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La Justicia de Estados Unidos resolvió trasladar al fuero federal en Nueva York la demanda colectiva presentada por inversionistas damnificados por la criptomoneda $LIBRA, un token promocionado por el presidente argentino Javier Milei en febrero de 2025. El caso fue unificado con otra acción judicial previa por el fraude con la memecoin $M3M3, en la que se repiten varios de los acusados y se identifican patrones similares de engaño y manipulación.
ACTUALIDAD22/05/2025La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer L. Rochon, quien resolvió fusionar ambos casos bajo el principio de eficiencia judicial. En ambas demandas, presentadas por el estudio jurídico Burwick Law, se apunta al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol, y a las plataformas Jupiter y Meteora como responsables de un esquema fraudulento que perjudicó a centenares de inversores.
En el caso de $LIBRA, la demanda fue presentada a mediados de marzo en Nueva York y describe el lanzamiento de la criptomoneda como “engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto”. De acuerdo con el escrito, Davis, junto con Julian Peh y Benjamin Chow, “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma descentralizada Meteora”. Esta maniobra, detallan, habría “inflado artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor de mercado que no existía”.
La presentación judicial —de 45 carillas— menciona al presidente argentino Javier Milei en seis oportunidades, destacando que su promoción pública del token, realizada el 14 de febrero a través de sus redes sociales, fue clave para dotar de “legitimidad” a la criptomoneda. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”, afirma la demanda.
¿Quiénes están y quiénes no en la mira judicial?
A pesar de las menciones al presidente argentino, Burwick Law decidió excluir deliberadamente a Milei, a su hermana Karina Milei, y a otros actores argentinos vinculados al ecosistema de $LIBRA, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Ariel Parkinson (colaborador de ambos en Tech Forum) y Sergio Morales, quien era asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) al momento del lanzamiento del token. Esta decisión, explicaron fuentes cercanas al estudio, se basó en una estrategia para evitar “un contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes”, lo que podría haber ralentizado el avance de la causa en los tribunales estadounidenses.
No obstante, la narrativa de la demanda deja en claro que los demandantes consideran que Milei jugó un papel decisivo en el despliegue mediático y promocional de $LIBRA, lo cual potenció su atractivo ante pequeños inversores, muchos de los cuales terminaron perdiendo sus ahorros tras el colapso del token.
Una estrategia repetida: del caso $M3M3 a $LIBRA
El caso $M3M3, iniciado antes por otros inversores perjudicados, ya había apuntado a los mismos responsables por una maniobra casi idéntica: promocionar un token sin respaldo real, manipular su precio mediante liquidez artificial, y luego realizar un “rug pull”, es decir, retirar fondos de forma repentina dejando sin valor la criptomoneda y afectando a miles de compradores.
Al unificar ambas causas, la jueza Rochon reconoció “una línea de continuidad en los métodos fraudulentos y en las personas implicadas”, lo que permitirá abordar ambos fraudes con mayor consistencia legal y simplificación probatoria.
Implicancias judiciales y políticas
La unificación de las demandas en el fuero federal de Nueva York representa un paso importante en la judicialización internacional de casos de fraude con criptomonedas. Aunque Javier Milei no figura como demandado formal, su inclusión reiterada en la narrativa de la denuncia podría tener consecuencias políticas y judiciales, sobre todo si avanza la investigación paralela que se tramita en Argentina, donde ya existen pedidos de informes sobre sus movimientos financieros y los de su entorno más cercano.
Este caso también pone bajo la lupa el escaso control regulatorio y la falta de transparencia con la que muchas criptomonedas se lanzan al mercado, así como el impacto devastador que puede tener la participación de figuras públicas —como presidentes o funcionarios— en su promoción sin el debido respaldo legal o técnico.
Fuentes: La Nación, beincrypto.com
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