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Desde 2007, la deuda bruta del Estado nacional pasó de US$ 137.114 millones a US$ 484.229 millones, un incremento del 253%. Todos los gobiernos aumentaron el endeudamiento nominal, pero el análisis de su composición revela diferencias fundamentales. El préstamo de Mauricio Macri con el FMI estuvo acompañado por una importante salida de capitales y fue objeto de severas observaciones de los organismos de control. Javier Milei, por su parte, mantiene una deuda bruta creciente y un programa de ajuste que redujo distintos gastos sociales mientras aumentan los pagos de intereses.

La Argentina discute desde hace décadas cuánto debe, quién tomó más deuda y quién deberá pagarla. Pero existe otra contabilidad, mucho menos visible en los balances del Estado: la deuda social. Pobreza, deterioro laboral, problemas educativos, déficit habitacional, dificultades de acceso a la salud y pérdida de infraestructura también constituyen pasivos que un país transmite hacia el futuro. Cruzar la evolución del endeudamiento financiero con los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina permite formular una pregunta diferente: ¿Qué obtuvo la sociedad a cambio de la deuda que fue acumulando el país?

Desde el final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina atravesó un fuerte ciclo de endeudamiento externo, una reestructuración con acreedores privados, sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y una creciente dependencia del financiamiento doméstico. Los números muestran diferencias importantes entre las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Pero detrás de las cifras aparece un interrogante más profundo: cuánto de esa deuda permitió aumentar la capacidad productiva del país y cuánto terminó financiando desequilibrios, vencimientos y escasez de divisas.

Con Javier Milei en la Casa Rosada, la Argentina volvió a mirarse en el espejo de su propia historia: un país que exporta materia prima, importa manufactura, desprotege a su población y entrega la llave de sus recursos estratégicos a cambio de financiamiento externo. No es una metáfora forzada. Es, con matices, el mismo patrón que organizó la economía argentina entre 1880 y 1930, actualizado con RIGI, dólares del FMI y una formación geológica —Vaca Muerta— que hoy funciona como garantía política y económica de una deuda que no dejó de crecer.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional recorrió Loma Campana junto al gobernador de Neuquén, el ministro Luis Caputo y el presidente de YPF, Horacio Marín. Mientras el Gobierno nacional exhibió el potencial de Vaca Muerta para generar exportaciones y divisas, Rolando Figueroa puso el foco en la necesidad de que la riqueza hidrocarburífera se convierta en infraestructura, educación, salud y mejores condiciones de vida para los neuquinos.

El titular de ATE Neuquén y presidente de Más por Neuquén participó en La Plata de una reunión con dirigentes sindicales de distintas provincias. Invitó al gobernador bonaerense a visitar Neuquén, cuestionó el reparto de la renta de Vaca Muerta y sumó una señal nacional a su construcción política provincial.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas de Neuquén se reunieron en la sede provincial de ATEN para analizar el proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por el gobierno de Javier Milei, y definir acciones de rechazo.

El organismo publicó su hoja de ruta fiscal junto al desembolso de 1.000 millones de dólares. Pide pasar del 9% al 20% de asalariados alcanzados por el tributo. En la cuenca neuquina, donde los salarios son los más altos del país, el impacto podría ser determinante.

El informe anual de Oxfam presentado en Davos en enero de 2026 construye el retrato más completo hasta la fecha de cómo la riqueza extrema se convierte en poder político, erosiona la democracia y aplasta la disidencia. Sus conclusiones son tan documentadas como perturbadoras.

El diputado nacional Pablo Todero (Unión por la Patria) advierte que los $48.000 millones pactados con Nación encubren un avance del FMI sobre las cajas provinciales, con impacto directo en los 90.000 afiliados al ISSN.