
Ante reiterados pedidos del SEJuN el TSJ solicitó a Salud la vacunación del personal judicial
El Dr. Roberto Germán Busamia solicitó a la Ministra Andrea Peve la inclusión del personal judicial en el plan de vacunación para personal esencial.
REGIONALES27/05/2021
NeuquenNews
El Tribunal Superior de la provincia del Neuquén se dirigió a través de una nota a la ministra de salud de la provincia, Andrea Peve, para solicitar a "la Sra. Ministra que tenga a bien analizar y definir la inclusión gradual y progresiva del personal judicial en el Plan Estratégico de Inmunización contra el COVID 19 que lleva adelante como Autoridad Sanitaria" Provincial.
La nota, que lleva la firma del presidente del TSJ, Germán Busamia, expresa que "Esta iniciativa es consecuencia de presentaciones recientes que ha recibido el Tribunal Superior de Justicia desde el Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia del Neuquén ("SEJUN") y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia del Neuquén ("AMyF"). En forma coincidente ha formulado recomendación la Comisión Mixta de Salud, Higiene y Seguridad del Poder Judicial de la Provincia -con integración plural-".
447 casos positivos de covid-19
Más adelante expresa que "En lo institucional estimamos que este es el momento adecuado para llevar ante la Sra. Ministra esta petición, ya que sin perjuicio del trabajo serio y responsable hecho al interior del Poder Judicial, con gran compromiso individual y colectivo, registramos al jueves 27-5-2021 63 casos positivos en personal judicial, con un acumulado desde el mes de Marzo 2020 de 447 casos, con impacto en alrededor de 1200 empleados que han debido recibir indicación de aislamiento preventivo por contacto estrecho”.
En la nota dirigida a la ministra destacan además que “Es muy importante considerar que el abordaje sanitario a partir de este momento requiere la consideración de la vacunación gradual pero que alcance a la totalidad del personal judicial que esté convocado a tareas presenciales, ya que además de la gran variedad de labores que se realizan con atención al público -sin perjuicio de la restricción y excepcionalidad de esa posibilidad, y bajo protocolos preventivos-, el inminente operativo electoral a desplegar desde el Juzgado Electoral Provincial para la elección municipal prevista para el segundo semestre 2021, y las contribuciones que desde los Juzgados de Paz a lo largo de toda la provincia -más la dotación del Juzgado Electoral Provincial- se deberán prestar al proceso electoral nacional (en los meses de Septiembre y Noviembre 2021), imponen como condición de poder llevar adelante ese desafío en condiciones seguras que se garantice la vacunación al total de personal judicial que realizará tareas electorales, que oficiará de Delegados de la Justicia Electoral Provincial en las escuelas, y que oficiará de Autoridades de Mesa en la ciudad.
Proceso electoral
Estamos hablando de alrededor de 120 establecimientos educativos en la ciudad (unos 240 Delegados), con unas 630 mesas de votación (unas 1900 Autoridades, con unas 1000 provenientes del Poder Judicial), lo que implicará la afectación de alrededor de 1500 empleados, funcionarios y magistrados judiciales afectados al proceso electoral como integrantes de la dotación de Justicia Electoral, Delegados de Escuela y Autoridades de Mesa.
Es por estas razones, teniendo presente los pedidos expresos que este Tribunal Superior de Justicia ha recibido del Sindicato de Empleados Judiciales y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios -que se adjuntan-, más las recomendaciones de la Comisión Mixta, que peticionamos a la Sra. Ministra tenga a bien evaluar y definir la inclusión del personal judicial -empleados, funcionarios y magistrados- en la posición más próxima posible del Plan de Vacunación provincial, con una progresión en la vacunación que contemple darle prioridad al personal que realiza tareas presenciales y con atención al público, y que vayan a participar en el operativo electoral 2021, pero que contemple -por las razones explicadas- a la totalidad del plantel de personal judicial que está en condiciones de ser convocado al trabajo presencial".


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