La filantropía no compra la igualdad

A principios de este año, los delegados de Sudáfrica y la India ante la Organización Mundial del Comercio hicieron un elocuente llamado a los países ricos para que dejaran de bloquear una propuesta para eliminar las patentes de las vacunas y tratamientos Covid-19.

La idea, respaldada por la gran mayoría del mundo, permitiría a países como Sudáfrica comenzar a producir vacunas, aumentando masivamente la producción mundial sin la necesidad de licencias de las grandes corporaciones farmacéuticas que controlan esos medicamentos. 

Países como Gran Bretaña dieron una conferencia sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual y prometieron que el problema de la desigualdad de vacunas podría resolverse mucho mejor mediante una inyección de fondos benéficos. El delegado de Sudáfrica respondió con franqueza, afirmando que “el problema con la filantropía es que no puede comprar la igualdad”.

La desigualdad resultante ha dañado la cohesión social hasta un punto de ruptura. La obsesión por las ganancias a corto plazo nos ha llevado al borde de un cambio climático desbocado. La extrema desigualdad en el despliegue de vacunas en todo el mundo ha sido el síntoma más reciente de este problema.

Mientras que las naciones del G7 están vacunando a sus ciudadanos a un ritmo de 4,6 millones de personas al día, los países de bajos ingresos solo pueden administrar 63.000 vacunas diarias. El G7 habrá vacunado a casi todos sus ciudadanos para fin de año, pero con las tasas actuales de vacunación, los países de bajos ingresos tendrían que esperar unos 57 años para que todos estén completamente inmunizados. 

Desafortunadamente, el problema se extiende mucho más allá de las vacunas y del tiempo. Un gran número de países de África, Asia y América Latina ya estaban sufriendo una enorme carga de deuda antes de que golpeara la pandemia y llevara, a muchos, a una crisis con todas sus letras.

Esperar que el G7 brinde algo de “alivio”, cuando casi ninguna deuda se ha perdonado y tanto bancos como los fondos de cobertura continúan drenando miles de millones de dólares al año de los países del Sur a los centros financieros, resulta ilusorio. Lo que nos demuestra que la generosidad de los países desarrollados a lo largo de la historia ha seguido una misma línea y no ha dado buenos resultados. 

El 1 de mayo de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprobó el documento y su posterior resolución 3201 (S-VI) “Declaración sobre un Nuevo Orden Económico Internacional” y la resolución 3202 (S-VI) que describía un Plan de Acción para el establecimiento de este Nuevo Orden Económico Internacional, donde uno de sus puntos sobresaliente era el proyecto titulado “Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados”.

A 47 años de distancia, las proclamas parecen salidas de un manual de política económica contra la pandemia. Básicamente las ideas globales de la comunidad internacional, con ciertos oponentes, por cierto, se limitaban a que el Nuevo Orden Económico Internacional estaría basado en la equidad, en la igualdad soberana. Sin importar los sistemas económicos, se trataba de eliminar la disparidad existente entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo. En ese momento un número importante de países había salido de la dominación colonial o extranjera para convertirse en pueblos libres, pero con grandes diferencias.

Uno de los puntos tratados por la asamblea refería a la inclusión de los países pobres a los avances técnicos, extrapolado a la actualidad los avances científicos incluirían a las vacunas. Estos beneficios del progreso técnico no eran compartidos con la comunidad internacional.

Además, una de las mayores quejas se centraba que los países pobres, que representaban el 70% de la población mundial, recibía únicamente el 30% de los ingresos en 1974. Para 2018, los números daban que el 50% de los pobres se apropiaban solo del 13% de los ingresos mientras que en 2017, el 1% de los individuos mas ricos del mundo se apropiaba del 82% de la riqueza generada por el mundo. Se hubieran quedado sin aliento de haberse enterado que, para ese mismo año, 8 millonarios tiene más dinero que la mitad de la población mundial.

De hecho, desde 1980 hasta el 2019, en Latinoamérica el 50% más pobre no ha modificado el 9.5% de los ingresos de los que se apropia. O sea, en 41 años sus ingresos no han variado, solo experimentaron incrementos de 2013 a 2015. El de la desigualdad, materia a todas luces destruida en los últimos cuarenta años, era solo una de los veinte principios propuestos, que abarcaban desde la plena cooperación internacional hasta el control de las meterías primas.

Que los recursos sean dirigidos al desarrollo de sus países, que el Estado ponga fin al despilfarro de los recursos naturales, en especial los alimenticios. Permitir el acceso a la ciencia y la tecnología, así como la creación de una tecnología autóctona relacionada con su desarrollo y generar las condiciones necesarias para las transferencias de recursos financieros.   

En diciembre del mismo año se lanzó el Plan de Acción del Nuevo Orden Económico donde se recalcó la urgente necesidad de establecer normas obligatorias que rijan en forma sistemática y universal las rela­ciones económicas entre los Estados y reconoció que no es factible alcanzar un orden internacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de proteger debidamente los derechos de todos los países y, en particular, de los países en desarrollo.

De los diez puntos que formaban el índice del programa, quizás el más mencionado haya sido la Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados. En ese momento, las materias primas de América Latina representaban el 70% de las exportaciones. Hoy, obviando a México, el 74% de las exportaciones latinoamericanas están concentradas en alimentos, cereales, petróleo y minería.

Desde el preámbulo de la Carta, hasta los 34 artículos que ella encierra, no sería necesario mover una coma 47 años después, por lo que expondremos un simple sumario, para que, aunque mal no sea, alguien copie algunos puntos como su plataforma política para lograr un mundo mejor.

Del capítulo primero, que abarca los Principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales se destacan: independencia y soberanía estatal, así como la no intervención. El siguiente capítulo versa sobre Derechos y deberes económicos de los Estados, que al leerlo enciende una alerta acerca del retroceso de los mismos a lo largo del tiempo, a saber:

Todo Estado tiene y ejerce libremente sobe­ranía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.
Reglamentar y ejercer autoridad sobre las in­versiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacio­nal.
Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional.

Nacionalizar, expropiar o transferir la propie­dad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compen­sación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes.

Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales.

Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia y la tecno­logía para acelerar su desarrollo económico y social. En particular, todos los Estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y la tecnología modernas, la transmisión de tecnología y la creación de tecnología autóctona en beneficio de los países en desarrollo, según for­mas y procedimientos que convengan a las econo­mías y necesidades de estos países.

Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr ajustes en los precios de las exporta­ciones de los países en desarrollo con relación a los precios de sus importaciones con el propósito de promover relaciones de intercambio justas y equi­tativas para estos, de manera tal que sean remune­rativos para los productores y equitativos tanto para los productores como para los consumidores.

Aquí nos detenemos por una cuestión de pudor, no obstante, de forma marginal fuimos tejiendo la trama del aplazamiento hasta su desaparición de los sencillos reclamos del grupo de los 77 países en vías de desarrollo. A esta letanía con 47 años de postergación, retroceso y concentración la pandemia permite revivir algunos puntos.

De todas maneras, como vimos a lo largo del artículo, los países desarrollados no son buenos receptores de los pedidos de colaboración. Los gobiernos internamente, tampoco han colaborado demasiado.

Veamos algunos no tan curiosos efectos de la pandemia, en dos países que a prima facie la derecha tildaría de progresistas. Argentina, que está negociando con el FMI, el Club de París, y con cualquier laboratorio que provea vacunas por sus niveles de contagio, lo que lo pone en el podio de los defensores del superávit fiscal. Con un 45% de pobres, los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su informe sobre Evolución del Ingreso para el primer trimestre de 2021 son aterradores, para pensar en un superávit.

El ingreso promedio de casi 29 millones de personas en el primer trimestre dio una mediana per cápita de 183 dólares. Las personas ocupadas registran un ingreso medio de U$S 395. “El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $14.179 (141 dólares).

Para ponerlo simple, el 10% más pobre de la población total obtuvo en el primer trimestre apenas el 1,1 % del total de ingresos, en tanto que el 10% más rico se quedó con el 31,8% en ese período. La soberanía estatal parece haberse quedado sojuzgada a los designios de cualquiera de los organismos internacionales, que suponemos, serán quienes capten los beneficios del superávit fiscal.

México, por su parte, que soportó un aluvión con el Covid-19 y hoy tiene unas 200 muertes por día, implementó, como casi toda América Latina, los “programas sociales” para ricos, que son menos conocidos que los estigmatizados para pobres, en general camuflados, y que en muchos casos fascinan a la clase media, guiándolas a creer que son convenientes, como vimos en “El Estado benefactor de delincuentes”. Los programas sociales para ricos se ven menos porque no se otorgan como efectivo, no requieren la acción del Estado sino su inacción.

En dos artículos excelentes la doctora y analista política mexicana Viridiana Ríos concentra la reforma fiscal y el aumento de impuestos si se erradicara el gasto publico que solo beneficia a los ricos.

López Obrador se ha propuesto algo aparentemente imposible: aumentar la recaudación de México sin una mayor carga impositiva. O como él lo llama, “una reforma fiscal sin subir impuestos”. De hecho, y aunque parezca absurdo, lo que se quiere es que los que tienen que pagar impuestos los paguen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó públicamente un documento mostrando que la tasa efectiva de impuestos que pagan las empresas en dicho país no es del 30%, como estipula ley, sino de apenas un 6%.

La reforma plantea reducir la elusión de los grandes corporativos mediante el cierre de lagunas legales que los despachos contables utilizan para evitar el pago de impuestos. Los pocos datos que existen sobre elusión fiscal muestran que en México se eluden 8.300 millones de dólares anuales debido a abusos corporativos de la ley fiscal. Esta cantidad es enorme y coloca a México como el decimosegundo mayor evasor fiscal de 179 países. Las corporaciones mexicanas son responsables de 2,4 de cada 100 dólares eludidos en el mundo.

Es decir, si quienes tienen que pagar pagan, lo que ley dice, y se elimina los programas sociales para los ricos, por ejemplo, se podrían ampliar los programas sociales para los más necesitados.. Actualmente, el gobierno permite que las personas no paguen impuestos por la venta de una vivienda si esta vale menos de U$S 230 mil. Este beneficio, aunque pareciera para todos, en realidad solo es para al 3% más rico, porque el 97% de las personas en México tienen casas que valen mucho menos.

En realidad, lo que se quiere en general en Latinoamérica, es realizar reformas impositivas cuando no se cumplen las leyes actuales. La soberanía y el poder de decisión de los Estados esta en el centro de la disputa, pelea que parece haberse perdido una y otra vez. No es una batalla impositiva, es volver a tener un mínimo grado de autonomía fiscal, monetaria y hasta sanitaria.

No es posible que se tenga que modificar el marco normativo para avanzar con los contratos de vacunación dentro de un nuevo marco regulativo para la compra de vacunas para que Pfizer tenga inmunidad legal. Así, los ideales de Carta de Derechos y Deberes Econó­micos de los Estados quedan más lejos que 1974.

El Tábano economista