NeuquenNewsEl domingo 21 de junio, cuando los datos del preconteo ya inclinaban la balanza hacia el ultraderechista Abelardo de la Espriella —"El Tigre", abogado penalista millonario apoyado abiertamente por Donald Trump—, el presidente Gustavo Petro abrió un frente que excede largamente la disputa interna colombiana. En una serie de mensajes en X, el mandatario denunció que el software de conteo había sido "comprometido" y que se habían registrado cambios en las direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional.
Según Al Jazeera, Petro denunció que la oposición compró votos y que Israel y Estados Unidos intervinieron para favorecer al candidato de ultraderecha.
El resultado preliminar es tan ajustado que multiplica las suspicacias: 49,66% para De la Espriella contra 48,70% para el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Una diferencia inferior al 1% que, en palabras del propio Petro, sólo podría haber sido producida por "the only entity in the world capable" de ese tipo de injerencia cibernética: el Estado de Israel.
Cepeda anunció la impugnación de cerca de 33.000 mesas. La Fiscalía rechazó la denuncia de fraude. Y Netanyahu, junto con Trump, Milei, Kast, Bukele y Bolsonaro hijo, se apuró a felicitar al virtual ganador.
Para entender por qué la mención israelí no es retórica vacía hay que retroceder a marzo de 2026, cuando la agencia francesa de monitoreo de injerencia digital extranjera, Viginum, detectó una sofisticada operación de desprestigio contra tres candidatos de La France Insoumise (LFI) en Marsella, Toulouse y Roubaix. Las víctimas — Sébastien Delogu, François Piquemal y David Guiraud — compartían dos rasgos: eran de izquierda dura y abiertamente pro-palestinos.
La operación incluyó sitios web falsos, fotos nudes generadas por inteligencia artificial, acusaciones fabricadas de delitos sexuales y un ejército de cuentas automatizadas amplificando todo en redes sociales.
Una investigación conjunta entre el diario israelí Haaretz y el francés Libération identificó a la firma responsable: BlackCore.
La empresa se presentaba a sí misma —según Middle East Eye— como una compañía de élite especializada en "influence, cyber and technology" para la era moderna de la guerra de información. Su producto estrella, según el material que pudo recuperarse antes de que la firma borrara apresuradamente su rastro digital, era el despliegue de aproximadamente 1.600 avatares y cuentas falsas para infiltrar grupos de Facebook, manipular tendencias y distorsionar encuestas en TikTok e Instagram.
Lo más relevante, sin embargo, no es la herramienta sino su pedigrí. Las investigaciones periodísticas vincularon a BlackCore con la Unidad 8200 (el cuerpo de élite de inteligencia electrónica del ejército israelí) y con Yigal Unna, ex director de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel. Los servidores estaban distribuidos en Reino Unido, Alemania, Finlandia y Lituania, una arquitectura fragmentada deliberadamente para complicar cualquier intento de atribución jurisdiccional.
El 11 de junio, ante la prensa, el jefe de Viginum, Marc-Antoine Brillant, afirmó que el modus operandi de BlackCore no se limitó a las municipales francesas. La misma metodología, según Haaretz, se habría desplegado en operaciones de injerencia digital en Angola, Togo, las elecciones escocesas y la elección municipal neoyorquina de 2025 — donde el ganador fue Zohran Mamdani, abierto defensor de la causa palestina.
En Escocia, los blancos fueron el primer ministro John Swinney y el SNP — Swinney había calificado lo que ocurre en Gaza como una catástrofe humanitaria provocada por el hombre y había sugerido que podía estar configurándose un genocidio.
El denominador común es difícil de ignorar: candidatos de izquierda con posiciones pro-palestinas críticas de Israel. Una constante demasiado prolija para ser casualidad.
¿Hay confirmación oficial de la presencia de BlackCore en Colombia? No, al menos hasta el cierre de esta nota. Ni Viginum, ni autoridades colombianas, ni Petro mencionaron explícitamente a la firma. La denuncia presidencial apunta a la infraestructura de conteo administrada por Thomas Greg & Sons, la empresa de los hermanos Fernando y Camilo Bautista Palacio. Según Al Jazeera, Petro había acusado en abril a los hermanos Bautista de pactar con De la Espriella para asegurarle la presidencia a cambio de recuperar contratos de impresión de pasaportes.
Pero el patrón coincide hasta lo inquietante con la firma de BlackCore:
La conexión por patrón no es prueba, pero sí materia obligatoria de investigación periodística y judicial.
Petro había convertido a Colombia en uno de los referentes globales de la crítica a Israel desde el sur. Rompió relaciones diplomáticas, comparó la ocupación con regímenes totalitarios, lideró la llamada "coalición de los dispuestos" para abandonar los combustibles fósiles y, en abril, fue sede en Santa Marta de la primera conferencia internacional sobre transición justa. Cepeda prometía continuar esa línea.
De la Espriella, en cambio, encarna su antítesis exacta. Pro-Israel, pro-Trump, partidario de "mano dura" y de un giro completo en política exterior. Su victoria es funcional, sin necesidad de pruebas adicionales, a los intereses geopolíticos del eje Washington–Tel Aviv en una región donde la izquierda latinoamericana — Brasil, México, Chile en menor medida, Colombia con Petro — había empujado posiciones más críticas frente al gobierno de Netanyahu.
Pero hay un segundo motor que conviene mirar con atención desde Neuquén, porque la geopolítica de los hidrocarburos no es un detalle accesorio: es probablemente el eje material que da consistencia a todo lo demás.
Petro suspendió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, declaró la Amazonía libre de extracción y promovió legislación contra el fracking. Para 2025, las reservas probadas de gas habían caído un 16,8% y el país perdió la autosuficiencia gasífera por primera vez en su historia reciente. La producción petrolera quedó por debajo de los 750.000 barriles diarios durante siete meses consecutivos.
De la Espriella prometió un giro radical. Su lema de campaña, "fracking a lo que dé", fue una réplica deliberada del "drill, baby, drill" trumpista. Su objetivo, declarado en plena campaña, es saltar de 750.000 a 1,2 o 1,3 millones de barriles diarios, según consignan medios internacionales. El terreno preferido para el desarrollo del no convencional es la cuenca del Valle del Magdalena Medio, particularmente Puerto Wilches, con recursos estimados de entre 4.600 y 8.000 millones de barriles de petróleo y cerca de 18 terapiés cúbicos (TCF) de gas natural técnicamente recuperable. Esto equivale a multiplicar entre 2 y 4 veces las reservas actuales de petróleo de Colombia y a casi 9 veces las reservas de gas.
Esto es relevante por dos razones que no pueden pasarse por alto:
Primera: el modelo argentino de explotación no convencional opera, hoy por hoy, como referencia operativa y discursiva del programa energético de De la Espriella. La industria petrolera colombiana — agrupada en la ACP y en ACIPET — celebró abiertamente el resultado y se ofreció a colaborar con el gobierno entrante. Las grandes operadoras internacionales que tienen presencia simultánea en Vaca Muerta y en Colombia (varias de las majors y midstream) tienen mucho que ganar con un viraje regulatorio en Bogotá.
Segunda: el bloqueo de la transición energética del sur global, que Petro había logrado articular con relativa coherencia, es un objetivo estratégico simultáneamente para Washington, Tel Aviv y las grandes economías hidrocarburíferas. La Colombia de Petro era un actor incómodo en ese tablero. La Colombia de De la Espriella se acopla, en cambio, al modelo Milei–Trump–Bukele de extractivismo agresivo, debilitamiento de regulaciones ambientales y alineamiento geopolítico explícito con Estados Unidos e Israel.
Hay que decirlo con todas las letras: no existe evidencia pública directa que vincule a BlackCore con lo ocurrido en Colombia. La denuncia de Petro apunta a la manipulación del software de conteo, no a una operación de desinformación en redes sociales — que es el campo específico donde BlackCore tiene historial documentado.
Pero la hipótesis que circula con fuerza en redes y en círculos analíticos latinoamericanos no es absurda. Si una empresa israelí, con vínculos demostrados con la Unidad 8200 y con la cúpula de la ciberseguridad estatal, ya operó contra candidatos pro-palestinos en al menos cinco países en 2025 y 2026, ¿es razonable suponer que Colombia — el más importante de esos blancos en términos geopolíticos y energéticos — quedó fuera del radar?
Lo prudente, es decir lo siguiente: el caso colombiano amerita una investigación internacional independiente, con cooperación de Viginum y de las agencias europeas que ya investigan a BlackCore.
Petro pidió una auditoría experta del software, una entrega a los jueces del detalle de los servidores cambiados y un recuento mesa por mesa. Lo mínimo que la democracia colombiana — y la región — pueden exigir es que esa auditoría se realice.
Mientras tanto, conviene tener presente que las herramientas de la guerra de información asimétrica ya no son patrimonio de potencias estatales tradicionales como Rusia o China. Son productos comerciales, vendidos por firmas privadas con pedigrí de inteligencia, listos para desplegarse en cualquier elección donde el resultado importe lo suficiente. La pregunta, cada vez más, no es si se está usando, sino quién pagó por usarlo.
