NeuquenNewsHay noticias que informan y otras que, sin proponérselo, retratan el estado de un país. La pasantía realizada por submarinistas argentinos en la Base Naval del Callao pertenece a la segunda categoría.
Durante tres semanas, una delegación del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina participó de navegaciones, pruebas de sistemas y ejercicios operativos a bordo del BAP Arica, una unidad Tipo 209 de la Marina de Guerra del Perú.
Los argentinos fueron instruidos en procedimientos de navegación submarina, simuladores de ataque, periscopio y trimado. También recibieron capacitación sobre el sistema de control de tiro KALLPA, el sonar de flanco y el periscopio optrónico SERO-250.
No fue una visita protocolar ni una recorrida académica. Fue entrenamiento real en un ambiente que la Argentina ya no puede proporcionar con medios propios.
La actividad merece dos lecturas.
La primera es profesional y positiva. La cooperación con Perú permite conservar conocimientos, procedimientos y experiencia práctica. Los submarinistas argentinos pueden navegar, operar equipos, acumular horas de inmersión y mantener una especialidad que no se aprende únicamente en aulas o simuladores.
La segunda lectura es política y resulta mucho más incómoda: la Argentina conserva submarinistas, escuelas, doctrina y memoria institucional, pero no tiene submarinos operativos.
Desde la pérdida del ARA San Juan, ocurrida en noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes, la Armada Argentina quedó sin capacidad de combate submarino.
En el inventario continúan figurando el ARA Salta, botado en 1972, y el ARA Santa Cruz, incorporado en 1984. Sin embargo, ninguna de las dos unidades se encuentra en condiciones de realizar patrullas operativas.
El Salta se utiliza para actividades de instrucción y simulación sin navegación efectiva. El Santa Cruz permanece fuera de servicio, después de que su reparación de media vida quedara interrumpida.
La Argentina tiene, por lo tanto, una Fuerza de Submarinos sin submarinos. No se trata de un juego de palabras. Es la descripción de una política de defensa sostenida sobre el esfuerzo del personal, pero privada de los medios materiales necesarios para cumplir su misión.
Las prácticas en Perú tampoco son un episodio aislado. Existen entrenamientos documentados desde 2018 y contingentes registrados en 2021, 2024, 2025 y 2026. En todos los casos, oficiales y suboficiales argentinos viajaron al Callao para completar navegaciones, inmersiones y ejercicios que no podían realizar en su propio país.
Lo que comenzó como una respuesta razonable frente a una emergencia terminó convirtiéndose en un componente estructural de la formación.
La cooperación peruana es valiosa y merece reconocimiento. El problema no está en viajar al Callao. El problema es que, después de casi nueve años sin capacidad submarina, la Argentina continúa dependiendo de otro país para evitar que una especialidad estratégica desaparezca.
La gratitud hacia Perú es necesaria. Pero la gratitud no reemplaza una política de defensa.
La comparación resulta todavía más dura cuando se observa lo que hace el país que recibe a los marinos argentinos. Perú mantiene una flota de seis submarinos Tipo 209 y desarrolla un programa de modernización destinado a extender la vida útil de sus unidades. Los trabajos incluyen intervenciones sobre cascos, sistemas de navegación, comunicaciones, sensores y armas.
Pero Perú no se limitó a reparar embarcaciones antiguas.
En noviembre de 2024, SIMA Perú y la compañía surcoreana HD Hyundai Heavy Industries firmaron un acuerdo para desarrollar nuevas capacidades submarinas. El proceso avanzó durante 2025 hacia un contrato de codesarrollo y futura coproducción de submarinos en territorio peruano, con transferencia tecnológica y participación de la industria local.
El país que hoy presta sus submarinos para que los argentinos no pierdan entrenamiento ya trabaja para diseñar, construir y mantener las unidades de su próxima generación. No está comprando solamente buques. Está buscando conocimiento, autonomía industrial, empleo especializado y capacidad tecnológica.
Esa diferencia es central.
Una política de defensa no consiste exclusivamente en adquirir un sistema de armas terminado. También supone construir astilleros, formar ingenieros, desarrollar proveedores, garantizar mantenimiento y conservar el conocimiento durante décadas.
La Argentina tuvo parte de esa capacidad. Construyó y reparó submarinos en sus propios astilleros. Hoy envía a sus tripulantes a navegar en unidades extranjeras mientras sus instalaciones trabajan muy por debajo del potencial que alguna vez tuvieron.
Brasil se encuentra en otra escala. Desde 2008 desarrolla el programa PROSUB en asociación con la empresa francesa Naval Group. El proyecto no se limitó a la adquisición de submarinos: incluyó transferencia tecnológica, construcción de infraestructura, formación de personal y producción de unidades en el complejo naval de Itaguaí.
Brasil ya incorporó varios submarinos convencionales de la clase Riachuelo y avanza con el Álvaro Alberto, concebido como el primer submarino de propulsión nuclear de América Latina.
No compró solamente submarinos. Compró la posibilidad de construirlos, mantenerlos y evolucionarlos. Chile, por su parte, conserva una fuerza integrada por dos Scorpène y dos Tipo 209 modernizados. Colombia también mantiene unidades submarinas y Ecuador sostiene su propia capacidad.
Argentina no es el único país sudamericano sin submarinos. Sí es la única de las principales marinas de la región con una extensa tradición submarinista que perdió completamente su capacidad operativa.
Ese retroceso no ocurrió de un día para otro. Es el resultado de décadas de presupuestos insuficientes, decisiones postergadas, proyectos interrumpidos y ausencia de una estrategia sostenida más allá de los cambios de gobierno.
La respuesta del Gobierno nacional es el proyecto de adquisición de tres submarinos Scorpène de la empresa francesa Naval Group.
Las negociaciones comenzaron a tomar estado público en 2024, cuando se firmó una carta de intención. Ese documento expresó la voluntad de avanzar, pero no generó una obligación contractual ni aseguró el financiamiento.
En noviembre de 2025, el presidente Javier Milei presentó la operación como una compra en marcha y aseguró que la Argentina adquiriría submarinos y patrulleros franceses.
Sin embargo, las declaraciones presidenciales no fueron acompañadas hasta ahora por un contrato definitivo, un esquema financiero cerrado ni un cronograma firme de construcción y entrega.
El costo estimado ronda los 2.300 millones de dólares. El principal obstáculo es precisamente el financiamiento: la Argentina necesita créditos y garantías que permitan afrontar una operación de semejante magnitud sin comprometer el funcionamiento del resto del sistema de defensa.
Hasta que ese punto no sea resuelto, no existe una compra. Existe una negociación.
La diferencia no es semántica.
Un anuncio no navega. Una carta de intención no patrulla el Atlántico Sur. Una declaración presidencial no forma una tripulación ni sostiene un astillero. Incluso en el escenario más optimista, la recuperación llevará años. Un submarino no se fabrica de inmediato y su incorporación exige infraestructura, armamento, entrenamiento, logística y mantenimiento.
Para cuando una eventual primera unidad esté operativa, habrá transcurrido más de una década desde la pérdida del ARA San Juan. Una generación completa de submarinistas habrá sido formada, al menos parcialmente, en buques extranjeros.
Sería un error reducir toda la discusión a la firma de un contrato. La tragedia del ARA San Juan dejó una enseñanza que la política argentina suele evitar: tener un submarino no significa poseer una capacidad submarina real.
Un casco sin mantenimiento adecuado, sin repuestos, sin presupuesto para navegar y sin controles rigurosos puede convertirse en una ficción operativa y, en el peor de los casos, en una tragedia.
Recuperar el arma submarina exige algo más que una compra millonaria. Requiere continuidad presupuestaria, planificación de largo plazo, transparencia, controles civiles, inversión en astilleros y una estructura de mantenimiento que no dependa de decisiones improvisadas.
También exige determinar qué participación tendrá la industria nacional. Si la Argentina destina miles de millones de dólares únicamente a importar unidades terminadas, recuperará una capacidad militar, pero habrá perdido una oportunidad industrial y tecnológica.
La diferencia entre soberanía y dependencia no está solamente en tener un submarino. También está en saber repararlo, modernizarlo y mantenerlo operativo.
La Argentina posee 4.725 kilómetros de litoral atlántico, una extensa Zona Económica Exclusiva y una plataforma continental cuyo límite exterior recibió recomendaciones favorables de la Comisión de Límites de las Naciones Unidas, con excepción de las zonas sometidas a controversias de soberanía.
En ese espacio conviven recursos pesqueros, rutas comerciales, infraestructura portuaria, cables submarinos, intereses energéticos y una disputa territorial abierta con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
También operan centenares de buques extranjeros en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva. La pesca que realizan en alta mar no es automáticamente ilegal, pero se desarrolla sin un organismo regional que establezca límites efectivos sobre especies migratorias y constituye una amenaza ambiental y económica.
La ilegalidad se configura cuando esas embarcaciones ingresan sin autorización a aguas bajo jurisdicción argentina, algo que ha ocurrido en reiteradas oportunidades.
En ese escenario, la defensa del mar no puede depender solamente de patrulleros, aviones y radares.
Los submarinos constituyen una herramienta de enorme valor disuasivo. Su sola presencia obliga a cualquier actor externo a modificar sus planes, porque una unidad sumergida es difícil de localizar, seguir y neutralizar.
Pero para que esa disuasión exista, el submarino debe navegar.
La Argentina afirma sus derechos sobre el Atlántico Sur, denuncia la ocupación británica de las Malvinas y sostiene que sus recursos marítimos son estratégicos. Sin embargo, lleva casi nueve años sin una de las principales capacidades necesarias para respaldar esa posición.
La soberanía no se sostiene únicamente con declaraciones diplomáticas. También requiere presencia, vigilancia y medios capaces de disuadir.
La situación de los submarinistas argentinos resume una contradicción más profunda. El país conserva profesionales capacitados, pero les pide que mantengan viva su especialidad en buques prestados. Conserva astilleros, pero no los integra a un programa sostenido de construcción. Anuncia compras, pero no consigue financiamiento. Habla de soberanía, pero posterga los instrumentos necesarios para ejercerla.
Los hombres y mujeres de la Fuerza de Submarinos hacen lo que está a su alcance: estudian, entrenan, viajan y conservan conocimientos que el Estado estuvo a punto de dejar extinguir. No son ellos quienes deben dar explicaciones.
La explicación la debe la dirigencia política que permitió que un país con miles de kilómetros de costa, enormes recursos marítimos, una disputa de soberanía abierta y una larga tradición naval lleve casi nueve años sin un solo submarino operativo.
Mientras Brasil construye, Perú moderniza y Chile planifica, la Argentina continúa anunciando. Y mientras los funcionarios discuten cartas de intención, créditos y contratos que nunca terminan de llegar, los submarinistas argentinos siguen aprendiendo a defender su propio mar desde el interior de un submarino ajeno.
