NeuquenNewsEl Gobierno nacional formalizó la aprobación del nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), estableciendo un marco regulatorio renovado para el ingreso, la progresión de la carrera profesional, las promociones jerárquicas y las remuneraciones de los agentes. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 1021/2026, dejando sin efecto el esquema que regía desde el año 2003 para el personal civil y de inteligencia de los organismos estatales y de las Fuerzas Armadas.
Desde el Ejecutivo justificaron la modificación en la necesidad de contar con un régimen laboral estable, autónomo y profesional que permita atraer personal especializado y reducir la discrecionalidad en las asignaciones salariales, buscando que los retribuciones mantengan proporcionalidad con la responsabilidad, la antigüedad y la capacitación técnica de cada funcionario.
El nuevo estatuto establece que la incorporación a la planta formal constará de tres etapas diferenciadas:
Convocatoria y Curso Básico: La Escuela Nacional de Inteligencia realizará una convocatoria anual para su curso obligatorio. Los aspirantes deberán ser argentinos mayores de edad, poseer título secundario completo, acreditar aptitudes psicofísicas y aprobar los controles socioambientales y de contrainteligencia.
Planta condicional: Quienes aprueben la formación académica pasarán a integrar la planta condicional por un plazo de hasta un año, periodo en el cual la Secretaría resolverá si ratifica o da por concluida la relación laboral.
Confirmación: La estabilidad laboral se otorgará únicamente tras la confirmación en planta permanente, sin que el paso por la etapa condicional genere un derecho automático.
Quedarán explícitamente excluidos del ingreso las personas condenadas o procesadas de manera firme por delitos incompatibles con la función pública, los destituidos de la administración pública o fuerzas de seguridad y quienes mantengan litigios o demandas judiciales activas contra la SIDE.
La progresión dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) estará dividida en tres escalafones principales según la formación acreditada:
Cuadro A: Destinado a agentes con título universitario o de posgrado, e incluye a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Cuadro B: Para personal con estudios terciarios o títulos universitarios intermedios, además de suboficiales retirados.
Cuadro C: Reservado para personal que acredite secundario completo.
Los ascensos ordinarios exigirán cumplir con un tiempo mínimo de permanencia en la categoría, someterse a evaluaciones de desempeño anuales y aprobar instancias de capacitación continua. No obstante, la norma contempla ascensos extraordinarios y póstumos para aquellos efectivos que realicen actos de arrojo o servicio con riesgo real para su integridad física. Además, se fijó un límite del 5% del total de la planta para la modalidad de proyectos especiales y contrataciones autónomas.
El estatuto profundiza las exigencias éticas y operativas para el personal en actividad y retirado:
Confidencialidad permanente: Se ratifica el deber de secreto sobre documentos, datos y material clasificado, el cual se mantendrá de forma indefinida aun después de que el agente cese en sus funciones.
Prohibiciones laborales: Los agentes no podrán desempeñarse en empresas proveedoras del Estado, firmas de seguridad privada, consultoras de ciberseguridad, medios de comunicación, periodismo ni agencias de publicidad o encuestas, de forma remunerada o ad honorem. Tampoco podrán recibir dádivas ni utilizar información estratégica para beneficio propio o de terceros.
Residencia y movilidad: El personal deberá fijar su domicilio dentro de un radio de 200 kilómetros de su sede de trabajo, informar un correo electrónico oficial para notificaciones e informar viajes internos mayores a 200 km con tres días de anticipación. Salir del país requerirá una autorización formal con diez días de antelación.
Uso de armas: Se prohíbe el porte y uso de armas de fuego durante el servicio, a excepción de aquellos agentes que acrediten la condición formal de legítimos usuarios bajo la legislación nacional vigente.
La normativa establece además el derecho de los agentes a rechazar órdenes que resulten manifiestamente ilegales o que vulneren los derechos humanos. El Decreto 1021/2026 fija como fecha de entrada en vigencia general el 1° de enero de 2027, encomendando a la Secretaría la elaboración de un régimen de transición durante el año 2026 para reordenar la planta actual y computar la antigüedad y antecedentes de los agentes activos.
