NeuquenNewsFernando Cerimedo no era un desconocido que apareció accidentalmente en los márgenes de la política latinoamericana. Durante los últimos años se movió cerca de algunos de los dirigentes más importantes de la derecha, la ultraderecha y el universo libertario de la región. Fue estratega digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, estuvo vinculado al bolsonarismo brasileño, intervino en campañas políticas de Chile y Honduras y terminó instalado en Bolivia como asesor personal o externo del presidente Rodrigo Paz, aunque sin ocupar un cargo formal dentro del Estado.
Ahora su nombre aparece en un expediente de naturaleza completamente diferente. La Fiscalía de Santa Cruz lo imputó formalmente por tentativa de feminicidio después del ataque sufrido por la abogada y analista política boliviana Nadia Beller durante la noche del lunes 17 de agosto. Este miércoles 19, el fiscal departamental Alberto Zeballos informó que el Ministerio Público solicitará 180 días de detención preventiva y que Cerimedo sea enviado a la cárcel de Palmasola.
Beller recibió tres disparos —en el cuello, el tórax y un brazo— cuando se encontraba en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres vestidos como repartidores que se acercaron a ella; uno abrió fuego y el otro tomó su cartera y su teléfono. La mujer fue operada y permanece internada. Según la Fiscalía, los proyectiles extraídos serían calibre 9 milímetros.
Desde el hospital, Beller sostuvo que mantenía desde fines de 2025 una relación sentimental con Cerimedo, afirmó que está embarazada y lo señaló como supuesto autor intelectual de la emboscada. Esas afirmaciones forman parte de su testimonio y todavía deben ser probadas judicialmente. La Fiscalía modificó la calificación inicial de tentativa de asesinato a tentativa de feminicidio precisamente después de que la víctima declarara la existencia de esa relación.
Cerimedo fue detenido horas después en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Reuters informó que se encontraba preparándose para viajar hacia Buenos Aires. Su abogado, Ernesto Giraldes, rechazó la hipótesis de una fuga y sostuvo que el consultor había viajado a Santa Cruz para visitar a Beller en el hospital. Cerimedo, asistido por cuatro abogados, decidió no declarar ante la Fiscalía por recomendación de su defensa.
Hasta el momento no existe una condena y rige plenamente la presunción de inocencia. Tampoco aparece confirmado que los dos autores materiales estén identificados, como indicaban algunas primeras versiones. La Fiscalía señaló que continúa trabajando para establecer quiénes ejecutaron el ataque y si existen otros autores intelectuales o partícipes.
El episodio abrió además otro frente judicial. La Fiscalía de La Paz inició de oficio una investigación contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito luego de realizar allanamientos en dos viviendas vinculadas al consultor en la zona sur de la capital boliviana. Los investigadores informaron el hallazgo de dinero en efectivo, maletas, un teléfono satelital, una motocicleta, una prenda de la Policía boliviana y muebles con compartimentos donde se guardaban objetos. El origen y eventual relevancia penal de esos elementos deberán ser determinados por la investigación.
El caso también comenzó a generar interrogantes sobre el verdadero poder que Cerimedo había adquirido dentro del gobierno boliviano. El Ejecutivo sostiene que no era funcionario público. Sin embargo, funcionarios del propio gobierno habían reconocido previamente que trabajaba directamente como asesor externo de Rodrigo Paz, mientras que dirigentes opositores reclamaban desde semanas atrás que se aclarara bajo qué figura legal intervenía en decisiones gubernamentales.
Este miércoles, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, reclamó públicamente que el Gobierno explique cuál era el nivel real de influencia del argentino y señaló que las denuncias formuladas por Beller trascienden la relación personal y alcanzan supuestos hechos de tráfico de influencias y manejo de instituciones. Esas acusaciones tampoco han sido demostradas y deberán ser investigadas.
Para comprender la dimensión política del caso hay que mirar hacia atrás.
Cerimedo construyó su carrera alrededor de la comunicación digital, las campañas negativas, la segmentación de audiencias y la disputa agresiva de la conversación pública en las redes sociales. Una investigación internacional coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y publicada por CIPER, con participación de Chequeado, UOL, Agência Pública y otros medios, reconstruyó sus intervenciones en Argentina, Brasil y Chile y documentó campañas que incluyeron desinformación. El propio Cerimedo reconoció en aquella investigación utilizar cuentas falsas o trolls, aunque sostuvo que lo hacía para influir sobre los algoritmos y no para atacar adversarios.
No ocultaba tampoco su identidad ideológica. “Yo represento a la derecha latinoamericana”, afirmó públicamente. Con su empresa Numen, su red de sitios y especialmente La Derecha Diario, desarrolló un ecosistema comunicacional destinado a intervenir en lo que estas fuerzas denominan la “batalla cultural”.
Su salto regional comenzó a adquirir notoriedad alrededor del bolsonarismo. Después de la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula da Silva en 2022, Cerimedo realizó una transmisión denominada “Brasil fue robado”, en la que difundió un informe con afirmaciones falsas sobre las urnas electrónicas. El Tribunal Superior Electoral brasileño ordenó suspender cuentas vinculadas a La Derecha Diario y cuestionó expresamente aquellas afirmaciones sobre el sistema electoral.
La Policía Federal brasileña terminó incluyendo a Cerimedo dentro de su investigación sobre la trama destinada a impedir la asunción de Lula. El consultor fue el único extranjero entre los investigados por la Policía Federal. Sin embargo, la precisión es indispensable: posteriormente los fiscales brasileños decidieron no formular acusación penal contra él, al considerar que no se había probado que conociera previamente que el material sobre las urnas contenía datos fabricados.
Es decir, no fue condenado ni llevado a juicio por el intento golpista. Pero su participación en la difusión de la narrativa de fraude electoral está ampliamente documentada.
Ese recorrido no lo alejó de la nueva derecha argentina. Todo lo contrario.
En 2023 Cerimedo pasó a desempeñar un papel central en la campaña presidencial de Javier Milei. Reuters lo define como uno de los principales estrategas digitales de aquella elección. La investigación de CIPER lo ubicaba además a cargo de comunicación y de aspectos centrales de la fiscalización electoral de La Libertad Avanza.
Cerimedo no fue funcionario del gobierno de Milei, pero su incidencia durante el proceso que llevó al libertario a la Casa Rosada es difícil de discutir. Él mismo llegó a atribuirse la idea de incorporar la motosierra a los actos de campaña, uno de los símbolos más reconocibles de la construcción política mileísta.
También fue fundador de La Derecha Diario, posteriormente asociado con el español Javier Negre, referente de un ecosistema mediático vinculado a las derechas radicales españolas y cercano a Vox. El portal se convirtió en uno de los canales digitales más activos en respaldo de Milei y en la confrontación contra periodistas, opositores y críticos del gobierno libertario. Cerimedo continuó además al frente de Numen Publicidad.
La expansión siguió. Cerimedo apareció posteriormente vinculado al ascenso de Nasry “Tito” Asfura en Honduras, mantuvo relaciones con dirigentes y consultores del universo trumpista estadounidense y terminó trabajando alrededor de Rodrigo Paz en Bolivia. Nueva Sociedad describió en enero de este año ese recorrido como el de uno de los nuevos operadores transnacionales de las derechas latinoamericanas.
La reacción en Buenos Aires después de la detención resulta conocida.
Fuentes del Gobierno argentino dijeron ahora a La Nación que Javier Milei no mantiene relación con Cerimedo desde 2023 y que estaba distanciado del Presidente. En distintas terminales libertarias comenzó incluso a circular una descripción mucho menos elogiosa del antiguo estratega: “vende humo”.
El alejamiento puede ser real. Pero tampoco modifica el pasado.
Cerimedo fue parte de la maquinaria que ayudó a llevar a Milei a la Presidencia, y sus métodos no eran secretos. La difusión de información falsa en Brasil había ocurrido antes. Sus estrategias de confrontación digital habían sido investigadas periodísticamente antes. Su utilización de trolls había sido reconocida por él mismo antes. Incluso registraba una condena anterior: en marzo de 2016 la Justicia de Mar del Plata lo condenó a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por defraudación y estafa vinculadas a la venta de un mismo departamento a dos compradores.
Nada de esto demuestra que Cerimedo haya ordenado el ataque contra Nadia Beller. Eso debe resolverlo exclusivamente la Justicia boliviana.
Pero existe otra discusión que no necesita esperar una sentencia.
Sería incorrecto responsabilizar penalmente a Javier Milei, Jair Bolsonaro, Rodrigo Paz o cualquier dirigente de derecha por el delito que hoy se le imputa a una persona que trabajó con ellos. Una relación política no transmite responsabilidades criminales.
La responsabilidad política y moral funciona de otra manera.
Durante años, una parte de las nuevas derechas latinoamericanas convirtió la agresividad discursiva, la deslegitimación sistemática del adversario, la manipulación de las redes sociales y, en algunos casos documentados, la difusión de falsedades en instrumentos aceptables de lucha política. Cerimedo no apareció fuera de ese sistema: prosperó dentro de él.
Fue contratado, escuchado, celebrado y convertido en estratega precisamente porque sabía hacer ese trabajo.
Por eso el caso boliviano plantea una pregunta que excede largamente al expediente de Santa Cruz. Cuando un espacio político decide que cualquier procedimiento resulta legítimo mientras contribuya a derrotar al adversario, cuando la manipulación se rebautiza como estrategia, el hostigamiento como “batalla cultural” y la mentira como comunicación política, la discusión ya no consiste solamente en determinar qué hizo individualmente uno de sus operadores.
También corresponde preguntarse qué valores eligieron premiar quienes le dieron poder, recursos, influencia y legitimidad.
La Justicia deberá resolver si Fernando Cerimedo tuvo alguna responsabilidad en el brutal ataque contra Nadia Beller. Los dirigentes que durante años utilizaron sus servicios no son responsables de ese presunto delito.
Pero sí deberán hacerse cargo de algo más difícil de borrar: Cerimedo no llegó al centro del poder latinoamericano ocultando la clase de operador político que era. Llegó precisamente gracias a ella.
