Mientras las temperaturas en Neuquén descienden en pleno invierno, decenas de familias del asentamiento “Cañadón” -ubicado entre 7 de Mayo y 2 de Mayo, a metros de Casimiro Gómez y la Autovía Norte- viven sin energía eléctrica en condiciones críticas.
REGIONALES19/06/2025
NeuquenNews
Esta semana protagonizaron un corte de calle que paralizó una de las principales arterias del oeste neuquino, exigiendo algo tan básico como el acceso a la electricidad. Pero lo que parece un reclamo puntual, es en realidad la punta de un problema profundo: la falta de planificación y de respuesta estructural del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) frente a la creciente necesidad de tierras urbanizadas y viviendas en la capital provincial.
Conexiones precarias, respuestas precarias
La Cooperativa CALF, responsable de distribuir energía en Neuquén, fue clara en su comunicado: las conexiones del asentamiento Cañadón son irregulares, realizadas en tierras que son propiedad del IPVU. Por eso, aseguran, no tienen forma de intervenir. El problema no radica en la red formal, sino en los precarios tendidos que los propios vecinos montaron ante la ausencia total de servicios.
Durante el invierno, cuando no hay gas natural, estos vecinos se calefaccionan con artefactos eléctricos. La sobrecarga sobre esos cableados caseros genera fallas, cortocircuitos, y en muchos casos, peligro real de incendio o electrocución. El problema es conocido y se repite todos los años. Lo que falta es la decisión de resolverlo desde la raíz.
IPVU: un organismo sin reacción ante la demanda urbana
Desde hace más de una década, el IPVU reconoce la existencia de una demanda insatisfecha de más de 50.000 lotes con servicios y viviendas sociales en la provincia. Sin embargo, no hay un plan integral en marcha que permita ordenar el crecimiento urbano en zonas como el oeste neuquino, donde proliferan asentamientos espontáneos y tomas de tierra ante la imposibilidad de acceder a un terreno legal.
En lugar de articular políticas activas de urbanización, el IPVU llega tarde o no llega, dejando que los conflictos sociales escalen. Tal como ocurre en el asentamiento Cañadón, donde CALF sólo puede actuar cuando los terrenos estén regularizados, los planos aprobados y las calles formalizadas. Sin ese paso previo, la cooperativa no tiene margen legal ni técnico para llevar electricidad segura.
No es la primera vez
La situación no es nueva. Entre 2019 y 2021, CALF impulsó un área de inclusión para regularizar el servicio eléctrico en sectores como la “Toma CALF” en el oeste de la ciudad. En ese caso, fue necesario que el municipio y el IPVU avanzaran primero con una mínima regularización territorial, lo que permitió colocar postes, transformadores y cableado seguro.
El antecedente demuestra que cuando hay voluntad política y coordinación institucional, los servicios llegan. Pero también deja en evidencia que sin planificación ni decisión, el sistema se estanca en su propia burocracia, mientras miles de personas se enfrentan al invierno sin lo básico.
Una deuda estructural
Lo ocurrido en Cañadón debería interpelar no sólo al IPVU, sino al gobierno provincial en su conjunto. Neuquén crece al ritmo que impone Vaca Muerta, pero la política habitacional sigue siendo reactiva, improvisada, limitada a respuestas parciales.
El acceso a un lote con servicios no puede ser un privilegio reservado a quienes acceden al crédito o al padrón. Tampoco puede seguir delegándose en asentamientos informales la tarea de urbanizar la ciudad por necesidad. En tiempos donde se discute la redistribución de los recursos energéticos, la falta de electricidad en barrios enteros no es solo un problema técnico: es una expresión directa de desigualdad y abandono.
¿Qué sigue?
El IPVU se comprometió esta semana a intervenir en el conflicto de Cañadón. Pero las promesas aisladas no reemplazan un plan. Lo urgente es dar respuestas a los vecinos, sí. Pero lo imprescindible es que el Estado provincial recupere la capacidad de planificar, urbanizar y garantizar el derecho al hábitat, en lugar de llegar siempre después del conflicto.
Porque si el Estado no garantiza el acceso al suelo urbano, lo que queda es lo que ya vemos: familias colgándose de los cables, arriesgando la vida, para no morir de frío.
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