La justicia argentina atraviesa una crisis de legitimidad profunda. La parcialidad en sus fallos, la manipulación mediática y el doble estándar en el tratamiento de la corrupción según quién gobierne han erosionado su rol como garante del orden constitucional. Las consecuencias van más allá de lo político: afectan la seguridad jurídica y ahuyentan las inversiones.
DE NUESTRA REDACCIÓN10/06/2025 Adrián Giannetti
Cuando el Poder Judicial deja de inspirar respeto para pasar a despertar sospechas, la democracia se tambalea. En Argentina, el proceso de deslegitimación judicial no es nuevo, pero ha adquirido en los últimos años una dimensión estructural que lo convierte en un factor de inestabilidad institucional. No solo está en juego la justicia como valor, sino el entramado que sostiene el contrato social: la idea de que todos los ciudadanos —y también los poderosos— están sujetos a la ley.
La justicia como actor político
El Poder Judicial argentino, y en especial el sector que integra la Corte Suprema y algunos tribunales federales, ha abandonado hace tiempo su pretendida neutralidad. Lo que antes era un rumor de pasillos, hoy se confirma en cada fallo que exhibe una lógica selectiva: causas que avanzan a velocidad récord si involucran a Cristina Fernández de Kirchner o sus funcionarios, y otras que duermen el sueño eterno cuando comprometen a figuras del macrismo.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, los vínculos entre sectores del Poder Judicial, servicios de inteligencia y operadores mediáticos se hicieron explícitos. El caso del "lawfare" dejó de ser un concepto abstracto: fue una estrategia sistemática. Espionaje ilegal, causas armadas, testigos presionados y jueces complacientes no solo existieron, sino que quedaron documentados. A pesar de eso, ningún integrante del círculo íntimo de Macri fue condenado, ni siquiera llevado a juicio oral por los múltiples escándalos que lo rodearon: los Panamá Papers, el escandaloso endeudamiento con el FMI, el vaciamiento del Correo Argentino, la manipulación de la justicia a través de la “mesa judicial”, entre muchos otros.
Con la llegada de Javier Milei al poder, el panorama se profundizó. Lejos de una reforma que devuelva independencia al sistema judicial, su gobierno ha consolidado y hasta celebrado la connivencia con los mismos jueces y fiscales que actuaron durante el macrismo. Incluso intentando -fallidamente- designar por decreto a los dos miembros que todavía faltan para consituír el número que manda la ley en la integración del máximo tribunal. La designación de aliados judiciales, el uso de los medios para hostigar opositores, y la ausencia de reacción ante denuncias gravísimas de corrupción de actuales funcionarios son síntomas de un esquema en el que la justicia no se activa por hechos, sino por conveniencia política.
El rol de los medios: la legitimación del doble estándar
La operación judicial no funciona sola. Necesita del combustible que proveen ciertos medios de comunicación. Grandes grupos concentrados como Clarín y La Nación han jugado un rol central en la construcción de la narrativa: la persecución judicial contra el kirchnerismo ha sido precedida, acompañada y legitimada por una campaña sostenida de estigmatización mediática. Se instalan “causas” antes de que existan pruebas, se editorializan decisiones judiciales, se silencia lo que no conviene.
Este binomio “Poder Judicial–Medios concentrados” ha sido la arquitectura principal del lawfare argentino. No sólo ha condicionado la vida política, sino que ha intoxicado el debate público y sembrado un clima de odio, descreimiento y resignación en buena parte de la sociedad.
El impacto en la credibilidad institucional y la economía
El efecto más grave no es solamente político. Cuando un país tiene un sistema judicial que actúa como brazo del poder político de turno, lo que se debilita es la seguridad jurídica, un valor esencial para cualquier Estado moderno. Nadie quiere invertir en un país donde los contratos pueden torcerse según quién gobierne, donde los litigios no se resuelven según el derecho sino según el alineamiento político del juez.
La justicia que debería custodiar el marco legal que garantiza la previsibilidad para los negocios, la propiedad privada y el desarrollo económico, es hoy una fuente de incertidumbre y sospecha. Por eso, el discurso de apertura a las inversiones que promueve el gobierno de Milei choca con la realidad de un sistema judicial desacreditado, y termina siendo poco creíble para cualquier actor serio del mundo financiero o productivo.
Una justicia sin justicia
El ensañamiento con Cristina Fernández de Kirchner y su entorno -ratificado recientemente por la Corte Suprema con una condena firme e inhabilitación perpetua- contrasta con la impunidad manifiesta de otros dirigentes. No se trata de negar la necesidad de investigar hechos de corrupción, sino de exigir que esa vara se aplique a todos por igual.
En cambio, se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Y eso, más que garantizar justicia, la convierte en una herramienta de disciplinamiento. El resultado es doblemente peligroso: no hay justicia para los poderosos, ni garantías para los ciudadanos comunes.
El poder más oscuro
El poder judicial argentino, lejos de su promesa de imparcialidad, se ha transformado en el poder más opaco de la República. No elige a sus integrantes por voto popular, no rinde cuentas ante nadie, y sin embargo, decide quién puede ser candidato, quién puede hablar y quién debe callar. En esta lógica, más cerca del feudalismo que de una democracia constitucional, los jueces no custodian las leyes, sino que las usan como armas.
Si no se produce una transformación profunda y democrática del sistema judicial, Argentina continuará en una pendiente peligrosa: un país donde los poderosos eligen a sus jueces y los jueces seleccionan a sus enemigos. Un país sin justicia, ni desarrollo, ni futuro.
¿Y si el verdadero problema no fuera solo quién gobierna, sino por qué permitimos que los peores lleguen al poder? La kakistocracia nos obliga a mirar más allá de la corrupción: hacia una sociedad que, entre la apatía y el desencanto, ha dejado de defender su propio destino.
El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico: enfrenta denuncias de corrupción, vínculos con redes financieras y de narcotráfico, y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Mientras el presidente defiende su plan de ajuste como “un sacrificio necesario”, crece la sensación de que el país avanza hacia una forma de autoritarismo económico donde la represión y los privilegios conviven bajo un mismo techo.
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