A 34 años de la detención de Walter Bulacio: crónica del caso de violencia institucional que sigue impune

En una Argentina caótica (¿cuándo no lo es?, sería la pregunta) marcada por la salida de la hiperinflación con la nueva la ley de convertibilidad, las ruinas de la industria nacional, privatización de todo lo que pertenecía al

Estado, una cultura floreciente que salía lentamente de la censura, y el indulto a los represores de la última y sanguinaria dictadura cívico-militar. Siempre vale la pena recordar que en la última semana de 1990, el por entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos de: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Ramón Camps, José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros nombres de terror de nuestra historia.

En esta red de caos, desde La Plata una banda venía pisando fuerte los escenarios de la capital, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, quienes además estaban dando sus propias batallas y una de ellas era la de organizar sus shows multitudinarios "sin que la cana reprimiera" y detuviera a sus seguidores.
 
Luego de varios incidentes habían logrado que la Policía no ingresara más a los establecimientos en donde se llevaban a cabo los recitales, pero en la calle "el cuento era otro". La policía venía envalentonada y, además, los métodos de la dictadura seguían muy presentes.

Y como dice Indio Solari en su libro de memorias, su “público nunca entendió el concepto del soul out”. “¡Van igual! Y van con toda la intención de entrar” (esto volvió a suceder este fin de semana cuando estallaron la plataforma de streaming y se tuvo que liberar el show de los Fundamentalistas, es sin dudas justicia poética)

Volviendo, como quien dice... El 19 de abril de 1991 los Redondos volvían a Obras Sanitarias y el problema que enfrentaban es que la política del lugar era que ahí “nadie se colaba”.

Es en este momento en que un pibe de la localidad matancera de Aldo Bonzi entra en escena, lamentablemente. Walter David Bulacio tenía 17 años, trabajaba de caddie en un campo de golf para poder pagarse el viaje de egresados, era fanático de los Redonditos de Ricota y decidió ir con sus hermanos y amigos al recital en Obras Sanitarias.

Las entradas estaban agotadas, solo tenían una que era la de su hermana, y la comunicación no se viralizaba como ahora, por lo que emprendieron el viaje a capital.

Sobre la avenida del Libertador, la Policía Federal había desplegado un mega operativo, comandado por el comisario Miguel Ángel “El Aguilucho” Espósito. Cuando Walter y su hermano Jorge intentaron trepar un muro fueron detenidos bajo el eufemismo de “averiguación de antecedentes” y amparados por el secreto, y luego derogado, “Memorando 40” que iba en contra de lo que establecía la Ley de Patronato de Menores que prohibía la detención de menores sin la intervención de un juez. El show comenzó pero más de 70 pibes eran llevados a la Comisaría 35 de Núñez.

Walter se descompuso la mañana del 20 abril en el calabozo donde estaba hospedado, ya llevaba demorado más tiempo de lo que permite la ley, y lo sacaron para trasladarlo al hospital Pirovano donde ingresó por un traumatismo de cráneo. Por su gravedad fue trasladado al Hospital Fernández, y luego al Sanatorio Mitre donde cinco días después, el 26 de abril de 1991, falleció.

La autopsia precisó que el cuerpo de Walter Bulacio tenía rastros de golpes con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Había sido torturado en la comisaría, es más, luego se supo que le había dicho al primer médico que lo atendió que había sido golpeado por la policía.

A partir de ese momento, reinó la impunidad que despedazó de a poco a la familia de Walter. Espósito fue procesado por primeras vez en mayo de 1991 por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que en marzo de 1992 lo sobreseyeron de manera provisional "con relación a la averiguación de lesiones seguidas de muerte" en perjuicio de Bulacio.

Sin embargo, en mayo de 1992, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el procesamiento por entender que no se podía "responsabilizar al procesado por la aplicación de un instrumento inconstitucional (y extrajudicial por tratarse de un menor) Memorándum 40 cuando (Espósito) pudo no ser consciente de ello", basado en que su conducta "se ajustó a las prácticas habitualmente vigentes".

Según reconstruyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando Espósito llevó a cabo la detención de Walter actuó oficiosamente aplicando el Memorándum 40 de la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía Federal Argentina, adoptado el 19 de abril de 1965.

En agosto de 1992, el Juzgado de Menores 9, a cargo de la instrucción de la causa, sobreseyó a Espósito por la privación ilegal de la libertad, lo que luego confirmó la Sala VI de la Cámara de Apelaciones.

En 1993, la querella inició una demanda civil contra la Policía Federal Argentina y el comisario Espósito por 300 mil pesos, al tiempo que presentó un recurso extraordinario que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 5 de abril de 1994 hizo lugar a la queja.

A partir del fallo de la Corte, la Sala VI decidió que "aparecía necesario continuar investigando los alcances de la conducta enrostrada al imputado y revocó el sobreseimiento provisional" de Espósito, tras lo cual, la causa recayó en el Juzgado de Menores 4, que ordenó la detención de Espósito por el delito de privación ilegal de libertad calificada y dispuso un embargo por 100.000 pesos.

Meses después, en febrero de 1995, la querella aportó nuevas pruebas a la investigación sobre las "lesiones, apremios ilegales y tormento seguidos de muerte", por lo que se reabrió el sumario en el que días después declaró Fabián Rodolfo Sliwa, "ex-oficial que había presenciado, según él mismo dijo ante los medios de comunicación social, el castigo físico impuesto por Espósito a Bulacio".

Entre noviembre de 1995 y febrero de 1996, el Juzgado 4 llevó a cabo diligencias judiciales con el fin de confirmar lo señalado por Sliwa pero finalmente "sobreseyó provisionalmente" a Espósito y dejó sin efecto su prisión preventiva, según la recopilación de datos que hizo Télam hace unos años atrás.

Tras años de recusaciones, presentaciones judiciales e idas y vueltas del expediente a la Corte Suprema, la defensa del ex comisario solicitó la extinción de la acción penal por prescripción, lo que fue aceptado por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones el 21 de noviembre de 2002.

Sin embargo, con el fallo de la CIDH de septiembre de 2003, mediante el cual el Estado Argentino fue considerado responsable institucional del hecho, la Corte Suprema dispuso reabrir la causa, que llegó al juicio y concluyó en 2013 con la condena a Espósito, quien nunca volvió a prisión y tuvo por cumplida su pena en septiembre de 2017.

En otros órdenes de cosas, Los Redondos nunca se recuperaron de esta muerte y de este grave caso de violencia institucional. Los medios y una parte de la sociedad los puso en el banquillo de los acusados y se corrieron de ese lugar con el paso del tiempo. Hicieron lo que pudieron, si podrían haber hecho algo más a esta altura de los años termina siendo contra fáctico, siempre lo recordaron sus recitales (algo que el Indio mantuvo con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado).

Según cuenta Indio Solari en el capítulo que habla sobre el Caso Bulacio, a partir de ahí jamás se fueron de los lugares de donde se presentaron hasta que no liberaran a todos los demorados. De hecho resalta que en el último show de los Fundamentalistas en Olavarría, en donde como si fuera un estigma falleció en pleno recital un hombre llamado Juan Francisco Bulacio, toda la banda se fue dos días después.

Hoy, a 34 años de la detención ilegal, tortura y posterior muerte de Walter Bulacio se sigue reclamando JUSTICIA, y que no haya más "Bulacios", "Arrugas", "Demontys", "Maldonados"... son tantos los apellidos que llenaríamos carillas y carillas. El denominador común en todos estos casos es la tortura y represión perpetradas por las fuerzas de seguridad de un Estado que tendría que cuidarnos.