NeuquenNewsMaría Paula "Pili" Giménez (42) y Lucas Ezequiel Aguilera (49), mendocinos y directores de investigación de la agencia NODAL, integraban el Convoy Global Sumud Magreb: el brazo terrestre de la Global Sumud Flotilla, una misión civil de más de 200 voluntarios de unos 25 países que buscaba romper por tierra el bloqueo sobre Gaza. El 24 de mayo, cuando una delegación de diez personas se adelantó al cruce de Sirte para negociar el paso seguro del convoy, fue interceptada y trasladada a Bengasi, en el este libio.
Quienes ejecutaron la detención son las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, que controlan esa región. No es un dato menor: según múltiples reportes de la prensa internacional, Israel —sin postura pública en el conflicto libio— aparece alineado con Egipto y los Emiratos Árabes Unidos en el respaldo a Haftar, con el Mossad gestionando esos vínculos secretos, una relación de apoyo militar y de inteligencia que se le atribuye desde 2015. El brazo armado que frenó la ayuda humanitaria responde, así, a un actor que la prensa vincula desde hace años con Tel Aviv.
Pero la conexión más nítida es de patrón. Esta misma red ya había intentado llegar a Gaza por mar, y la respuesta de Israel fue brutal y está documentada. La Flotilla Global Sumud, que transportaba a 428 pasajeros junto a alimentos, medicinas y suministros, fue interceptada por fuerzas israelíes; los activistas denunciaron palizas, tortura y violencia sexual, con testimonios recogidos por la organización de derechos humanos Adalah sobre ataques con táser, balas de goma y golpizas que dejaron sospechas de huesos rotos. La organización documentó al menos 15 casos de abuso sexual, incluyendo registros corporales humillantes, tocamientos, y múltiples denuncias de violación, el peor de ellos en una lancha de desembarco israelí convertida en prisión improvisada con alambre de púas y contenedores.
No fueron denuncias de una sola voz. La ONU expresó su preocupación por los informes de abusos y tratos humillantes, y su vocero Stéphane Dujarric señaló que bastaba ver el video difundido por un ministro israelí para constatar el trato degradante a los detenidos. Incluso ministros del gabinete de Benjamin Netanyahu difundieron imágenes de los activistas esposados y obligados a mantener el rostro contra el suelo mientras sonaba el himno israelí, en una campaña de criminalización impulsada desde el propio gobierno.
Ese es el contexto que vuelve inseparables los dos episodios. Sea por mar —con la acción directa de su ejército— o por tierra —a través de fuerzas aliadas en Libia—, el objetivo es el mismo: impedir, por cualquier medio, que la ayuda humanitaria y la solidaridad internacional lleguen a Gaza y que el mundo vea lo que ocurre allí. La represión contra quienes intentan romper el bloqueo es una política, no una serie de hechos sueltos. Y en esa política, Israel es el actor central.
En Bengasi, mientras tanto, la situación es desesperante. Giménez y Aguilera permanecen aislados e incomunicados y sostienen una huelga de hambre como protesta, a la que se sumó una huelga seca, sin agua. Varios de los secuestrados ya sufrieron desmayos, deterioro físico y debilidad extrema.
A la complicidad por acción de los aliados de Israel se suma la complicidad por omisión del propio Estado argentino. El gobierno de Javier Milei —aliado declarado de Netanyahu— no solo no exigió con firmeza la liberación de sus ciudadanos, sino que en su comunicado oficial los trató de protagonistas de una "caravana terrestre de supuesto carácter humanitario" y se desligó al asistirlos "inclusive frente a acciones imprudentes y temerarias". Mientras Italia y España lograban acceso consular a sus connacionales, de la Casa Rosada no hubo una sola palabra pública de solidaridad.
Diez personas que solo llevaban ayuda humanitaria siguen secuestradas, dos de ellas argentinas, en huelga de hambre y sin garantías sobre sus vidas. La pregunta ya no es solo dónde están. Es quién responde por ellas. Y la respuesta, esta vez, no admite neutralidad.
