NeuquenNewsEl cambio en el esquema de pagos a médicos de cabecera expuso una crisis más profunda: ingresos profesionales en caída, cobertura más restringida y jubilaciones que no alcanzan. El ajuste ya no es técnico: impacta directamente en el acceso a la salud.
El paro de médicos de cabecera del PAMI durante 72 horas no es un episodio aislado ni una discusión salarial más. Es la manifestación visible de un sistema que empieza a mostrar signos de agotamiento.
La decisión que detonó el conflicto está formalizada: la Resolución 1107/2026 modificó el esquema de pagos y eliminó la consulta médica como prestación individual remunerada. En su lugar, todas las atenciones habituales del médico de cabecera quedaron absorbidas dentro de una cápita fija de $2.100 por afiliado, con un adicional del 20% para regiones como Neuquén.
En términos simples: el médico cobra lo mismo atienda más o menos pacientes.
El cambio no es menor. Hasta ahora, el sistema combinaba un monto fijo por paciente con un pago por consulta. Esa estructura permitía sostener ingresos variables según la demanda real.
Con el nuevo esquema, esa lógica desaparece.
Desde la Appamia advierten que el resultado es una caída de ingresos que puede superar el 50%. Y el planteo no es solo económico: es estructural.
Cuando el sistema deja de pagar por atención efectiva, también elimina el incentivo a ampliar la disponibilidad de turnos. El riesgo es directo:
menos consultas
más demoras
mayor saturación hospitalaria
El ajuste, en este punto, ya no es contable. Es funcional.
El conflicto médico ocurre sobre un terreno social extremadamente frágil.
Según datos de la ANSES, la jubilación mínima en abril de 2026 es de $380.319,31, que alcanza los $450.319,31 con el bono extraordinario de $70.000. Ese bono, además, se mantiene congelado en términos nominales desde 2024.
El dato clave es otro: ese ingreso apenas roza el nivel de subsistencia.
La canasta básica para un adulto equivalente ya se ubica en niveles similares, lo que deja a millones de jubilados sin margen real. Si se considera la canasta específica de adultos mayores —estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en más de $1,8 millones— la brecha es directamente estructural.
En ese contexto, cualquier gasto adicional en salud deja de ser un costo más. Pasa a ser una barrera.
La situación se vuelve más crítica al analizar el acceso a medicamentos.
El PAMI sostiene que mantiene cobertura de hasta el 100% a través de subsidios sociales. Sin embargo, en la práctica, ese acceso ya no es universal. Está condicionado a una serie de requisitos:
ingresos menores a 1,5 jubilaciones mínimas
no tener prepaga
no poseer más de un inmueble
no tener vehículos recientes
justificar carga económica en medicamentos
El resultado es claro: más filtros, más trámites y más demoras.
Para un adulto mayor, esto no es un detalle administrativo. Es una barrera concreta de acceso.
El discurso oficial habla de “reordenamiento”, “eficiencia” y “racionalización”. Pero cuando se observa el sistema en conjunto, la lógica es otra.
Se reduce el ingreso del médico
Se restringe el acceso pleno a medicamentos
Se complejiza el acceso a prestaciones
Se mantiene congelado el bono jubilatorio
El ajuste no desaparece. Se distribuye.
Parte cae sobre el profesional, que empieza a trabajar con menor margen. Parte cae sobre el afiliado, que enfrenta más dificultades para acceder a atención y tratamientos.
Y una parte, silenciosa pero clave, cae sobre el sistema público en general, que absorbe la demanda cuando el primer nivel falla.
En regiones como Neuquén, donde el propio PAMI reconoce mayores costos operativos —de ahí el adicional del 20%— el problema se vuelve más evidente.
Si incluso con ese diferencial la cápita resulta insuficiente, el sistema queda tensionado en su punto más básico: la atención primaria.
En un contexto de crecimiento poblacional vinculado a Vaca Muerta, mayor presión sobre servicios y aumento del costo de vida, el deterioro del acceso a la salud de jubilados no es un dato menor. Es un síntoma de algo más amplio.
El médico de cabecera no es un eslabón más. Es la puerta de entrada al sistema sanitario.
Si esa puerta se debilita:
aumentan las complicaciones evitables
se interrumpen tratamientos
crece la demanda hospitalaria
se profundiza la desigualdad en el acceso
Y, sobre todo, se pierde lo más básico: la continuidad del cuidado.
El conflicto del PAMI no se reduce a una discusión entre médicos y administración.
Es el reflejo de una decisión más amplia: ordenar las cuentas en un sistema donde los recursos son finitos. El problema es cómo se hace.
Cuando el ajuste se apoya en menores ingresos profesionales, mayor burocracia y cobertura condicionada, el costo final no lo paga el sistema. Lo paga el jubilado.
Y en un país donde millones de adultos mayores ya viven al límite, la salud deja de ser una prestación garantizada para convertirse en un equilibrio precario.
Ese es el verdadero problema. No el paro. El sistema que lo explica.
