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El gobierno porteño deberá asumir el "operativo de seguridad pública" frente a la manifestación convocada este miércoles que encabezarán los jubilados y jubiladas junto a gremios encolumnados en la Confederación General del Trabajo (CGT). El Ministerio de Seguridad de la Nación tendrá que abstenerse de "intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (..) más allá de los límites legales de la protección de intereses federales". Así lo resolvió el juez en lo contencioso administrativo, Andrés Gallardo, al hacer lugar a una medida cautelar en la que le ordena a la administración de Jorge Macri que se haga cargo del "despliegue, organice, planifique y ejecute --todo de manera autónoma-- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan".
El amparo
Gallardo tomó esta decisión a partir de un amparo presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario General y representante legal de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Ellos reclamaron que el gobierno porteño no convalide ni legitime la intervención de fuerzas de seguridad nacionales en territorio porteño y que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes de la Ciudad".
Pidieron también que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”. Como es claro, ya desde las primeras movilizaciones en 2024, la ministra Patricia Bullrich impuso a las fuerzas federales en los operativos frente a manifestaciones pacíficas, que en reiteradas oportunidades terminaron con gran cantidad de heridos y detenidos.
Los argumentos
"Es preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”, dice la resolución de Gallardo. Recuerda, además, como señala el planteo de la UTEP y la UEJN, que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió al protolo antiprotestas del Ministerio de Seguridad. Ese documento convierte a la protesta en un delito en flagrancia, con la excusa de evitar los cortes de calle y facilitar la circulación, pese a que la misma termina bloqueada por las propias fuerzas de seguridad.
Gallardo sostuvo que el reclamo judicial no es "un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública". Advirtió que existen riesgos reales como "lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión" encuentran "sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. No son conjeturas ni hipótesis, sostuvo, ya que la "opresión a la autonomía" de la CABA ya ocurre.
“En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”, afirma. A eso agrega que "en las concentraciones realizadas con anterioridad se evidenció que el despliegue de las fuerzas federales en el ámbito de esta Ciudad se extendió por arterias que se alejaban notoriamente de las inmediaciones de los edificios donde tienen asiento poderes federales”.
Para Gallardo hay doble responsabilidad: del gobierno nacional en sus abusos y del gobierno porteño, que abandona sus funciones. “Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes”, alerta.
"Puede aseverarse que cualquier resolución o normativa de nivel federal que imponga directrices específicas sobre cómo debe manejarse el orden público y las fuerzas de seguridad, especialmente en lo que respecta al corte de vías de circulación en jurisdicción local que no se encuentran involucrado el interés federal, podría interpretarse como una intrusión en las competencias exclusivas de la CABA", dijo el juez. “Resulta elemental destacar que la CABA no ha adherido al Protocolo establecido por la resolución ministerial n° 943/2023. La adhesión a este tipo de normas por parte de la jurisdicción local no se puede presumir, sino que requiere de un acto formal de adhesión por parte de las autoridades locales competentes”, aclaró.
La marcha de este miércoles
La cautelar va notificada a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval
Habrá qué ver cómo responden tanto el Gobierno nacional como el porteño: si acatan o si apelan o hacen algún otro tipo de planteo.
En la Ciudad todo indica que hay posiciones internas divididas: algunos quieren cortar con el avance de Bullrich y otros prefieren que siga siendo ella la que se haga cargo.
Las normas de todos modos son claras: las fuerzas federales solo están para custodiar edificios públicos. La idea de que las movilizaciones son intentos de golpes de estado es la hipótesis ridícula que sostienen dese la Casa Rosada para justificar los atropellos.
