#Ajuste

El Decreto 1177/2026 abre una línea de financiamiento por hasta US$800 millones y autoriza un primer préstamo de US$300 millones para modernización del empleo público y transformación digital. En un país cuyo stock de deuda bruta ya ronda los US$485.000 millones y donde la pobreza volvió a subir al 32,3%, la pregunta inevitable es más simple que el lenguaje del decreto: ¿para qué hace falta seguir endeudándose?

Desde diciembre de 2023, el salario mínimo quedó por detrás de la inflación, la canasta básica se multiplicó, se perdieron empleos registrados, cayeron los empleadores y la inversión extranjera directa no respondió a la promesa oficial. Sin embargo, una parte de la sociedad que padece ese deterioro sigue defendiendo a Javier Milei. La explicación no está solo en la economía: también intervienen la identidad política, la disonancia cognitiva, el odio como organizador del discurso y la necesidad de justificar el sacrificio.

Finalmente, es una cuestión ideológica: la diferencia entre un modelo que, basado en creencias más que en resultados, deteriora la economía y empuja a más personas a la fragilidad, y otro que, aun imperfecto, impide que el costo del ajuste recaiga completamente sobre la sociedad.