El senado tratará mañana la liberación de la venta del territorio Argentino a extranjeros

Hay que reconocerle al Gobierno el talento para los títulos. "Inviolabilidad de la propiedad privada" suena a escudo, a candado, a "nadie te va a tocar lo tuyo". Uno se imagina al jubilado de Centenario durmiendo tranquilo porque por fin el Estado no le va a expropiar el patio. Lo que uno no se imagina —porque el título no lo dice— es que adentro del paquete viene la derogación de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras Rurales: exactamente los tres que impedían que el territorio argentino se vendiera por hectáreas al mejor postor internacional.

Es decir: para proteger tu propiedad, aparentemente, había que desproteger el país. La lógica es impecable si uno no la piensa.

El detalle del calendario (que seguro es casualidad)

El Senado sesiona este jueves 16 de julio a las 12. Es el tercer intento: la sesión del 25 de junio se cayó por falta de quórum, y esta vez el poroteo sigue "muy finito". La fecha elegida cae, oh sorpresa, en plena semana de definición del Mundial, un día después de la semifinal Argentina-Inglaterra. Nadie está sugiriendo que el oficialismo prefiera votar la apertura del territorio nacional mientras 47 millones de argentinos discuten un offside. Sería malpensado. Nosotros solo consignamos el dato.

También consignamos que el proyecto ya tuvo trece versiones desde el dictamen del 20 de mayo, que la redacción final se sigue negociando y que Patricia Bullrich asumió el riesgo de cerrarla en pleno recinto. Trece versiones para una ley que, según nos explican, es simple y virtuosa. Las leyes simples y virtuosas suelen necesitar menos borradores.

Qué dice hoy la ley que tanto molesta

La Ley 26.737, sancionada en 2011 casi por unanimidad, no prohíbe que los extranjeros compren campos. Nunca lo hizo. Lo que hace es lo que haría cualquier país serio (y lo que hacen, de hecho, casi todos): poner topes.

•         Máximo 15% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.

•         Máximo 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.

•         Máximo 1.000 hectáreas por titular extranjero en zona núcleo, o su equivalente regional.

•   Prohibición de comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

•         Todo registrado ante el Registro Nacional de Tierras Rurales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que esta norma "criminalizó" la compra de tierras por extranjeros. Interesante uso del verbo: una ley que permite comprar hasta el 15% de un país criminaliza. Con ese criterio, el límite de velocidad criminaliza el manejo. Pablo Voldkin, del Observatorio de Tierras, fue menos diplomático: calificó la afirmación de "barbaridad" derivada "de la malicia o de la ignorancia". Elegimos no elegir entre las dos opciones.

Qué elimina el proyecto (todo lo anterior)

El dictamen deroga en bloque los tres artículos. Sin techo de hectáreas, sin tope por provincia, sin límite por nacionalidad, y —el detalle más elegante— sin la prohibición de comprar tierras con lagos, ríos y espejos de agua. Ese último punto no se reemplaza por nada. Simplemente desaparece, como si la escasez global de agua dulce fuera un rumor.

Florencia Gómez, exdirectora del Registro de Tierras Rurales, ya avisó para qué sirve derogar el artículo 10: los cuerpos de agua interesan para proyectos turísticos VIP, generación de energía y grandes data centers como los que impulsa Peter Thiel. Porque claro: si algo le faltaba al lago patagónico era refrigerar servidores.

"Federalismo puro y duro" (o cómo repartir la responsabilidad en 24 partes)

Para destrabar los votos, el oficialismo agregó a último momento un artículo que dice que cada provincia "conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites". La camaleónica Patricia Bullrich lo bautizó "federalismo puro y duro", el mismo mecanismo usado con la Ley de Glaciares. Traducción: la Nación se lava las manos y cada gobernador queda solo en la mesa de negociación frente a corporaciones cuyos presupuestos superan el de su provincia.

Es un federalismo curioso, este. No transfiere recursos, ni coparticipación, ni capacidad de inversión: transfiere la tentación. Una provincia endeudada, con déficit y elecciones a la vista, "decidiendo libremente" si le pone o no límites al fondo de inversión que le agita un cheque. Voluntario como una pulseada entre un fisicoculturista y un contador.

Y no hay piso mínimo nacional. Ninguno. Si mañana una provincia decide que el 100% de su superficie puede ser extranjera, la ley nacional no tiene nada para decir.

Los interesados ya hicieron la fila (y algunos vinieron en avión oficial)

Acá es donde el artículo deja de ser hipotético, porque los compradores no son una entelequia: tienen ranking, con datos oficiales del propio Registro Nacional de Tierras Rurales, sistematizados por el Observatorio de Tierras (UBA-CONICET).

Estados Unidos, medalla de oro. Los ciudadanos estadounidenses encabezan el listado de poseedores de tierras con más de 2,7 millones de hectáreas —más que toda la provincia de Tucumán—, seguidos por Italia y España; solo esas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Voldkin fue directo: la eliminación del tope por nacionalidad "está hecha a medida del capital norteamericano", el principal poseedor de tierras rurales del país. Uno derogaría el tope por nacionalidad justo cuando una nacionalidad está por chocar contra el tope. Ah, no, pará.

El avión. El propio Observatorio consignó el reciente aterrizaje —"envuelto en un manto de sospechas"— de un Boeing C-40 Clipper con legisladores estadounidenses, primero en Tierra del Fuego y después en Neuquén, con el objetivo reconocido a posteriori de avanzar en negociaciones vinculadas a minería y energía; en septiembre de 2025 otro avión estadounidense había aterrizado irregularmente en San Juan, y en las tres provincias predominan los capitales estadounidenses como propietarios de tierras.

Legisladores de EE.UU. bajando en Neuquén a hablar de minería y energía semanas antes de que se vote la ley que libera la compra de tierras sobre minerales y agua. De nuevo: consignamos. Que cada lector malpiense por su cuenta.

Los clásicos. El catálogo de precedentes es conocido: Joe Lewis, el magnate británico, controla desde 1996 más de 12.000 hectáreas que rodean Lago Escondido, en Río Negro —el lago al que los argentinos, técnicamente, tienen derecho de acceso, y prácticamente, no—. Benetton, de nacionalidad italiana, acumula extensiones patagónicas compradas en los noventa entre denuncias de irregularidades y triangulaciones. Julieta Caggiano, del Observatorio, advirtió que si cae la ley de 2011 van a proliferar los casos como el de Lewis. La ley actual, con todos sus defectos, al menos hacía que estos casos fueran escándalos. La nueva los convierte en jurisprudencia.

Los discretos. En San Carlos, Valles Calchaquíes —el departamento más extranjerizado del país, con casi el 60%— la mayoría de la tierra está en manos de una sociedad radicada en Uruguay. En Molinos, el 47% es de estadounidenses y otro 10% de suizos. Sociedades uruguayas comprando Salta: el offshore también tiene su versión federal.

Los que vienen. El Observatorio enmarca todo esto en la nueva doctrina estadounidense de asegurarse recursos naturales en América Latina —agua dulce, minerales críticos, tierras raras, energía—, y señala que los puntos rojos del mapa de extranjerización se concentran justo sobre la cordillera con minerales críticos, los espejos de agua, las zonas de frontera y la cuenca del Paraná. Los compradores no eligen al azar: eligen con geólogo.

La foto neuquina: ya vendimos la mitad de Lácar

Para los que creen que esto es un problema de Salta o de la pampa húmeda: el departamento Lácar, en Neuquén —San Martín de los Andes, cordillera, lagos, el paisaje que sale en los folletos— ya tiene el 54% de su superficie rural en manos extranjeras. Es uno de los cuatro departamentos del país que superan el 50%, junto con General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos concentrando agua dulce o recursos minerales. En total, 36 departamentos argentinos ya exceden el límite del 15% que fija la ley vigente.

O sea: con la ley puesta, con topes, con registro y con prohibiciones, ya se nos fue de las manos medio Lácar. La propuesta ahora es sacar los topes, sacar las prohibiciones y confiar.

Es como descubrir que te entraron a robar con la puerta cerrada y decidir, como medida de seguridad, sacar la puerta.

Vale aclarar, porque la honestidad intelectual no está reñida con la ironía: a nivel nacional, la extranjerización ronda el 5% (unos 13,2 millones de hectáreas, la superficie de Inglaterra) y ninguna provincia supera el 15%. El Gobierno usa ese dato para decir que no hay problema. Los investigadores lo usan para hacer otra pregunta, bastante más incómoda: si nadie está cerca del límite nacional, ¿para quién exactamente se deroga el límite? Las leyes no se cambian para escenarios que no existen. Se cambian para escenarios que alguien ya tiene en carpeta.

Los recursos "no se venden" (solo todo lo que los rodea)

Acá conviene ser precisos, porque la respuesta oficial ya está escrita: "los recursos naturales son de las provincias, nadie vende el petróleo ni el agua". Cierto. La Constitución dice eso y la ley no lo toca.

Lo que la ley sí permite es comprar, sin tope nacional, la tierra que está arriba del recurso, alrededor del recurso, y en el camino al recurso. El petróleo de Vaca Muerta seguirá siendo de Neuquén; los accesos, los caminos, las superficies donde se instala la infraestructura y las tierras que rodean cada locación podrán ser de quien pague. Es la diferencia entre ser dueño del tesoro y ser dueño de la puerta del tesoro.

Preguntale a cualquiera que haya querido llegar a Lago Escondido cuál de las dos propiedades es más útil en la práctica.

¿Y los Estados extranjeros? Tranquilos, hay un formulario

El proyecto, en un rapto de prudencia, prohíbe que Estados extranjeros compren tierras. Prohibición que, eso sí, puede levantarse si el Poder Ejecutivo determina que la operación no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional. O sea: prohibido, salvo permiso. Como el estacionamiento.

Para las empresas con participación estatal extranjera hace falta autorización de la provincia y de la Nación, y rige el silencio administrativo positivo: si en 180 días nadie contesta, la operación se aprueba sola. La soberanía nacional protegida por la eficiencia administrativa argentina. ¿Qué podría salir mal?

Bonus track: expropiaciones más caras, desalojos más rápidos, incendios más rentables

El combo se completa con un régimen de expropiaciones que encarece y complica cualquier intervención estatal futura (lucro cesante, indexación, pago total previo a la transferencia); desalojos exprés por juicio sumarísimo con restitución en cinco días bajo simple declaración jurada del propietario; y la derogación de la veda de 30 años que impedía lotear o vender tierras rurales productivas incendiadas. Los bosques nativos zafaron —el Senado mantuvo su protección de 60 años—, pero el resto de la tierra quemada queda disponible para el mercado. Si alguien encuentra en esto un incentivo para que ciertos campos se prendan fuego solos, es porque es un malpensado. Como nosotros.

En honor a la verdad: el Senado también atenuó algunas cosas. Sacó el capítulo que habilitaba desalojos en barrios populares, y extendió de 3 a 10 días la intimación previa al inquilino moroso. Trece versiones dan para algún retoque cosmético.

La moraleja, antes de que la escriba el mercado

Hay un dictamen de minoría —de Convicción Federal, con la senadora Carolina Moisés— que mantiene los límites actuales y crea "Zonas de Interés Estratégico" para tierras de frontera y riesgo ecológico. Moisés lo resumió sin ironía, que para eso estamos nosotros: no existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros.

Mientras tanto en los países serios

La comparación internacional vuelve todavía más singular la decisión argentina. Estados Unidos —el principal propietario extranjero de tierras en nuestro país, con más de 2,7 millones de hectáreas— obliga desde 1978 a declarar toda tenencia agrícola extranjera, somete las operaciones sensibles a revisión de seguridad nacional, cuenta con 25 estados que restringen compras por parte de países considerados adversarios y hasta explora mecanismos para revertir adquisiciones ya realizadas, pese a que la tierra en manos "adversarias" no llega allí a las 112.000 hectáreas.

En Europa, Hungría fija un tope de 300 hectáreas y exige calificación de agricultor; Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia prohíben la compra de tierra agrícola a ciudadanos de fuera de la Unión Europea; Dinamarca exige demostrar una "conexión especial" con el país; y aun los mercados más abiertos, como Francia, conservan un derecho de preferencia estatal sobre las transacciones rurales.

Ninguna economía relevante carece de un marco nacional de registro, revisión o límite sobre su tierra: eso —y no una modernización— es lo que Argentina se dispone a votar.

Argentina, en cambio, se dispone a votar —entre la semifinal y la final del Mundial— que su territorio no necesita ninguna protección nacional, que cada gobernador se arregle, y que si el principal comprador ya acumula más tierra que Tucumán y manda legisladores en avión a mirar la vidriera, es porque cree mucho, muchísimo, en nuestro potencial.

La ley no obliga a vender el país. Solo garantiza que, cuando alguien quiera comprarlo por partes, no encuentre a nadie en la caja diciendo que no. 

Y a eso, con un sentido del humor que hay que reconocerle, le pusieron "inviolabilidad".

Nota: esta es una columna editorial. Los datos citados provienen de fuentes oficiales y académicas verificadas; las interpretaciones maliciosas corren por cuenta de la casa. El texto del proyecto puede modificarse hasta el momento de la votación.