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En el marco de la investigación que impulsa el Ministerio Público Fiscal (MPF) por presuntas estafas con planes sociales, el fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron el pase a etapa de juicio para un total de diecisiete imputados e imputadas, incluyendo exfuncionarios provinciales y personal del Ministerio de Desarrollo Social, así como particulares externos al Estado.
La causa se centra en una supuesta asociación ilícita que, de acuerdo con la hipótesis del MPF, habría funcionado desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, con el objetivo de apropiarse de fondos públicos.
La audiencia inicial se llevó a cabo el 11 de marzo de 2025 ante la jueza Carina Álvarez, quien dispuso un cuarto intermedio para continuar al día siguiente. Durante esta primera jornada, el fiscal jefe y el fiscal del caso –junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid– presentaron la acusación contra diecisiete personas. Según lo detallado, se les atribuye haber cometido un total de 9.303 estafas, con un perjuicio económico estimado en 153.377.900 pesos (monto histórico, sin actualizar).
Una estructura piramidal
En la exposición realizada, el fiscal jefe Vignaroli describió la existencia de una organización dividida en distintos niveles. En el primer escalón de la estructura, catalogados como “jefes” de la asociación, se ubicarían:
Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del mismo ministerio.
Marcos Ariel Osuna, quien se desempeñaba como responsable de Gestión de Programas en ese organismo.
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social.
Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración de la citada cartera.
A continuación, se establecieron cuatro niveles más:
Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.
Reclutador/a: I.M.
Recaudadores/as: E.A; V.N.H; A.K; R.Q; y V.C.E.
Beneficiados/as: A.A.C; y F.C.R.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, estas personas cumplían tareas específicas. Mientras los jefes impartían órdenes y coordinaban la maniobra, los reclutadores acercaban más colaboradores para la extracción del dinero de cajeros automáticos o el cobro de cheques, y quienes los retiraban finalmente entregaban los fondos a los niveles superiores.
Delitos atribuidos y penas solicitadas
Según informó la Fiscalía, en caso de recaer declaraciones de responsabilidad, se solicitarán penas de prisión superiores a los tres años de cumplimiento efectivo, motivo por el cual se pidió que el juicio sea llevado a cabo por un tribunal colegiado. El encuadre legal que el MPF describió para todos los imputados abarca asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de débito sin autorización, contemplando un total de 9.303 hechos (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). Quienes se ubicaron en el primer nivel de la supuesta pirámide fueron acusados específicamente como “jefes” de la asociación.
Además, el fiscal Narvaez explicó que en audiencias anteriores se acordaron ya cinco condenas a prisión condicional –para personas de menor responsabilidad en los hechos– y que aún quedan pendientes dos casos en los cuales también se busca un acuerdo.
Segunda jornada: rechazo de acuerdos
Tras el cuarto intermedio dispuesto por la jueza Álvarez, el 12 de marzo de 2025 la audiencia pasó a manos del juez de garantías Juan Pablo Encina, quien rechazó dos acuerdos de condena que comprendían a los imputados A.A.M.L y R.A.L. Ambos habían reconocido su participación en la asociación ilícita y se les propuso una pena de tres años de prisión en suspenso, junto a la realización de horas de trabajo comunitario (432 para A.A.M.L y 360 para R.A.L).
El magistrado consideró que no se había dado la fundamentación suficiente por parte de la Fiscalía y las defensas para justificar la proporcionalidad de las penas, mencionando que los acusados habrían intervenido en “muchos hechos”. De acuerdo con los cálculos presentados:
Durante la audiencia, el representante de la Fiscalía de Estado –querellante en el proceso– aclaró que A.A.M.L había depositado la suma reclamada de manera reciente, y que, en relación con el resto del perjuicio, el gobierno provincial inició acciones civiles contra todas las personas imputadas.
Antecedentes y acusaciones pendientes
Según la unidad fiscal de Delitos Económicos, en las causas con roles de menor responsabilidad se resolvió avanzar por la vía de acuerdos de pena, para así concentrar el esfuerzo investigativo en quienes habrían ocupado los niveles altos de la presunta estructura. Así, a fines de 2024 se concluyó la condena de cinco personas que reconocieron haber extraído dinero de cajeros automáticos o cobrado cheques para entregar la recaudación a supuestos cabecillas.
En esta misma línea, el control de la acusación sobre los diecisiete imputados restantes continuará, dado que el MPF pretende llevarlos a juicio con un tribunal de tres integrantes. En estos casos, con una presunta “mayor participación” en los hechos, la pretensión punitiva implica penas de prisión efectiva (desde un mínimo de tres años).
El mecanismo de la estafa
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, la maniobra consistía en utilizar planes sociales a través del cobro de cheques y la extracción de dinero con tarjetas de débito, sin autorización de sus titulares legítimos, defraudando de este modo a la administración pública provincial.
El sistema piramidal, conformado por exfuncionarios, empleados administrativos y particulares, habría permitido que, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, se perpetraran los 9.303 hechos investigados.
Los fiscales Narvaez y Vignaroli destacan que esta causa representa uno de los mayores golpes a las finanzas públicas provinciales de los últimos años, dados los montos involucrados y la complejidad de la estructura. El MPF confía en que, de habilitarse la etapa de juicio, se podrá presentar la evidencia y arribar a sentencias definitivas que responsabilicen a quienes habrían liderado y ejecutado las estafas.
