La Justicia avaló el amparo de Río Negro contra Nación por el abandono de la Ruta 151

La disputa por el estado de la Ruta Nacional 151 sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal de General Roca, Hugo Greca, admitió el amparo colectivo presentado en julio por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, cinco intendentes y cámaras empresarias, contra el Estado nacional por la falta de mantenimiento de la traza. La decisión implica avanzar con una medida de reconocimiento judicial en la que peritos de ambas partes evaluarán los tramos más deteriorados.

La presentación provincial buscaba obligar a Nación a ejecutar “obras mínimas de conservación” para garantizar la seguridad de quienes transitan a diario los 150 kilómetros de la ruta, que conecta Cipolletti con La Pampa y es clave para la actividad petrolera y el transporte regional. El deterioro de la calzada se volvió foco de críticas luego del accidente ocurrido en julio cerca de Catriel, donde murieron cuatro personas en medio de una nevada.

En su fallo, Greca señaló que el “alto estado de deterioro” de la ruta “no sería hipotético ni especulativo” y que la situación expone una “lesión de escala social” por la supuesta omisión del Estado nacional en su deber de conservación. El magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema para habilitar la vía excepcional del amparo, justificándola en el riesgo concreto de “daños irreversibles” para los usuarios.

Desde el Gobierno provincial celebraron el paso judicial. Pérez Estevan afirmó que la decisión permite “dejar en evidencia la gravedad del abandono” y volvió a cuestionar la “desidia nacional” que, según sostuvo, pone “vidas humanas en riesgo”. El funcionario agregó que el propio Estado nacional reconoció que en los últimos dos años “no ejecutó obras sustanciales” en la traza.

En paralelo, Nación ya había contestado la demanda a través de su apoderado, Enrique Palmieri, quien cuestionó la legitimidad de algunos de los firmantes –como cámaras empresarias y la Defensoría del Pueblo de Río Negro– y buscó despegar a la Secretaría de Transporte del reclamo, apuntando que la responsabilidad recae en Vialidad Nacional.

En cuanto al fondo, el escrito de Vialidad detalló que existió un contrato de conservación mejorativa entre la Ruta 22 y Catriel, adjudicado a la empresa Luciano S.A., pero que fue neutralizado en octubre de 2023 tras un avance de apenas 10%. También mencionó trabajos de bacheo, sellado de fisuras, desmalezamiento y señalización, aunque admitió que son insuficientes para el grado de deterioro.

El organismo enumeró además proyectos en carpeta: un plan definitivo de reconstrucción de calzada en el tramo entre Cipolletti y el límite con La Pampa –cuyo primer intento de licitación fracasó en abril de 2024–, y un proyecto preliminar para un paso bajo nivel en el cruce ferroviario de Cipolletti. No obstante, subrayó que “el Estado Nacional tiene discrecionalidad en la asignación de recursos presupuestarios” y que ordenar obras por vía judicial sería un “entrometimiento en cuestiones técnicas del Poder Administrador”.

El expediente seguirá en el Juzgado Federal de Roca, donde el juez Greca deberá definir, tras el reconocimiento judicial, si corresponde dictar medidas cautelares como el bacheo provisorio, señalización inmediata y un plan de obras con informes periódicos. El Gobierno nacional ya advirtió que, en caso de un fallo adverso, podría llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia.