La Comisión $Libra afirmó que Milei usó "su investidura en beneficio de intereses privados"

La comisión investigadora de $Libra de la Cámara de Diputados publicó su informe final sobre la estafa que promovió Javier Milei. En sus conclusiones, el grupo parlamentario expresó que es "necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". También rechazaron la versión de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) "no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico".

"Existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el Presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones (...) Que, asimismo, se han reunido elementos que constatarían la realización de actividades no vinculadas con sus tareas oficiales y la utilización de su investidura en beneficio de intereses privados", señaló uno de los incisos del informe de la comisión al que tuvo acceso.

Además de remitir todas las actuaciones de la comisión a la Justicia, la Comisión resolvió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA y ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc "por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea encomendada a esta Comisión implica una restricción objetiva al ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación".

"El daño a la credibilidad internacional de la República Argentina es continuado y sigue hasta el día de hoy", afirmó Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y secretario de la comisión investigadora que aludió al fallo de la jueza estadounidense Jennifer Rochon, "que señaló que los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei".

En otro punto, se puntualizó que las declaraciones del ex jefe de gabinete Guillermo Francos sostienen que Milei surge "actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional". Esta falta de control "se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024, lo que permite inferir una conducta reiterada orientada a eludir los mecanismos formales de supervisión del Estado". Esta memecoin "registró una maniobra financiera similar" en diciembre de 2024 "en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación".

"La información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre (los promotores del Tech Forum) Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, (el empresario) Hayden Davis y (el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores) Sergio Morales", se indicó, en base a el análisis técnico de la blockchain" que  "detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen de Milei".

"Esta comisión tuvo el decálogo de todos los excesos posibles", protestó el diputado de LLA Nicolás Mayoraz, que definió al grupo parlamentario como "un circo montado con la clara intención, ni de defender las instituciones ni la credibilidad pública". Este y sus pares Nadia Márquez y Álvaro Martínez insistieron en que a la oposición le faltaba una firma, ya que tenía quince y le faltaba una para obtener la mitad mas uno de los 28.

"Acá no se concluye con ningún dictamen. Todo lo que dijo el diputado preopinante (por Mayoraz)", respondió la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

También, la comisión insistió en que "no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida la de investigar" y se destacó que se "solicitó de manera permanente el auxilio judicial necesario para el adecuado desarrollo de sus tareas, no obteniendo respuestas favorables", dentro de las atribuciones reglamentarias.  "La negativa del fiscal Taiano a permitirnos el acceso al expediente es un hecho de total gravedad", protestó el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal.

En la misma línea, se realizó la denuncia de apertura de jurado de enjuiciamiento contra el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi, en virtud de las causales y procedimientos establecido en el artículo 25 de la ley 24.937 y los artículos 115 y 53 de la Constitución Nacional. También se pidió el inicio de un jury ante el Procurador General de la Nación de Taiano.