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El gobierno de Javier Milei puso en marcha un ambicioso plan económico basado en la desregulación, la reducción del gasto público y el achicamiento del Estado, con el objetivo declarado de alcanzar el "déficit cero" y estabilizar una economía históricamente golpeada por la inflación y la deuda.
Si bien este modelo ha logrado ciertos resultados macroeconómicos —como el primer superávit fiscal en 14 años durante 2024, según datos del Ministerio de Economía—, su impacto en la población plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas personas "sobran" en un sistema que prioriza la austeridad sobre la inclusión social?
El recorte del Estado y sus víctimas
Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno libertario ha ejecutado un recorte masivo del Estado. Solo en 2024, se eliminaron más de 35.000 empleos públicos, incluyendo 15.000 en abril y otros 5.000 contratados en la gestión anterior, de acuerdo con reportes oficiales y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El ajuste abarca áreas esenciales como salud, educación y seguridad. No solo se trata de trabajadores desplazados, sino de ciudadanos que quedan sin acceso a servicios básicos.
En salud, la reconversión del Ministerio en secretaría redujo su capacidad operativa. Se recortaron programas de atención primaria y distribución de medicamentos. Hospitales públicos reportan faltantes de insumos y personal, y la paralización de obras deja a comunidades enteras sin centros de atención. En un país donde la pobreza trepó al 52,9% en 2024 (INDEC), el desfinanciamiento sanitario profundiza la desigualdad.
En educación, el panorama no es menos alarmante. La caída del presupuesto nacional en educación del 1,48% del PBI en 2023 al 0,91% en 2024, con una proyección aún menor para 2025 (0,88%, el valor más bajo en una década), impacta directamente en las universidades públicas, que sufren una reducción cercana al 40% en términos reales. Se paralizaron obras de infraestructura escolar y miles de docentes y administrativos fueron despedidos. El deterioro del sistema educativo compromete el futuro de generaciones enteras.
En seguridad, la contracción de las fuerzas estatales y la transferencia de funciones a provincias con escasos recursos han creado vacíos de protección. Aunque el desempleo general cayó al 6,4% en 2024, el desempleo sectorial en servicios públicos dejó a miles sin sustento. El salario mínimo, vital y móvil, sufrió una caída del 30% en su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de 2025. Las manifestaciones contra la austeridad se multiplican en todo el país.
¿Quiénes “sobran” en este modelo?
El modelo económico de Milei, inspirado en el libre mercado y el individualismo, parece pensado para una Argentina ideal donde el sector privado absorbe a los excluidos. Pero la realidad contradice esa premisa. En 2024, la economía cayó un 3% (Banco Mundial) y la inflación anual, aunque en baja, alcanzó el 230%. La contracción del consumo y la inversión limitaron la creación de empleo formal. Y el sector informal, que ocupa al 50% de los trabajadores, no logra compensar las pérdidas.
En esta lógica, “sobran” los empleados públicos despedidos, los jubilados con haberes deteriorados (un 36% menos en términos reales en 2024, según Economics Observatory), y los millones que dependen de servicios estatales desfinanciados.
La pobreza extrema, que afecta al 15% de la población (unos 7 millones de personas, según la UCA), muestra el rostro más crudo del ajuste: niños que abandonan la escuela, pacientes sin atención médica, comunidades a merced del abandono.
El equilibrio imposible
El gobierno festeja ciertos logros: superávit primario del 1,8% del PBI y acumulación de reservas internacionales proyectadas en 10.000 millones de dólares para fin de año (FMI). Pero el costo de esa estabilidad fiscal recae en los más vulnerables. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el ajuste "viola derechos sociales y económicos de amplios sectores".
Aunque el Banco Mundial proyecta una recuperación del 5% del PBI para 2025, impulsada por la agroindustria y Vaca Muerta, el crecimiento podría ser excluyente si no se implementan políticas activas de inclusión. En salud, educación y seguridad, el achicamiento del Estado no solo deja “excedentes humanos”, sino que erosiona el entramado social que sostiene a millones de argentinos.
El experimento económico de Milei ha puesto a prueba los límites de la resistencia social. Si bien el “déficit cero” se alza como una victoria simbólica, el precio lo pagan quienes ya no tienen lugar en el sistema: trabajadores despedidos, jubilados empobrecidos, familias sin acceso a salud ni educación, jóvenes sin futuro.
En este modelo, “sobran” aquellos que el mercado no absorbe y el Estado ha dejado de proteger. La pregunta de fondo no es solo cuántos sobran, sino cuántos más está dispuesto el poder político a dejar caer para sostener un esquema que, mientras hace cerrar los números, deja abiertas heridas sociales cada vez más profundas.
