NeuquenNews
Reuniones express y promesas incumplidas. La última reunión entre Tobares y las comunidades duró solo 20 minutos, suficiente para frustrar cualquier expectativa de avance significativo. Las comunidades, que cumplimentaron todos los requisitos hace casi un año, hoy califican el diálogo de “inútil”, un termino que alcanza también al propio ministro.
Además, el ministro comunicó que en los últimos siete años solo se entregaron dos personerías en toda la provincia, defendiendo los retrasos por supuestas trabas administrativas y falta de políticas nacionales. Una defensa de lo administrativo que suena a excusa, frente a compromisos firmados -incluso en septiembre de 2024 por el mismo Tobares- que hasta ahora no se cumplieron.
Protesta en curso: Desde hace tres días, integrantes de las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú) se encadenaron a la reja de la Casa de Gobierno. Reclaman la entrega de sus personerías jurídicas, alegando que han cumplido con los requisitos hace ya 300 días, pero no han recibido respuesta.
Situación jurídica y política
Base legal: Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), Constitución Provincial (art. 53) y el Convenio 169 de la OIT exigen el reconocimiento de las comunidades indígenas. Además, el Decreto Provincial 108/2023 ordena un registro especial que no se ha implementado.
Plazos incumplidos: El gobierno se comprometió a entregar las personerías jurídicas en un plazo de 15 días. Han pasado aproximadamente 290–300 días sin respuesta formal, lo que implica un claro incumplimiento del compromiso asumido.
Impacto territorial: Las comunidades afectadas se encuentran en zonas estratégicas para el desarrollo petrolero. Sin el reconocimiento legal, no se activa el mecanismo de consulta previa, afectando directamente sus derechos territoriales y ambientales.
Falta de autoridad política
Para las comunidades, Tobares carece de autoridad real para resolver el conflicto y no representa la voluntad del gobernador Figueroa, quien mantiene una posición tajante: sin personería, no hay consulta ni participación. La figura de Tobares se veía más como “fusible” para absorber la presión pública, sin poder ni intención política de impulsar decisiones reales Infoterritorial.
Estrategia dilatoria disfrazada de diálogo
El cronograma oficial destaca una promesa formal del ministro para entregar las personerías el 8 de julio en Tratayén, tras una toma pacífica el 3 de julio. Sin embargo, esos plazos se evaporaron sin que se cumpla nada, evidenciando una estrategia dilatoria más que una negociación efectiva.
Consecuencias políticas e institucionales
La falta de cumplimento no solo vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales -como el convenio 169 OIT-, sino que también deteriora la credibilidad institucional. Neuquén queda expuesta como una provincia que prioriza megaproyectos petroleros en Vaca Muerta por sobre los derechos territoriales de los pueblos originarios.
Negociaciones simbólicas, sin impacto real: los encuentros de Tobares son presentaciones mediáticas que no avanzan ni cambian nada en el terreno.
Excusa administrativa tras compromiso político: aludirse a la complejidad burocrática no es justificativo suficiente cuando ya se firmaron acuerdos formales.
Gobierno sin voluntad política: la ausencia de decisión del gobernador Figueroa se filtra a través de Tobares, quien queda relegado y sin capacidad efectiva de resolución.
Derechos en espera, tensión creciente: la demora prolongada sin soluciones irrita el ambiente, profundiza la desconfianza y aumenta la exigencia de medidas más firmes —incluida la justicia internacional.
Mientras Tobares persiste en una gestión marcada por la inercia, las comunidades mapuche mantienen su postura: permanecer encadenadas hasta que se reconozcan sus derechos por ley. Si esta vez no hay personería, lo impune será la inacción del Gobierno provincial.
Un conflicto que podría explotar en Vaca Muerta
La persistente negativa del gobierno provincial a otorgar las personerías jurídicas solicitadas por las comunidades mapuche podría escalar hacia un conflicto de mayor envergadura. Si el reclamo continúa sin respuesta, no se descarta que las comunidades decidan intensificar sus medidas de protesta, afectando directamente la operatividad de Vaca Muerta. Esto implicaría la posibilidad de bloqueos en rutas de acceso, ocupaciones en áreas de actividad hidrocarburífera o acciones legales que frenen temporalmente proyectos clave.
En una cuenca donde cada día de producción cuenta y donde operan inversiones multimillonarias, el costo de la inacción estatal podría pagarse no solo en términos políticos, sino también económicos, generando incertidumbre entre empresas y afectando la imagen de Neuquén como plaza confiable para el desarrollo energético.
Tobares: Un ministro que es mas parte del problema que de la solución
La figura del ministro Jorge Tobares comienza a ser insostenible dentro del conflicto. Su participación en las negociaciones ha demostrado una alarmante falta de eficacia, con reuniones breves y promesas incumplidas que no hicieron más que profundizar la desconfianza de las comunidades. La ausencia de avances concretos y su incapacidad para representar una voluntad política real del Ejecutivo exponen su rol más como obstáculo que como facilitador. En este contexto, resulta legítimo preguntarse si no sería más saludable para el proceso que Tobares se aparte de la mesa de diálogo y que el gobierno asuma el conflicto con interlocutores que realmente puedan -y quieran- dar respuestas, en lugar de sostener una figura cuya gestión solo prolonga el desgaste institucional y el riesgo de un conflicto mayor.
