NeuquenNewsCada 15 de julio, Argentina recuerda uno de los hitos legislativos más importantes de su historia reciente en materia de derechos civiles: la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. La norma, identificada como Ley 26.618, fue aprobada en la madrugada del 15 de julio de 2010 por el Congreso de la Nación, luego de un intenso debate parlamentario y de años de militancia de organizaciones sociales y del colectivo LGBTIQ+.
Aquella madrugada, el Senado le dio media sanción definitiva al proyecto con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, habilitando que las parejas del mismo sexo pudieran casarse en igualdad de condiciones legales que las parejas heterosexuales, con los mismos derechos y obligaciones: desde la posibilidad de adopción conjunta hasta la cobertura de obras sociales y los derechos hereditarios.
La relevancia de la fecha excede lo simbólico. Con esa ley, Argentina se convirtió en el décimo país del mundo y el primero de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, marcando un antes y un después para la región. Antes de la sanción, quienes buscaban formalizar una unión debían recurrir a procesos judiciales cuyo resultado dependía del criterio de cada juez; Buenos Aires había dado un paso previo en 2002 al aprobar las uniones civiles, pero sin la equiparación legal plena que llegaría recién con la nueva ley.
El primer matrimonio celebrado bajo el nuevo marco legal, entre Alex Freyre y José María Di Bello en la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en un símbolo de aquella conquista colectiva.
No existe un registro unificado a nivel nacional de matrimonios igualitarios, ya que la inscripción de casamientos es competencia de cada provincia. Sin embargo, los datos oficiales de los dos distritos más poblados del país permiten dimensionar el alcance de la ley:
Solo sumando estas dos jurisdicciones, la cifra ronda los 18.000 matrimonios igualitarios en 16 años, aunque se trata de un número parcial y no de un total país. Otro dato relevante: según el Registro Civil porteño, apenas uno de cada 67 matrimonios igualitarios celebrados en la primera década terminó en divorcio.
El impacto de la ley trascendió lo estrictamente jurídico. Sirvió como antecedente directo para la sanción, en 2012, de la Ley de Identidad de Género, que garantizó el derecho de las personas a expresar su identidad autopercibida sin necesidad de intervención judicial ni tratamientos médicos previos —otra norma pionera a nivel internacional. Además, el "efecto contagio" del matrimonio igualitario argentino impulsó debates similares en distintos países de la región, varios de los cuales terminaron sancionando sus propias leyes en los años siguientes.
A 16 años de aquella sanción, el Día de la Igualdad funciona como una fecha de balance: por un lado, recuerda una conquista de derechos que modificó estructuralmente el Código Civil argentino; por otro, invita a evaluar cuánto de esa igualdad formal se traduce en igualdad real, en un contexto en el que las organizaciones de la diversidad siguen señalando desafíos pendientes en materia de violencia, discriminación laboral y acceso a la salud.
Distintos municipios y organismos provinciales suelen utilizar la fecha para reafirmar políticas públicas de género y diversidad, mientras que a nivel nacional funciona como un recordatorio del rol que jugó el Congreso argentino como punta de lanza legislativa en un tema que, hace apenas dos décadas, generaba fuertes resistencias.
