NeuquenNewsEl diagnóstico oficial es conocido: Argentina debe volver a ser "granero y sótano petrolero del mundo", según la síntesis que circula en el discurso libertario. En los hechos, la economía se reordenó alrededor de la exportación de hidrocarburos, minerales y agroindustria, mientras la industria manufacturera pierde peso relativo mes a mes. El propio INDEC certificó que el sector de Minas y canteras —que incluye la actividad petrolera y minera, con Vaca Muerta como núcleo— creció 12,3% interanual en el primer trimestre de 2026, muy por encima del resto de la economía.
El petróleo crudo se convirtió, durante el primer semestre, en el principal producto individual de exportación: generó US$4.693 millones y superó al maíz en grano y a la harina y pellets de soja. El complejo sojero completo, sin embargo, mantuvo el primer lugar entre los complejos exportadores, con US$9.082 millones, frente a US$8.116 millones del complejo petrolero-petroquímico, según el INDEC. La precisión estadística no modifica la tendencia de fondo: el avance de los hidrocarburos en la matriz exportadora fue acelerado y volvió a reforzar el peso de los sectores extractivos.
El patrón es clásico de una economía colonial: crecimiento concentrado en el sector extractivo-exportador, con escaso derrame hacia el resto del entramado productivo. El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lo describió con crudeza al referirse a Añelo, la localidad neuquina que alberga el parque industrial de Vaca Muerta: pese al boom petrolero, "hay gente desocupada" y el trabajo "no sobra". El derrame que prometía el propio Ministerio de Desregulación no se verifica ni siquiera en el corazón geográfico del yacimiento.
La segunda pata del modelo es la apertura comercial indiscriminada. Economistas como Hernán Bergstein (Universidad Nacional de Lanús) hablan de "competencia desleal": el productor extranjero no paga Ingresos Brutos, no paga el impuesto al cheque, tiene costos logísticos menores y acceso a financiamiento en condiciones que ninguna pyme argentina puede igualar. El resultado se observa en una fuerte contracción neta del universo de empleadores y trabajadores registrados.
Indicador | Dato (2023–2026) |
Reducción neta de empleadores desde noviembre de 2023 | 30.633 empleadores registrados (CEPA, sobre datos de la SRT), equivalentes al 6% del total |
Reducción neta de trabajadores registrados | 411.613 puestos en unidades productivas, según CEPA — unos 450 por día |
Reducción neta en la industria manufacturera | 97.312 trabajadores, el rubro más golpeado |
Concursos preventivos en tribunales de CABA (2025) | 190, un 131,7% más que en 2023 |
Salario real privado registrado vs. nov. 2023 | -0,6% (Secretaría de Trabajo, junio 2026) |
Caída real interanual de salarios de convenio: textil / metalúrgico | -12,6% / -12,4% (julio 2026) |
En el corte a marzo de 2026, el 98% de la reducción neta se concentró en empleadores de hasta 25 trabajadores y 17.630 correspondían a unidades productivas con una sola persona registrada. El informe de CEPA actualizado a mayo elevó la reducción total a 30.633 empleadores y mostró que 30.565 de las bajas netas correspondieron a firmas de hasta 500 trabajadores. La estadística de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo permite medir empleadores registrados que dejaron de figurar en el sistema, aunque no identifica cada caso como quiebra o cierre definitivo. Aun con esa precisión metodológica, no es el relato de una economía que se sofistica; es el de un entramado productivo que se angosta mientras la balanza comercial se sostiene, cada vez más, sobre la exportación de recursos sin transformación industrial.
El tercer eje del modelo colonial clásico —un Estado que no protege a su población frente a los ciclos del mercado externo— también encuentra correlato en la gestión libertaria. El gasto social se redujo un 20% en el segundo semestre de 2025 respecto de igual período de 2023, según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Los recortes por partida son elocuentes: agua potable y saneamiento, -89%; vivienda y urbanismo, -98%; educación y cultura, -49%; promoción y asistencia social, -77%, con impacto directo en comedores comunitarios.
En paralelo, el presupuesto inicial de la SIDE para 2026 fue de $97.135 millones. En julio, el DNU 594/2026 agregó $49.261 millones y elevó el crédito vigente a unos $146.397 millones: un incremento nominal de 50,7% sobre la partida original, incluidos $7.466 millones adicionales para gastos reservados. Mientras tanto, la obra pública permanece en niveles muy inferiores a los de 2023 y el salario docente universitario perdió alrededor de 36% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, de acuerdo con un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral difundido en mayo de 2026. El Estado no desaparece: cambia de función. Se retira como garante de derechos sociales y se refuerza como aparato de control.
La pobreza, que el Gobierno exhibió como su principal trofeo durante 2025, volvió a mostrar señales de deterioro en 2026. El último dato oficial publicado por el INDEC fue de 28,2% para el segundo semestre de 2025. Un cálculo posterior realizado sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares estimó una incidencia cercana al 30% en el primer trimestre de 2026, más de tres puntos por encima del tercer trimestre de 2025. No se trata de una medición trimestral oficial del INDEC, pero sí de una estimación construida sobre su base estadística que contradice la cifra de "15 millones de personas rescatadas" que repite el propio Presidente. La informalidad laboral trepó de 42% a 44,2% de la población ocupada entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. En los 31 aglomerados relevados por la EPH, el aumento equivale a alrededor de 380.000 trabajadores no registrados adicionales.
El cuarto elemento —quizás el más definitorio de una lógica colonial— es la relación entre endeudamiento externo y entrega de soberanía sobre los recursos naturales. La visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta en julio de 2026 fue, en ese sentido, un episodio revelador: el organismo que concentra más de un tercio de todo su crédito pendiente en el mundo en un solo país recorrió Vaca Muerta junto al presidente de YPF, Horacio Marín, en lo que distintos analistas describieron como una auditoría informal de la capacidad de pago argentina.
Un análisis de coyuntura financiera publicado por El Economista —sin filiación con el kirchnerismo ni con la izquierda— llegó a plantear, en términos que vale la pena tomar en serio, que Argentina exhibe hoy rasgos propios de una colonia financiera: no porque haya perdido sus instituciones o su soberanía jurídica, sino porque la distancia entre la soberanía formal y la autonomía real se ensanchó. El país conserva, formalmente, el derecho a decirle que no a su principal sostén financiero; lo que cambió es el costo de ejercer ese derecho, que se volvió extraordinariamente alto.
Ese análisis describe con precisión el nudo del modelo: los vencimientos brutos programados con el FMI rondan los US$4.200 millones en 2026 y los US$7.500 millones en 2027. Para 2027, si se descuentan los desembolsos ya previstos y no aparece financiamiento adicional, distintos cálculos ubican la salida neta hacia el organismo en torno a US$5.800 millones. La deuda pública bruta, por su parte, se mantiene cerca del 70% del PBI según las proyecciones multilaterales, aunque el porcentaje varía de acuerdo con el universo de obligaciones y el tipo de cambio utilizados.
El respaldo de esa deuda ya no son solo promesas fiscales: es Vaca Muerta. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), hoy vigente, garantiza treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria a los proyectos de gran escala. El llamado "Súper RIGI", todavía en trámite legislativo, propone un régimen complementario para inversiones superiores a US$1.000 millones, con treinta años de estabilidad y hasta cuarenta para proyectos considerados estratégicos. Ambos esquemas están abiertos a capitales nacionales y extranjeros, aunque varios de los proyectos de mayor escala tienen una participación decisiva de compañías o consorcios internacionales y contemplan amplias facilidades para disponer de divisas y girar utilidades al exterior.
En paralelo, el Gobierno intentó reformar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, pero el capítulo correspondiente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el 5 de agosto por falta de votos en el Senado. La Ley 26.737 continúa vigente por una cautelar judicial. El revés parlamentario no borra la orientación de la iniciativa oficial: como señaló la Revista Anfibia, no se trata de agendas paralelas, sino de un mismo diseño que procura condiciones cada vez más favorables para la apropiación y explotación privada de recursos estratégicos, mientras el país exhibe esos activos como respaldo de pago frente a sus acreedores.
Ordenados uno junto al otro, los cuatro ejes dibujan una estructura reconocible: un sistema económico que vuelve a organizarse en torno a la exportación de materias primas sin agregado de valor; una apertura comercial que desplaza a la industria nacional en lugar de modernizarla; un Estado que se retira de la protección social en el momento en que más se la necesita; y un esquema de endeudamiento que compromete, como garantía, el control sobre los recursos naturales más valiosos del país.
Ninguno de estos cuatro elementos, por separado, define por sí solo una relación colonial. Juntos, y sostenidos en el tiempo, sí reconstruyen su lógica: producir materia prima para que otros la transformen, y financiar el presente hipotecando el futuro.
Neuquén y el Alto Valle son, en ese sentido, un observatorio privilegiado de la contradicción: la provincia que más crece en producción hidrocarburífera empieza a mostrar, en Añelo, los límites del "derrame" prometido. Vaca Muerta genera dólares, regalías y servicios petroleros, pero funciona también como el principal respaldo de divisas que el Gobierno exhibe ante el FMI para sostener un programa cuyo costo social —menos empleadores y puestos registrados, caída salarial y recortes en educación y vivienda— paga el resto del país.
