NeuquenNews
Según expresaron en un comunicado urgente difundido este lunes, las comunidades denuncian un "manoseo" institucional y el incumplimiento de un acuerdo oficial rubricado el 17 de septiembre de 2024, en el que el propio Tobares se comprometía a regularizar la situación jurídica de las comunidades en un plazo de 15 días. Lejos de cumplir, pasaron 290 días sin respuesta efectiva, situación que llevó al límite la paciencia de las autoridades mapuche.
“Hoy fueron citados por el gobierno para seguir el manoseo de su derecho básico a tener su personalidad jurídica que el gobierno está obligado a entregarles”, señalaron en el comunicado.
Además del reclamo administrativo, las comunidades expresaron su hartazgo ante un modelo de gestión provincial que, según sostienen, prioriza la explotación hidrocarburífera en los territorios comunitarios, en desmedro de los derechos indígenas y ambientales. “A la destrucción de nuestras tierras, los sismos, la contaminación, la violación de leyes, se suma que las petroleras nos tratan como extraños en nuestras propias tierras”, afirman con dureza.
La crítica apunta no solo a la dilación burocrática, sino también al fondo político del conflicto: una política sistemática de despojo y falta de reconocimiento, a pesar de las múltiples instancias de diálogo convocadas por el gobierno. Las comunidades afirman haber sido “engañadas con promesas vacías” y no descartan la posibilidad de represión o criminalización, como ha ocurrido en otras oportunidades.
“Estamos dispuestos a soportar represión y cárcel, porque trasladarnos cientos de kilómetros a Neuquén creyendo en el diálogo y las decenas de reuniones han sido una verdadera burla”, advierten.
En el comunicado, hacen un llamado a la sociedad neuquina para que se acerque y los acompañe frente a la Casa de Gobierno, en las esquinas de Rioja y Roca, ante cualquier intento de desalojo o represión.
Un silencio oficial que preocupa
Hasta el momento, el ministro Tobares no ha emitido declaraciones públicas respecto al incumplimiento del acta firmada ni a la ocupación pacífica del edificio gubernamental. La falta de respuestas oficiales refuerza la percepción de abandono por parte del Estado provincial, en un contexto de creciente tensión territorial, especialmente en zonas de alta explotación petrolera como Vaca Muerta.
La gestión de Jorge Tobares, cuestionada por otras demoras administrativas similares, vuelve a quedar en el centro del debate por su falta de eficiencia y voluntad política para garantizar derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
