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El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Narvaez, y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron que 8 de las personas acusadas por integrar una asociación ilícita destinada a cometer estafas mediante el cobro indebido de planes de desempleo sean declaradas responsables.
Fue mediante una serie de acuerdos presentados entre el viernes y hoy ante una jueza de garantías, y apunta a resolver antes del juicio la situación de quienes tuvieron participaciones de menor responsabilidad en la causa.
La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
Mensualmente se armaban listados de beneficiarios de un plan contra el desempleo creado en 2018 y por montos individuales de $49.500, que luego no eran cobrados por esos beneficiarios, sino que mediante la estructura de la asociación ilícita, llegaban al primer nivel de la pirámide.
Según se indicó en la audiencia, el monto histórico de las estafas por ese período de tiempo alcanzó los $153.777.900, lo que actualmente representaría un total de $935.185.943.
Además de Narvaez y Vignaroli en la audiencia de hoy representaron a la fiscalía las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. Todos los planteos del Ministerio Público Fiscal tuvieron la adhesión del representante de la fiscalía de Estado y querellante, Gustavo Kohon.
