Arrasó con un bosque patagónico de arrayanes y deberá pagar casi 67 millones de pesos

La intervención de la maquinaria pesada y las motosierras sobre un terreno ubicado en la zona costera derivó en una de las penalidades económicas más duras de los últimos años en la región cordillerana. Tras una exhaustiva inspección en el lugar, las autoridades confirmaron la destrucción de flora protegida y el avance de obras sin ningún tipo de aval oficial.

Desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificaron la firmeza de la sanción y explicaron que los informes técnicos incorporados al expediente resultaron lapidarios. Según detallaron los voceros del tribunal, los especialistas calificaron el hecho como un "daño ambiental puntual permanente" debido a la enorme gravedad de las alteraciones provocadas sobre el frágil equilibrio del bosque andino. 

El costo de arrasar con la naturaleza

El descubrimiento del desmonte encendió todas las alarmas en el municipio local. Los inspectores que recorrieron la propiedad verificaron la apertura de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron una superficie superior a los 1300 metros cuadrados. Todo este despliegue se ejecutó en la clandestinidad más absoluta y sin presentar la documentación correspondiente en las oficinas públicas. 

El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para la vegetación de la zona. Las actas labradas documentaron la extracción ilegal de quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes. Al describir el escenario, las fuentes judiciales indicaron que "muchos otros árboles nativos quedaron con sus raíces totalmente expuestas" y advirtieron sobre el altísimo riesgo de muerte que enfrenta la flora tras las profundas excavaciones realizadas en el predio.

Castigo económico y reparación obligada

Frente a la magnitud del daño, el Tribunal Municipal de Faltas decidió aplicar todo el rigor de la normativa vigente declarando a los propietarios como responsables solidarios de múltiples infracciones. La sumatoria de las faltas por daño ambiental, tala de especies protegidas, desobediencia a las intimaciones previas e irregularidades urbanísticas derivó en una sanción exacta de 66.950.000 pesos.

El fallo judicial obliga a los infractores a ir mucho más allá del simple pago de la multa económica. Desde el juzgado fueron categóricos al sostener que los dueños del lote "deberán cumplir con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente", una directiva que busca garantizar que el terreno intervenido recupere al menos una parte de su fisonomía y vitalidad original.

Para asegurar el cumplimiento de esta restauración integral, la sentencia impone exigencias innegociables. Los responsables tendrán que adquirir y plantar veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta supervisión de los equipos técnicos. Las autoridades adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la propiedad y exigirán el ingreso irrestricto de los inspectores hasta verificar que se respete cada punto de la medida impuesta para mitigar el impacto ecológico.