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Una delegación integrada por legisladores, sindicalistas y organizaciones de derechos humanos que partió desde Buenos Aires fue retenida en el aeropuerto de El Alto y deportada a Ezeiza. Denuncian que el gobierno boliviano viola tratados internacionales y atenta contra fueros diplomáticos.

Mientras el debate internacional sobre la libertad sindical cobró fuerza tras el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, organizaciones sindicales e indígenas bolivianas protagonizaron nuevas protestas contra el Gobierno en La Paz.

Bolivia vive una de sus crisis sociales más complejas en los últimos años, con una oleada de bloqueos y protestas encabezadas por mineros, campesinos e indígenas que han paralizado caminos estratégicos y elevado el costo político del Gobierno de Rodrigo Paz. Las movilizaciones, que comenzaron hace alrededor de dos semanas, exigen nada menos que la renuncia del presidente, además de respuestas concretas a un conjunto de demandas laborales, económicas y territoriales acumuladas desde hace meses y, en muchos casos, años.