Neuquén y el límite del modelo Milei

No soy lo que podría llamarse un periodista amigo de quienes hoy gobiernan la provincia. Pero, cuando miro el contexto nacional y observo los datos —los que hablan del bienestar real de la sociedad y del rumbo económico del país— no puedo dejar de marcar las diferencias entre modelos y advertir qué significaría aplicar la “motosierra” en Neuquén. 

Me guste o no esta gestión provincial, y sea o no cercano a Rolando Figueroa —no lo soy—, hay realidades que no dependen de simpatías personales sino de hechos concretos.

Dicho esto, vale aclarar que esta comparación no pretende construir un elogio acrítico de la gestión provincial. Rolando Figueroa —como cualquier administración— tiene desaciertos, tensiones y decisiones discutibles que deben ser señaladas y corregidas, porque la crítica es parte de la salud democrática y también en Neuquén hoy persisten viejos problemas de larga data: déficits de vivienda, infraestructura y servicios.

Hay que decir que la gestión Figueroa también se vio seducida, al comienzo, por el discurso de la motosierra. Recordemos el señalamiento público en medios de comunicación a algunos trabajadores de categorías bajas que fueron despedidos por no cumplir con sus tareas, así como el ajuste en partidas de funcionamiento, todo en nombre de la eficiencia y el ahorro de los recursos del Estado. Más simbolismo que un ajuste profundo.

Sin embargo, aun con esas falencias, el modelo neuquino hoy —con presencia del Estado, inversión social y sostén del trabajo— resulta sustancialmente menos dañino para la vida cotidiana de los neuquinos que el esquema de retracción estatal y confrontación con el mundo del trabajo impulsado por el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

Hay una diferencia esencial entre “ordenar las cuentas” y “desarmar el Estado”. El gobierno nacional de Javier Milei eligió lo segundo y lo presenta como única salida posible: el ajuste como mantra, la paralización de la obra pública como bandera y la retirada del Estado como fin último. El problema es que la realidad de un país no se administra con grandilocuencia; se administra con rutas, escuelas, hospitales, vivienda, seguridad y empleo. Y cuando se retira el Estado, lo que aparece no es la eficiencia milagrosa del mercado —que no parece decidido a aparecer— sino el deterioro concreto de la vida cotidiana.

Los números oficiales muestran que, incluso en un país golpeado y con incertidumbre constante en su macroeconomía, Neuquén exhibe un piso social y laboral más sólido que el promedio nacional. Y esto ocurre porque la provincia, con límites y tensiones, aciertos y errores, tomó una decisión política opuesta a la de la Casa Rosada: sostener la inversión social y el gasto de capital, algo que suele criticarse como “la vieja política”, pero que —en lugar de usar a los sectores más vulnerables como variable de ajuste para exhibir “déficit cero”— logra mantener estabilidad social y sostener un clima de confianza para quienes buscan invertir en el desarrollo de Vaca Muerta.

Empecemos por lo básico: pobreza y trabajo. En el primer semestre de 2025, la pobreza en la Argentina alcanzó al 31,6% de las personas (y la indigencia al 6,9%) para el total de los 31 aglomerados urbanos medidos por INDEC; traducido a personas, son más de 15 millones de argentinos pobres y 3,3 millones de indigentes. En ese mismo informe, el aglomerado Neuquén–Plottier aparece con 26,0% de pobreza y 4,6% de indigencia, por debajo del promedio nacional.

Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por el Ministerio de Capital Humano, desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta fines de 2025 se perdieron casi 300.000 empleos asalariados registrados, de los cuales cerca de 197.000 corresponden al sector privado.

La retracción —equivalente a una caída del 3,1%— golpeó principalmente a la construcción, la industria y otras ramas sensibles a la paralización de la obra pública y al enfriamiento de la actividad económica, confirmando que el deterioro del empleo formal no es un dato aislado sino una consecuencia directa del modelo aplicado.

En el mercado laboral la brecha también es clara. En el tercer trimestre de 2025, la desocupación nacional fue 6,6% (según la medición oficial de 31 aglomerados), mientras que Neuquén–Plottier registró 3,3%, prácticamente la mitad. Estos datos son el resultado de una economía provincial que combina un motor productivo como Vaca Muerta con un Estado que busca sostener crecimiento en infraestructura, urbanización, servicios y contención social; si se cortara todo eso, el “derrame” del imaginario libertario no aparecería y, simplemente, se rompería la trabajosa paz social alcanzada.

Aquí aparece el segundo dato clave para entender el contraste: inversión pública. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que la inversión pública ejecutada por la Nación durante 2025 fue de 2,1 billones de pesos y cayó 27% en términos reales respecto de 2024, llevando el peso de la inversión a alrededor de 0,2% del PBI, el nivel más bajo de la historia reciente. El desplome no es un accidente ni un “exceso” corregido; es una decisión política de asfixiar la inversión pública, concentrando el recorte en las transferencias de capital a provincias y municipios que financian obras de vivienda, energía e infraestructura básica.

Esto se traduce en menos fondos para infraestructura y proyectos que suelen sostener provincias y municipios, menos obra, menos empleo y menos dinamismo local. Ese recorte no “ordena” por sí solo nada; más bien enfría la economía real, aumenta los cuellos de botella y desplaza el costo hacia la sociedad. Mientras tanto, el gobierno nacional continúa mostrando el ajuste como trofeo numérico sin hacerse cargo de sus consecuencias territoriales y sociales.

Neuquén, en cambio, y de cara a los casi dos años de gestión que aún le restan a Rolando Figueroa antes del próximo proceso electoral, ha formalizado y fortalecido otro rumbo en su planificación presupuestaria. Para 2026 fija un presupuesto total de $7,44 billones y prevé un gasto de capital superior a $1,1 billones, con un fuerte peso de los “Servicios sociales”, que alcanzan los $3,97 billones dentro de la estructura del gasto, y con la obra pública como uno de los ejes declarados de la gestión.

Ese contraste explica mucho. Porque cuando el gobierno nacional decide que la obra pública es “cero” y que la asistencia es un “gasto a recortar”, el ajuste no se convierte en un milagro de crecimiento: simplemente multiplica sus efectos. Se traduce en desempleo, alquileres impagables, salas de guardia desbordadas, escuelas saturadas, más informalidad y mayor tensión social; y esa secuencia, en una provincia como Neuquén —con crecimiento poblacional acelerado, fuerte presión habitacional, demanda de infraestructura y un entramado de pymes proveedoras que depende del movimiento económico— sería particularmente destructiva.

El “exitoso” modelo nacional tampoco puede ocultar estos números: cerca de 22.000 empresas desaparecieron del mapa del empleo formal en Argentina desde el inicio del actual esquema económico, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que muestran la caída sostenida de empleadores entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

¿Qué pasaría si Neuquén aplicara hoy el manual nacional y calcara el “modelo Milei”: recortar fuerte sobre sectores vulnerables, abandonar en los hechos a los discapacitados y a los jubilados a través de recortes y demoras, y llevar la inversión social y la obra pública a cero?

Primero, un golpe directo al empleo, no sólo en la construcción sino también en comercio, transporte, servicios, gastronomía, logística y pymes proveedoras, porque en una economía provincial donde el consumo y el trabajo se sostienen por el movimiento real del territorio, el freno se propagaría rápidamente.

Segundo, un deterioro acelerado del soporte del desarrollo: en una provincia de fuerte crecimiento poblacional, se paralizarían las obras para descongestionar las rutas hacia Vaca Muerta, se multiplicarían los barrios sin servicios básicos y los sistemas públicos de salud y educación entrarían en crisis. En Neuquén, la infraestructura es la condición para que la economía funcione sin romperse por cuellos de botella que terminan limitando el crecimiento y pagándose con más inflación local y más desigualdad.

Tercero, un aumento previsible de pobreza e indigencia. Porque cuando se corta el auxilio social en un contexto donde la canasta básica sigue siendo el umbral de supervivencia, la pobreza deja de ser una discusión abstracta y se multiplica en la realidad cotidiana. El propio INDEC muestra que, aun con Neuquén mejor que el promedio, el problema existe; la diferencia es si el Estado amortigua el golpe o se retira.

El fondo de la cuestión es político. El gobierno nacional eligió demostrar “fuerza” recortando donde más duele, presentar la caída del gasto de capital como triunfo moral y tratar la inversión pública como si fuera prescindible, aunque lo que recorta en los hechos sean viviendas, rutas, hospitales y energía.

Un Estado imperfecto vale más que el abandono.

El contraste se vuelve más tangible cuando emergen crisis concretas: los incendios que afectaron a parte de la Patagonia expusieron la debilidad de un Estado nacional que llegó tarde, con recursos limitados y sin conducción visible, mientras las comunidades locales y los gobiernos provinciales debieron sostener la respuesta con medios propios.

Ese tipo de episodios muestra la diferencia entre un Estado que se retira y uno que, aun imperfecto, permanece. Aplicar en Neuquén el “modelo Milei” no sería una reforma ni una modernización: sería una demolición social cuyo costo real no pagarían los funcionarios que celebran el ajuste, sino las pymes productivas generadoras de empleo, los trabajadores, los desocupados y quienes hoy ya viven al límite.

En definitiva, la sociedad neuquina —que, con altibajos, ha vivido en condiciones distintas al promedio del país— conocería cómo es vivir bajo el llamado “milagro anarcocapitalista”. Y la pregunta es si, como sociedad, una vez que crucemos esa línea, habrá retorno.