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Anteriormente y mediante un acuerdo, había sido condenado por cometer estafas en la venta de terrenos por un valor aproximado de 1 millón de dólares, a través de la sucursal en Villa La Angostura de una inmobiliaria con sede en Buenos Aires.
El juicio de cesura comenzó el lunes y estaba programado para realizarse durante cuatro jornadas. Tras la recepción de aproximadamente 30 declaraciones testimoniales, finalmente demandó tres jornadas.
Los delitos por los cuales se debe fijar la condena y por los que la fiscalía, los abogados querellantes que representan a las víctimas y la defensa de Fernández, acordaron la responsabilidad penal son estafa (36 hechos de estafas, 34 inmobiliaria y 2 financieras) y desbaratamiento de derechos acordados (3 hechos), todos en carácter de autor y en concurso real art (artículos 173 inciso 11, 45, 172 y 55 del Código Penal).
Luego de la producción de la prueba, los representantes del MPF valoraron las circunstancias agravantes y atenuantes particulares del caso y pidieron que se impongan 7 años y 6 meses de prisión. La querella particular, por su parte, requirió 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la defensa, 1 año y 6 meses.
El tribunal colegiado que intervino durante el debate está integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Maximiliano Bagnat y Federico Sommer. Los jueces adelantaron que darán a conocer la pena mañana.
Reseña del caso
El 8 de marzo de 2024 se le formularon cargos por 45 hechos de estafas en concurso real y en calidad de autor, de los cuales 43 habían sido cometidos bajo la modalidad de estafas inmobiliaria, mientras que las 2 restantes fueron bajo la modalidad de estafa financiera, por un monto aproximado de 1,2 millones de dólares.
A pedido de la fiscalía el caso fue declarado complejo, y se fijó un plazo de investigación de 6 meses, término que fue prorrogado en tres oportunidades.
Durante el desarrollo de la investigación, el número de hechos fue modificándose y el 20 de diciembre de 2024 se reformuló la acusación, atribuyéndole en total 49 hechos de estafas (47 inmobiliarias y 2 financieras) y un hecho de desbaratamiento de derechos acordados.
El Ministerio Público Fiscal aseguró que las evidencias recolectadas, entre las que figuran distintos boletos de compraventa y también escrituras, “llevaron al Ministerio Público Fiscal a la necesidad de reformular los cargos en relación a la venta de algunas unidades funcionales".
Por último, el 3 de febrero pasado y tras procesar toda la información recolectada, hubo una nueva reformulación de cargos en la que se le atribuyeron un total 39 hechos, por los que finalmente aceptó su responsabilidad y fue condenado.
Los hechos
Las estafas fueron cometidas bajo tres modalidades comisivas, entre agosto de 2017 y diciembre de 2023.
- La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.
- La segunda modalidad adoptada consistió en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.
- La tercera fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.
El monto de la estafa fue aproximadamente de 1 millón de dólares.
