El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando una respuesta urgente sobre nueve expedientes judiciales que documentan graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas contra su propia tropa durante la Guerra de Malvinas.
ACTUALIDAD18/06/2025
NeuquenNews
Estos casos, que llevan más de cuatro años sin resolución, cuentan con un dictamen del Procurador General de la Nación fechado el 22 de noviembre de 2022, pero permanecen estancados en el máximo tribunal. El reclamo del CECIM denuncia no solo la impunidad prolongada sino también el desinterés institucional en dar respuesta a crímenes cometidos durante el conflicto bélico de 1982.
“No nos escuchan”
Desde el CECIM señalan con claridad que los responsables de las torturas fueron miembros de las propias Fuerzas Armadas argentinas, actuando bajo el mando del entonces presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Anaya y el general Lamidozo, todos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que regía en plena dictadura militar. “No escuchan a los soldados argentinos torturados por las Fuerzas Armadas Argentinas bajo las órdenes de Galtieri, Anaya y Lamidozo, que actuaron en todo el territorio nacional, inclusive en nuestras Islas Malvinas”, expresaron en su comunicado oficial.
El CECIM remarcó también que la Corte Suprema incumple su rol constitucional al no dar respuesta ni garantizar el acceso a la justicia para las víctimas:
“Esta Corte Suprema de Justicia evidencia un desinterés en garantizar que el Poder Judicial brinde a los argentinos un servicio de Justicia que se ajuste a la Constitución y las leyes vigentes, alejándose de garantizar las garantías procesales".
El otro silencio de Malvinas
Desde hace años, el CECIM La Plata viene denunciando torturas, enterramientos forzados, castigos físicos, abandono sanitario y tratos inhumanos sufridos por soldados conscriptos durante el conflicto del Atlántico Sur, no por parte del enemigo británico, sino de sus propios superiores. Los hechos incluyen desde estaqueamientos bajo temperaturas bajo cero, negación de alimentos, golpizas, hasta muertes por abandono.
En 2007, un fallo clave de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había reconocido que estos actos podían ser considerados crímenes de lesa humanidad, aunque la investigación judicial fue derivada a distintas jurisdicciones, perdiendo ritmo y visibilidad. Desde entonces, más de 120 militares han sido denunciados, pero ninguno fue condenado.
Los nueve expedientes que ahora reclama el CECIM involucran a más de 100 víctimas, y son considerados esenciales para que se haga justicia. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra: muchos soldados han fallecido sin ver justicia, y otros viven con secuelas físicas y psicológicas sin reparación ni reconocimiento pleno.
Un reclamo que nos atravieza como sociedad
El pedido del CECIM no es solo judicial, es también político, ético y cultural. En una Argentina donde el relato de Malvinas muchas veces es reducido al enfrentamiento bélico contra una potencia extranjera, estas causas exponen una dimensión incómoda y profundamente nacional del conflicto, que interpela a las Fuerzas Armadas, al Estado, y al sistema judicial.
Mientras la Corte Suprema mantiene su silencio, el grito de los ex soldados sigue vivo: no reclaman venganza, sino justicia.
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