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Un reciente informe publicado por la Energy Transitions Commission (ETC) plantea un escenario alentador para América Latina: la región tiene las condiciones naturales, técnicas y económicas para liderar la transición energética global hacia sistemas eléctricos con cero emisiones. Según el documento, titulado “Power Systems Transformation: Delivering competitive, resilient electricity in high renewable systems”, los países latinoamericanos podrían lograr una descarbonización total de sus redes eléctricas antes de 2050, con un costo promedio de apenas 38 dólares por megavatio hora (MWh), incluyendo generación, almacenamiento y transmisión.
La clave de este potencial está en sus recursos naturales: América Latina es una de las regiones con mayor exposición solar del planeta —parte del llamado “cinturón solar”— y cuenta también con zonas de excelente capacidad eólica. Estas fuentes renovables podrían cubrir el 90% de la demanda eléctrica, y el resto se abastecería con almacenamiento de corta duración, todo ello manteniendo estabilidad, seguridad y costos competitivos.
Una región privilegiada
“Este informe demuestra una vez más que la energía solar está generando la electricidad más barata de la historia de la humanidad”, expresó Sonia Dunlop, directora ejecutiva del Consejo Solar Global. La disponibilidad constante de radiación solar y el desarrollo creciente de tecnologías de almacenamiento ubican a América Latina en una posición estratégica frente a la transición global.
Además, varios países ya cuentan con infraestructura clave para potenciar este cambio. El informe destaca el caso de Brasil, cuya red de transmisión en corriente continua (HVDC) conecta las regiones hidroeléctricas del norte con los centros urbanos del sur. Esta tecnología permite transportar grandes cantidades de electricidad a largas distancias con mínimas pérdidas y podría escalarse a nivel regional, integrando diversas fuentes renovables en todo el continente.
Chile: ejemplo de planificación a largo plazo
El informe también subraya el rol de la planificación energética de largo plazo como pilar fundamental. En este aspecto, Chile aparece como modelo a seguir: cuenta con una hoja de ruta energética a 30 años que combina objetivos climáticos con desarrollo de infraestructura. También ha adoptado metas claras de reducción de emisiones, lo que genera condiciones favorables para atraer inversiones sostenibles.
Una de las experiencias destacadas en el informe es la colaboración entre el operador eléctrico chileno y el proyecto Tapestry de Google X, que permite simular escenarios eléctricos con alta precisión y velocidad. Esta herramienta mejora la toma de decisiones en tiempo real y permite gestionar de forma más dinámica un sistema con creciente participación de energías renovables variables.
Más allá de la tecnología: gobernanza y justicia
Para que este potencial se concrete, advierte el informe, será crucial fortalecer los marcos de gobernanza, políticas públicas claras y procesos participativos. En ese sentido, Sandra Acevedo, coordinadora de la Alianza Potencia Energética Latam, remarcó que la transición energética no puede ser solo un recambio tecnológico: “Debe ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y garantizar acceso a oportunidades para todas las personas”.
Acevedo señaló que uno de los principales desafíos será asegurar que las comunidades estén en el centro de esta transformación, y que los beneficios del nuevo modelo energético se distribuyan de forma equitativa.
A medida que el mundo electrifica cada vez más sectores —desde el transporte hasta la industria— la demanda de electricidad aumentará exponencialmente. Según Dave Jones, analista jefe de Ember, este informe “aporta más pruebas de que la energía solar y eólica deberían ser la columna vertebral del sistema energético del futuro”.
Con costos en descenso, tecnologías disponibles y recursos naturales inigualables, América Latina está en condiciones de demostrar al mundo que es posible construir sistemas eléctricos limpios, resilientes y asequibles. El desafío ahora es político: avanzar en planificación estratégica, marcos regulatorios sólidos y participación ciudadana para transformar ese potencial en realidad.
