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El Gobierno recibió una buena noticia desde Londres. Por un fallo del juez británico Simon Piken, Argentina no deberá depositar anticipadamente a fondos buitres unos u$s 375 millones correspondientes a la causa conocida como “cupón PBI”. Los demandantes solicitaban que el país gire de forma precautoria al menos un 25% de los u$s 1.500 millones de la sentencia de primera instancia. El ejecutivo argumentó que si se desprende de esos recursos se puede provocar un “daño irremediable a la población”.
Pese a que todavía quedan instancias de apelación, los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019, solicitaban que se deposite el total de la sentencia o al menos un 25% de forma “precautoria”. El juez Piken no hizo lugar a ese pedido y también descartó la posibilidad de que los acreedores embarguen activos argentinos en el exterior.
Fuentes del Gobierno confirmaron a Ámbito las novedades que llegaron desde Londres y lo destacaron como “positivo”. También revelaron que en la previa integrantes del equipo económico realizaron una serie de informes que dan cuenta de la coyuntura y los potenciales impactos sobre las cuentas nacionales. Otro detalle es que se agregó un documento específico sobre las consecuencias de la sequía sobre distintas variables. Todo esto fue utilizado como argumentación por el área de jurídicos.
Reservas: qué impacto tendrá la medida
La novedad judicial configurará un alivio para las reservas del Banco Central, que según un relevamiento de la consultora 1816 en términos netos se encuentran en terreno negativo por más de u$s6.000 millones. Esto ocurre luego de que en las últimas horas el Gobierno concretó el pago de cupones de la deuda reestructurada con acreedores privados por alrededor de u$s1.000 millones.
El fallo del juez británico recoge algunos de los argumentos que el equipo económico esgrimió. Señala que en caso de concretar el pago anticipado Argentina sufriría claramente un perjuicio que considera “irremediable” porque está atravesando graves problemas. En esa línea, hace mención específicamente a “la dura sequía que en los últimos meses agravó los problemas del país”.
Previamente, el secretario de Hacienda Raúl Rigo explicó que la medida solicitada por los demandantes tendría impacto en lo inmediato y requeriría reducir partidas que están previstas para el presupuesto 2023. Además, el Gobierno argumentó que no estaba previsto en este ejercicio fiscal y que el Banco Central no cuenta con herramientas dentro de su carta orgánica para hacer frente a esta situación.
La puja judicial por la cuestión de fondo continúa. Los demandantes que en abril tuvieron una sentencia favorable en primera instancia aseguran que el Estado “manipuló” los datos del PBI para no pagar la cláusula impuesta por Roberto Lavagna. El Gobierno apeló el fallo y apuesta revertir la decisión judicial que implicaría el pago de u$s1.500 millones.
