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La crisis en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se hizo pública y evidente a través de las declaraciones de Nicolás Lozdan, trabajador del organismo, durante una entrevista en el programa “Hay que ver” de Radio 7, conducido por Cintia Ridao. Lozdan denunció que el nuevo sistema de facturación adquirido por el organismo —denominado GLM, originario de Rosario— no funciona y está generando un caos administrativo que afecta tanto a empleados como a los usuarios.
“El sistema anterior, ACUACYS, funcionaba. Pero lo reemplazaron por uno nuevo que fue comprado por decisión del presidente del EPAS, Gustavo Hernández, junto con el ministro Cohen. Desde que se implementó GLM hace un mes, no logramos cobrar ni el 20% de lo que se cobraba antes”, explicó Lozdan. La migración de datos fue tan deficiente que usuarios que no tenían deudas ahora figuran como morosos, y quienes sí debían, figuran sin deuda. Incluso hay facturas con nombres cambiados.
El sistema GLM, según detalló Lozdan, no está adaptado para servicios de agua y saneamiento, sino para luz y gas, por lo que “desde el primer momento sabíamos que no iba a funcionar”. Sin embargo, el EPAS sigue pagando $32 millones mensuales por su mantenimiento.
Un colapso que afecta a los más vulnerables
La situación afecta especialmente a personas mayores, que no manejan medios digitales y se acercan a las oficinas del EPAS para pagar sus facturas, solo para descubrir que el sistema no funciona o sus datos están mal cargados. Lozdan fue claro: “No les podemos dar una solución, y son los trabajadores los que dan la cara. Estamos cansados”.
El trabajador pidió públicamente que los usuarios enojados no se enfrenten con los empleados sino que reclamen directamente a las autoridades en la sede central del EPAS, ubicada en Santiago del Estero 426.
A pesar de haber presentado denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo, Lozdan afirmó que “nadie hace nada”. Además, alertó sobre un posible vaciamiento sistemático del ente, que incluiría recortes de personal en varias localidades como Chos Malal, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co y Plaza Huincul, donde los ingresos no se estarían registrando correctamente.
“Lo están desfinanciando para que el EPAS no funcione y así justificar su privatización. Nosotros con eso no estamos de acuerdo y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias”, advirtió Lozdan.
Una crisis que ya se había anunciado
Desde hace tiempo el gremio UPCN venía alertando sobre el deterioro del servicio, la falta de personal y el riesgo de colapso del sistema de atención al público. A esto se suma el reciente colapso del sistema de turnos, donde cientos de personas deben esperar a la intemperie para ser atendidas. “Apenas tenemos lugar para 25 personas adentro. El número 26 ya queda afuera, en pleno invierno”, lamentó.
Este nuevo episodio se suma a otros conflictos institucionales en organismos del Estado neuquino, donde las decisiones tecnocráticas, sin consulta con los trabajadores ni evaluación técnica local, terminan impactando directamente en los usuarios más vulnerables.
