Violencia en las escuelas: ¿Protección o punitivismo? Un análisis del nuevo Plan Integral para trabajadores de la educación en Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó un Plan de Protección Integral para trabajadores docentes y no docentes con el objetivo de prevenir y sancionar hechos de violencia en las escuelas. Impulsado inicialmente por el gremio ATEN e intervenido luego por el Ejecutivo y la Comisión de Trabajo, el proyecto fue aprobado por 25 votos afirmativos, una negativa y dos abstenciones. La norma propone un abanico de sanciones –desde multas hasta arresto– para quienes agredan al personal educativo, y contempla también medidas de intervención inmediata. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

“No podemos naturalizar este tipo de hechos”
El diputado Francisco Lépore (Avanzar), presidente de la comisión que trató el proyecto, fue uno de los principales defensores de la iniciativa. “No nos podíamos quedar con los brazos cruzados mientras los docentes están inseguros adentro del aula”, afirmó. Para Lépore, la aprobación del plan busca “devolverle el rol de autoridad y seguridad al docente dentro del aula”.

Según explicó, el texto final incluye una graduación sancionatoria que va desde trabajo comunitario hasta arresto por 30 días, además de multas económicas. Las sanciones se agravan si el hecho violento ocurre frente a alumnos, y en caso de ser cometido por agentes públicos, se prevén suspensión de haberes, cesantía o inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si los agresores son menores de edad, la ley responsabiliza a los adultos responsables, quienes deberán participar en encuentros con equipos de mediación institucional.

La norma también incorpora dispositivos de seguridad y protocolos escolares, crea una comisión interinstitucional para el monitoreo y prevé capacitaciones obligatorias en convivencia escolar.

Críticas desde adentro y desde la izquierda
No todos los sectores gremiales compartieron el entusiasmo del oficialismo. Las seccionales opositoras de ATEN denunciaron que el proyecto no fue debatido democráticamente en el sindicato, y cuestionaron que no se impulsaran verdaderas soluciones estructurales. "Se debería legislar sobre cómo garantizar mayor presupuesto, crear equipos interdisciplinarios que respondan a los problemas que atraviesan las infancias y acompañen a la docencia", expresaron.

Desde el Frente de Izquierda (PTS-FIT-U), el diputado Andrés Blanco también fue categórico:

“Lejos de ser un avance, esta ley se transformó en una herramienta punitivista que ignora las verdaderas causas de la violencia en las escuelas.”

Blanco y su bancada cuestionaron que el enfoque de prevención haya quedado limitado a cámaras de seguridad, protocolos y cursos de convivencia, sin financiamiento específico, y sin medidas integrales que incluyan asistencia psicológica gratuita, que fue eliminada del texto original.

También la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), la única que votó en contra, expresó que se trató de una ley innecesaria frente a la legislación ya vigente, y alertó sobre el riesgo de “sobrerregular sin diagnóstico claro”.

“Si legislamos para los docentes, también tenemos que legislar para médicos, enfermeros y recolectores que sufren violencia”, afirmó.

Un diagnóstico que divide: ¿violencia emergente o síntoma de una crisis más profunda?

La violencia escolar, que motiva esta nueva ley, no es un fenómeno nuevo. Pero su frecuencia y visibilidad han aumentado en los últimos años, en sintonía con un contexto social de creciente conflictividad. El plan sancionado busca frenar el síntoma, pero muchos especialistas coinciden en que no aborda las raíces del problema.

La doctora Myriam Southwell, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Essex (Reino Unido), magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UNLP., ha señalado en reiteradas oportunidades que “las escuelas son un termómetro de las tensiones sociales”, y que la violencia en las aulas debe leerse como parte de una trama más compleja de exclusión, frustración y desconfianza institucional.

“La violencia no es una cualidad innata; es una construcción que se inscribe en relaciones sociales desiguales y de poder” , sostiene Southwell en su trabajo "Desmitificando la violencia escolar: un análisis crítico de las representaciones".

Desde la sociología, la investigadora María Cristina Gómez, de la Universidad de Luján, coincide en que las agresiones al personal docente no pueden analizarse sin tener en cuenta las condiciones laborales, los vínculos sociales rotos y la pérdida de autoridad como fenómeno histórico.

“El problema no es solo la violencia, sino la soledad institucional con la que muchos docentes la enfrentan”, remarcó Gómez en un reciente artículo publicado en Clacso.

En la misma línea, un informe de Flacso Argentina alerta que el punitivismo puede convertirse en una trampa pedagógica, que inhibe el diálogo y militariza el espacio escolar. Si no se fortalecen redes de apoyo psicosocial, equipos de orientación y condiciones de trabajo dignas, las sanciones pueden ser solo un parche.

¿Más seguridad, menos conflicto?

Desde el oficialismo, la exdiputada Soledad Martínez, hoy ministra de Educación, defendió la incorporación de medidas como cámaras, protocolos de seguridad y sanciones, y aseguró que se trata de un paso necesario para recuperar “el respeto y la autoridad docente”. Sin embargo, el contraste con los reclamos históricos del sector educativo es notorio.

Los gremios suelen demandar mejores salarios, acompañamiento emocional, personal de apoyo y estabilidad laboral como condiciones mínimas para una tarea pedagógica efectiva. La violencia, en muchos casos, surge cuando estas condiciones están ausentes o degradadas.

Entre la urgencia y la profundidad

La aprobación del Plan de Protección Integral en Neuquén es, sin dudas, una respuesta política coyntural ante una demanda social legítima: proteger a quienes enseñan. La violencia no puede naturalizarse, ni mucho menos ser tolerada como parte del cotidiano escolar. Pero el modo en que se construyen esas respuestas es clave.

¿Puede una ley con acento punitivo resolver un problema estructural? ¿Se protege a los docentes castigando, o se los protege generando condiciones para enseñar y aprender con dignidad?

El Plan avanza en señalizar la gravedad de las agresiones en el ámbito educativo, pero corre el riesgo de desdibujar su vocación protectora al priorizar el castigo sobre la prevención, el diálogo y la transformación.

Como bien dijo Paulo Freire, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Quizás valga la pena recordar que para cuidar la escuela, no basta con vigilarla: hay que fortalecerla.

Sociedad violenta, escuela violenta

Es difícil pedirle a la escuela que sea un oasis de paz en medio de un contexto como el actual. La violencia se ha colado en todos los rincones de la vida social: en la calle, en la política, en las redes, en la casa. Se insulta más fácil de lo que se saluda, se grita antes de escuchar, se desconfía antes de intentar entender. ¿Y la escuela? Recibe todo eso. La atraviesa.

Porque no es una burbuja, es parte del mismo cuerpo social que se va endureciendo. 

Y cuando el Estado —que debería ser garante de derechos, articulador de cuidados y mediador de conflictos— elige la violencia como forma de gestión, el mensaje que baja es claro: vale más la imposición que el acuerdo, más el castigo que la comprensión. Lo vemos cuando se criminaliza la protesta, cuando se estigmatiza al pobre, cuando se desmontan políticas de contención y se celebran discursos de odio desde las más altas esferas.

En ese contexto, pretender que los conflictos desaparezcan con un protocolo o una cámara de seguridad es como intentar curar una fiebre sin mirar la enfermedad que la causa. 

La escuela refleja, muchas veces con crudeza, lo que somos como sociedad. Y si lo que somos es una comunidad cada vez más acostumbrada a resolver desde la fuerza, el miedo o la indiferencia, entonces habrá que asumir que no es la escuela la que está enferma: es el clima social el que necesita urgente una transformación. Porque la escuela sola no puede educar en la paz cuando tantos sectores sociales se relacionan cotidianamente con violencia.