NeuquenNewsHay una escena que se repite en la Argentina actual. Personas que dicen vivir peor, que reconocen que el sueldo no alcanza, que postergan consumos, que pagan tarifas más caras, que ven cerrar comercios o achicarse el trabajo, pero que al mismo tiempo no se arrepienten de haber votado a Javier Milei. Algunas incluso afirman que lo volverían a votar.
"Estamos mal pero vamos bien"
Una clásica frase de la época menemista marca la contradicción evidente. Pero reducirla a ignorancia, fanatismo o manipulación es quedarse en la superficie. En política, la gente no siempre actúa según su interés material inmediato. También vota desde la bronca, el miedo, la identidad, la necesidad de castigo, la pertenencia a un grupo y la expectativa de que el sufrimiento de hoy se convierta en una recompensa futura.
El problema es que ese sufrimiento ya no puede presentarse como una sensación aislada. Tiene datos. La inflación acumulada desde enero de 2024 hasta mayo de 2026 ronda el 228,5%, resultado de encadenar el 117,8% de 2024, el 31,5% de 2025 y el 14,7% acumulado en los primeros cinco meses de 2026, según los informes del INDEC. El índice de junio todavía no estaba publicado al momento de esta revisión, por lo que el corte estadístico más sólido llega a mayo.
Contra ese aumento de precios, el salario mínimo quedó muy atrás. En diciembre de 2023 era de $156.000 para trabajadores mensualizados; en junio de 2026 fue fijado en $367.800. La suba nominal fue de 135,8%, claramente inferior a la inflación acumulada hasta mayo. En términos simples: el salario mínimo aumentó, pero perdió capacidad real de compra.
La distancia se vuelve más clara cuando se la compara con la canasta básica. En diciembre de 2023, una familia tipo de cuatro integrantes necesitaba $240.678,80 para no caer bajo la línea de indigencia y casi $495.800 para no ser pobre. En mayo de 2026, esos valores treparon a $681.246 para la canasta alimentaria y $1.498.741 para la canasta básica total. La comida básica del hogar se encareció alrededor de 183% desde diciembre de 2023, y el umbral de pobreza familiar se multiplicó por tres.
El dato es brutal porque traduce la macroeconomía a la vida concreta. No habla de planillas, sino de changuitos más chicos, remedios que se postergan, alquileres que asfixian, consumos que desaparecen y familias que necesitan cada vez más ingresos solo para no caer bajo la línea de pobreza.
La caída del empleo registrado
El empleo registrado también muestra una caída sostenida. La Secretaría de Trabajo informó que en marzo de 2026 había 12,83 millones de trabajadores registrados, con una variación mensual negativa de 0,2%. En el sector asalariado privado, el registro fue de 6,19 millones de trabajadores, también con caída mensual.
Cuando la mirada se amplía desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, el cuadro se vuelve más grave. CEPA, sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, calculó que la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 485.909. Eso implica 26.448 empleadores menos, un promedio de 31 por día. En el mismo período, los trabajadores registrados en unidades productivas bajaron de 9.857.173 a 9.517.332: una pérdida de 339.841 puestos. Si se suma el trabajo en casas particulares, la caída del empleo privado registrado llega a 370.487 personas.
Conviene nombrar con precisión el fenómeno: no se trata solo de “empresas que cierran”, sino de una caída de empleadores registrados y de unidades productivas que dejan de sostener trabajo formal. Es decir, menos pymes, menos comercios, menos actividad y menos empleo protegido.
La destrucción del empleo no aparece como un accidente lateral del modelo, sino como parte de su arquitectura. El ajuste corta obra pública, achica consumo, encarece costos, abre importaciones, debilita salarios y golpea a las pymes. El discurso oficial prometía que la motosierra iba contra “la casta”, pero los datos muestran que pasó por trabajadores, comercios, industrias, constructoras, profesionales independientes y pequeñas empresas.
Poder adquisitivo
La pérdida de poder adquisitivo también debe leerse con cuidado. El Gobierno sostiene, sobre la base del salario privado formal promedio, que hubo una recuperación real en algunos tramos de la serie. Pero otros indicadores muestran un deterioro claro en los ingresos más vulnerables: un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires relevó que la capacidad adquisitiva del Salario Mínimo, Vital y Móvil expresó un retroceso del 39,3% en relación a noviembre de 2023, último período de la anterior gestión. Chequeado, por su parte, advirtió que las afirmaciones oficiales sobre la recuperación salarial no alcanzan para describir el conjunto del mercado laboral, especialmente por las dudas sobre los ingresos informales.
La lluvia de inversiones
La promesa de una lluvia de inversiones tampoco encontró respaldo pleno en los números. Según datos de la OCDE citados por Infobae, Argentina registró uno de los peores desempeños regionales recientes en inversión extranjera directa: en 2025 Argentina recibió USD 3.134 millones y quedó última entre las principales economías latinoamericanas relevadas en base a datos de la OCDE, mientras el BCRA registró egresos netos por USD 4.687 millones en el cuarto trimestre de 2025. Inversión extranjera directa, con salidas importantes en industria manufacturera y comercio.
El contraste es político. El Gobierno presentó el ajuste como condición para que llegaran inversiones, empleo privado y prosperidad futura. Pero, en la vida cotidiana, el resultado visible fue otro: salarios rezagados, canastas cada vez más caras, pérdida de empleadores, caída del trabajo formal y un país donde la estabilidad financiera celebrada por los mercados no se tradujo automáticamente en alivio social.
Con estos números sobre la mesa, la pregunta se vuelve más incómoda: ¿por qué una parte de la sociedad que vive peor sigue defendiendo al Gobierno que conduce ese proceso?
Disonancia cognitiva
Una respuesta posible está en la disonancia cognitiva. La Asociación Americana de Psicología define este mecanismo como el malestar que aparece cuando una persona sostiene creencias contradictorias o cuando una creencia entra en conflicto con una acción elegida. En este caso, la persona enfrenta dos ideas difíciles de conciliar: “mi vida empeoró” y “mi voto fue correcto”.
Para no asumir el costo emocional de haber elegido algo que la perjudica, construye una explicación que le permita sostener ambas cosas al mismo tiempo. “Estamos mal, pero había que hacerlo”. “Es culpa de la herencia”. “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en décadas”. “Los otros eran peores”. “Ahora duele, pero después mejora”.
Cada una de esas frases funciona como un puente entre el daño concreto y la necesidad de seguir creyendo. No niega necesariamente el deterioro. Lo resignifica. El sufrimiento deja de ser una prueba del fracaso de la política económica y pasa a ser presentado como señal de que la medicina está haciendo efecto.
Ese mecanismo es más fuerte cuando el voto no fue solo una decisión económica, sino una identidad. Para muchos argentinos, votar a Milei fue una forma de castigar a la política tradicional, repudiar al peronismo, rechazar al Estado, atacar al progresismo, expresar cansancio con la dirigencia y sentirse parte de una rebelión moral contra “la casta”. Arrepentirse, entonces, no sería solamente cambiar de opinión: sería aceptar que el adversario podía tener razón.
Ahí aparece uno de los éxitos más profundos del mileísmo: haber transformado una política económica regresiva en una cruzada moral. No se discute únicamente si alcanza el salario, si cierran empresas o si sube la comida. Se discute quién merece sufrir, quién es culpable, quién vivía del Estado, quién representa el pasado y quién encarna una supuesta verdad incómoda.
El discurso del odio
El discurso de odio cumple una función política dentro de ese esquema. No aparece como un exceso lateral, sino como una herramienta de ordenamiento emocional. Organiza enemigos, desplaza responsabilidades y convierte el malestar social en agresión contra otros: periodistas, opositores, feminismos, trabajadores estatales, universidades, científicos, movimientos sociales o cualquier actor que pueda ser presentado como parte del problema.
Los datos sobre el clima público acompañan esa lectura. FOPEA informó que en 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, el número más alto desde que comenzó su monitoreo en 2008. El informe señaló al poder político como principal agresor de la prensa y ubicó al propio presidente Milei como autor de 119 de esos hechos. También advirtió sobre el peso de la violencia estatal o paraestatal y el crecimiento de la violencia digital.
El Comité para la Protección de los Periodistas también citó datos de FOPEA según los cuales los ataques a la prensa crecieron 55% en 2025 respecto de 2024 y 139% respecto de 2023. El mismo informe señaló que Milei estuvo relacionado con el 43% de los ataques discursivos, ofensas e insultos, y que el presidente utilizó de manera frecuente expresiones estigmatizantes contra periodistas.
Ese clima discursivo ayuda a explicar por qué el deterioro económico no necesariamente erosiona de inmediato el apoyo político. Si el votante interpreta que su sufrimiento tiene culpables externos —la herencia, los “zurdos”, los periodistas, el Congreso, los gobernadores, los sindicalistas, los empleados públicos, los pobres, los jubilados que protestan, los universitarios—, entonces la bronca no se dirige necesariamente contra el Gobierno. El malestar existe, pero es canalizado hacia enemigos funcionales.
El fin de la promesa, más de lo mismo pero peor
A ese cuadro se suma una contradicción que empieza a corroer el corazón moral del oficialismo: el discurso de honestidad y transparencia mientras se aplica el ajuste. Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa de pureza: venía a terminar con la casta, con los privilegios, con la corrupción y con la política como negocio. Pero la renuncia de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y también por dádivas, perforó esa bandera. Chequeado consignó que, tras revelarse la compra de propiedades y viajes, Adorni blanqueó un aumento patrimonial real del 400%, mientras la oposición ya había impulsado una moción de censura antes de su salida. Los casos del 3% de coima de su Karina, la estafa de la criptomoneda Libra y referentes cercanos a Milei vinculados a los narcos le puso fin al relato.
No se trata de afirmar culpabilidades antes de una sentencia. Se trata de marcar la contradicción política. Mientras el Gobierno exige sacrificio a jubilados, discapacitados. trabajadores, universidades, provincias, pymes y sectores medios, una de las principales figuras del relato oficial quedó atravesada por sospechas sobre patrimonio, viajes, dádivas y privilegios. Adorni no era un funcionario lateral: era la voz cotidiana del Gobierno, el administrador de la explicación oficial y uno de los voceros más agresivos de la superioridad moral libertaria.
La caída de Adorni es simbólicamente potente porque afecta el núcleo narrativo del mileísmo. ¿Cómo se sostiene el discurso de la transparencia cuando quienes lo declaman aparecen investigados por las mismas prácticas que decían venir a destruir? ¿Cómo se justifica el ajuste sobre los de abajo cuando la cima del poder queda asociada a patrimonios que crecen, favores, viajes y privilegios?
La designación de Diego Santilli como reemplazo profundiza esa tensión. Santilli no representa una ruptura con la política tradicional, sino una larga trayectoria dentro del PRO, la Ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio. En términos simbólicos, el gobierno que prometió terminar con la casta terminó recurriendo a una figura profesional de la política para ordenar su crisis.
En ese punto, la disonancia cognitiva vuelve a operar. El votante que defendió el discurso de la pureza puede decir que Adorni es víctima de una operación, que la Justicia debe investigar, que todos los gobiernos tienen problemas, que lo importante es que no vuelva el pasado o que las denuncias son una maniobra de la prensa. Otra vez, la explicación protege la creencia. El dato no alcanza si amenaza una identidad.
Ese es el núcleo del fenómeno. El dato económico puede mostrar inflación acumulada, pérdida del salario mínimo, aumento de la canasta, destrucción de empleo registrado, caída de empleadores y retroceso de inversiones. El dato político puede mostrar contradicciones entre transparencia proclamada y funcionarios investigados. El dato social puede mostrar una conversación pública más violenta. Pero nada de eso produce automáticamente ruptura si la persona sigue necesitando que su voto conserve sentido.
Por eso no alcanza con decir que “la gente vota contra sus intereses”. Esa frase puede tener parte de verdad desde una mirada material, pero suele fracasar como explicación política. Muchas personas no definen sus intereses solo por el ingreso. También los definen por identidad, orden, resentimiento, promesa de futuro, pertenencia, odio al adversario o miedo a volver atrás.
La pregunta central no es si muchos argentinos ven el deterioro. Lo ven. Lo sienten en el changuito, en la factura, en el alquiler, en el sueldo, en el trabajo que se pierde o en el comercio que baja la persiana. La pregunta es qué relato les permite soportar ese deterioro sin romper con su decisión política.
El oficialismo construyó una respuesta: el dolor es necesario, el sacrificio es virtud, la crueldad es sinceridad, el insulto es autenticidad, la pérdida es herencia recibida y cualquier crítica es defensa de privilegios. En ese marco, vivir peor no necesariamente contradice el voto. Puede incluso confirmarlo: “si duele, es porque se está haciendo lo que había que hacer”.
Entender que pasa
La oposición, los sindicatos, los movimientos sociales y el periodismo crítico tienen enfrente un problema más complejo que la simple acumulación de datos. Los datos importan, pero no bastan. Decir “vivís peor” puede ser insuficiente frente a alguien que responde “sí, pero es necesario”. La disputa real empieza en esa segunda parte de la frase.
El deterioro económico puede medirse. La caída de empleadores puede contarse. La pérdida del salario mínimo puede calcularse. La violencia discursiva puede registrarse. La contradicción moral puede señalarse. Pero el arrepentimiento político requiere algo más: que el votante deje de interpretar su sufrimiento como inversión y empiece a verlo como resultado.
Ahí está el costo más alto de este tiempo. No solo vivir peor. También haber sido convencido de que vivir peor era una forma de estar del lado correcto de la historia.
