El Sindicato de Prensa denunció una “caza de brujas” del Gobierno

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que el Gobierno nacional impulsa una “caza de brujas” contra periodistas en un contexto de creciente confrontación con medios y trabajadores de prensa. La reacción del gremio se produjo luego de que el periodista de Infobae y delegado sindical Juan Pablo Piscetta quedara mencionado en el marco de la controversia por una supuesta red de desinformación financiada desde Rusia.

Según publicó InfoGremiales, el sindicato sostuvo que la ofensiva oficial busca desviar la atención pública de “investigaciones serias del periodismo crítico” sobre presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, dádivas y otros posibles delitos que alcanzarían a altas esferas del Poder Ejecutivo. 

El comunicado de SiPreBA, difundido el 4 de abril, expresó un respaldo explícito a Piscetta y afirmó que el periodista “desmintió categóricamente los hechos” que lo vinculan con una campaña paga por agentes rusos. El gremio encuadró el episodio dentro de lo que definió como “graves ataques y hostigamiento sistemático” del Gobierno sobre la actividad periodística, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar a la prensa en su función de control de los actos de gobierno. También apuntó contra “intereses mediáticos” y contra “el aparato de propaganda del Gobierno, como La Derecha Diario”, al que acusó de utilizar una investigación cuestionada para criminalizar la tarea periodística y convertir en chivos expiatorios a trabajadores precarizados. 

El trasfondo del conflicto está dado por una investigación internacional que tomó estado público en los últimos días. De acuerdo con esa filtración, un grupo de espionaje ruso denominado “La Compañía”, señalado como una derivación del esquema Wagner, habría impulsado entre junio y octubre de 2024 la publicación de más de 250 artículos en más de 20 medios digitales argentinos, con un presupuesto estimado de al menos 283.100 dólares. El objetivo, según ese trabajo, habría sido desacreditar al gobierno de Milei, amplificar tensiones internas y favorecer a sectores opositores. El Gobierno argentino dijo que la SIDE ya había detectado la maniobra en 2025 y que la presentó ante la Justicia, mientras que la embajada rusa rechazó las acusaciones y las calificó como infundadas.

En ese escenario, el caso dejó de ser solo una discusión sobre una presunta operación extranjera y pasó a convertirse en otro capítulo de la disputa entre el oficialismo y el periodismo. La propia investigación periodística internacional ya había advertido que la revelación de esta trama aparecía en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada, golpeada por otras publicaciones sobre el caso $Libra y por informes sobre el patrimonio y nivel de vida de funcionarios nacionales. Es sobre ese punto donde SiPreBA puso el acento: no solo denunció una persecución contra periodistas, sino que interpretó la embestida oficial como una maniobra política para recuperar la agenda pública en medio de denuncias incómodas para el poder. 

La declaración sindical sumó, además, un componente gremial. SiPreBA vinculó los ataques a la pelea salarial en prensa, al rechazo del sindicato a la reforma laboral y a la defensa del Estatuto del Periodista Profesional. En otras palabras, el gremio no leyó este episodio como un hecho aislado, sino como parte de una confrontación más amplia entre un Gobierno que mantiene un discurso cada vez más agresivo contra la prensa crítica y un sector periodístico que denuncia intentos de estigmatización y disciplinamiento. 

Más allá de cómo avance la investigación judicial sobre la supuesta trama rusa, el hecho político ya está planteado: el caso escaló en simultáneo como conflicto diplomático, como disputa por la credibilidad de determinadas publicaciones y como nuevo frente de batalla en la relación entre Milei y los medios. Y allí aparece el núcleo de la denuncia del sindicato: cuando la discusión pública se corre desde el contenido de las investigaciones periodísticas hacia la descalificación de quienes las publican, lo que queda bajo presión no es solo un periodista o un medio, sino el lugar mismo de la prensa en una democracia.

Fuente: InfoGremiales, comunicado de SiPreBA