US$ 1.400 millones. En esa Fase 1 se proyecta una extracción diaria de entre 55.000 y 80.000 barriles de petróleo, si todo va según lo planeado.
Rockhopper Exploration mantiene el 35 % de participación; Navitas Petroleum tiene el 65 %.
¿Y las ganancias para la colonia británica? Elevadas, obvias, esperadas. Regalías, impuestos locales, licencias: todo eso engrosa su administración local, que festeja el juego mientras Argentina declara su rechazo institucional.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado argentino?
Aquí está el punto central: mientras los kelpers avanzan con los pozos, las licencias y los barcos flotantes de producción, Argentina hace lo que mejor sabe: emitir comunicados diplomáticos, reafirmar resoluciones internacionales, pero sin mostrar —al menos públicamente— un plan concreto para detener lo que considera una usurpación de recursos.
Hay datos adicionales que complican más este cuadro:
La decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la fase inicial del proyecto Sea Lion ha sido postergada varias veces, incluso para el año 2025, debido al aumento de costos y la necesidad de asegurar un financiamiento robusto.
La primera fase, además, exige la contratación de un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga offshore (FPSO), lo que implica logística internacional, permisos ambientales —para quienes los reconozcan— y riesgos operativos elevados.
Hipocresía con sello británico
Así las cosas, la escena es la siguiente: una colonia que extrae petróleo y gas, pesca en abundancia, otorga licencias, cobra impuestos y regalías, acumula un ingreso per cápita altísimo, se siente ofendida cuando alguien la llama usurpadora o le señala que sus permisos no tienen validez jurídica fuera del marco colonial.
Mientras tanto, Argentina protesta, reclama, pero no parece disponer hasta ahora de acciones efectivas que frenen el avance, más allá de la diplomacia. Como si el reclamo fuera un acto simbólico, sin consecuencias operativas inmediatas.
Bien pero insuficiente
El comunicado argentino está bien: sirve para reafirmar soberanías, marcar posiciones, generar carteles diplomáticos. Pero en materia de efecto real, el tiempo juega contra el silencio de las acciones. Si se permiten las exploraciones, los pozos, las inversiones privadas británicas-israelíes, la urgencia no es solo simbólica, es material: es pérdida económica, de recursos, y de posibilidad de recuperación futura.
La pregunta queda en el aire: ¿será suficiente repetir “ilegalidad” y “rechazo” o será hora de que Argentina trace una estrategia, judicial, diplomática, internacional, que impida que este proyecto siga avanzando sin sanción alguna?
Fuente: AgendaMalvinas.com.ar.
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