NeuquenNewsUna misión de veedores de derechos humanos que partió desde Buenos Aires en la madrugada del 15 de junio fue impedida de ingresar a Bolivia y deportada a Ezeiza. La delegación llegó sin inconvenientes a Santa Cruz de la Sierra, pero al arribar al aeropuerto de El Alto en La Paz fue devuelta a Santa Cruz, donde los retuvieron en el avión para su deportación.
La misión había sido convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil boliviana con el objetivo de relevar violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal, que según denuncian busca impedir el derecho constitucional a la protesta. La delegación contabiliza una decena de asesinatos, centenares de presos políticos con denuncias de torturas, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios, agresiones a la prensa y actos de discriminación y racismo.
Los organizadores denunciaron que la expulsión “constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos”, y advirtieron que atenta contra los fueros diplomáticos del diputado nacional Juan Marino (Partido Piquetero) y la legisladora porteña Vanina Biasi (Partido Obrero-Frente de Izquierda), integrantes de la delegación.
La misión estuvo integrada además por Soledad Mosquera (Ademys e Izquierda Socialista-FITU), María José Cano (CTAA), Alejandrina Barry (CEPRODH), Leonardo Arias (APDH) e Ingrid Natalí Urrutia (MST-FITU y ATE INCAA), entre otros representantes de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos.
La convocatoria contó con la adhesión de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CORREPI, H.I.J.O.S., el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y el Servicio de Paz y Justicia, entre otras. Los organizadores llamaron a las organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales a “estar alertas ante la situación” y recordaron que “la solidaridad internacional no es delito”.
