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Un intento controvertido de designación. En febrero pasado, el presidente Milei había recurrido a un decreto para nombrar a Lijo y García-Mansilla, invocando una cláusula constitucional que permite al Ejecutivo realizar nombramientos "en comisión" durante el receso legislativo.
Esta medida fue ampliamente cuestionada por diversos sectores políticos y jurídicos, que la consideraron un intento de eludir el proceso de aprobación habitual que requiere el aval del Senado.
Conocido el fallo, el juez Ramos Padilla dictó una cautelar para que el candidato que juró en comisión no resuelva causas
Votaciones y argumentos en el Senado
La Cámara alta rechazó la designación de García-Mansilla con 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que la de Lijo fue desestimada por 43 votos contra 27, con una abstención. Senadores de diferentes bloques, incluyendo algunos aliados conservadores del oficialismo, se opusieron a las nominaciones. El senador opositor José Mayans enfatizó la inconstitucionalidad del procedimiento, subrayando que "no se pueden nombrar jueces por decreto".
Reacciones del Ejecutivo
Tras la votación, la Casa Rosada emitió un comunicado en el que acusó al Senado de actuar como "una máquina de impedir" y de obstruir el futuro de la nación. El Gobierno argumentó que la politización del proceso de nombramiento de jueces representa una amenaza para la democracia.
Implicaciones políticas y futuras acciones
Este rechazo pone en evidencia las dificultades que enfrenta el presidente Milei para avanzar en su agenda de reformas, especialmente considerando la minoría que su coalición libertaria posee en el Senado, con solo siete de los 72 escaños. Analistas políticos señalan que este episodio podría complicar la implementación de las transformaciones propuestas por el Ejecutivo y subraya la importancia de construir consensos en el ámbito legislativo.
En este contexto, el Gobierno deberá evaluar sus próximos pasos y considerar estrategias que le permitan sortear los obstáculos institucionales, siempre dentro del marco democrático y respetando la división de poderes que caracteriza al sistema político argentino.
