La Cámara aprobó también la suspensión hasta marzo de 2022 de los procesos judiciales contra prestadores médicos asistenciales públicos o privados de internación o de diagnóstico y tratamiento.
Además, se aprobó en la reunión de hoy, la adhesión a la Ley Yolanda, que implica la capacitación integral en materia de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible para funcionarios públicos de todos los niveles y jerarquías en los tres Poderes del Estado.
La creación de dos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia -medida impulsada por el Tribunal Superior de Justicia- apunta a afianzar el criterio de especialización en la materia en las circunscripciones judiciales en cuestión –I y IV-, considerando que tanto en Rincón de los Sauces como en Villa La Angostura actualmente tienen juzgados multifueros en los que existe una marcada preponderancia de las causas del fuero de familia.
Al actuar como miembro informante, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) señaló que “hay gran cantidad de casos específicos en materia de familia y género en ambas localidades por lo que se hace necesario crear estos juzgados específicos con jueces preparados en la materia y un equipo multidisciplinario para poder atender la problemática” y explicó que la medida requerida por el Poder Judicial contempla la creación de cuatro cargos en total, uno de juez o jueza y uno de funcionario para cada Juzgado.
En esa línea, informó que de las 1122 causas en trámite en Rincón de los Sauces, el 54% se corresponde con conflictos familiares, mientras que para el caso de Villa La Angostura la estadística es del 35% sobre un total de 1232 causas en la materia. Dijo que “es responsabilidad del Poder Judicial trabajar en su presupuesto” para contener los recursos que demandará la nueva estructura, y remarcó que estas eran las únicas dos Circunscripciones Judiciales que no contaban con juzgados especializados en familia, niñez y adolescencia.
A su turno, la diputada Soledad Martínez (FT) fundamentó el voto positivo en tanto “no se puede discutir el aporte de la especificidad” de los Juzgados, pero cuestionó la falta de acceso a las estadísticas e información por parte del TSJ para poder enriquecer la discusión. En tal sentido, celebró la decisión de las autoridades legislativas de convocar a una mesa de discusión del escenario normativo en la materia y solicitó la participación del Poder Judicial, articulando con el resto de los poderes del Estado, para poder avanzar en “analizar el abanico de herramientas que hay que poner a disposición de las mujeres”. “No podemos reaccionar con una respuesta esporádica ante un hecho dramático como lo fue el femicidio de Guadalupe” en Villa La Angostura días atrás, enfatizó Martínez.
Desde Juntos por el Cambio, César Gass dijo que desde su espacio político “el cuestionamiento sobre el funcionamiento global del Estado lo hacemos permanentemente, pero en esta oportunidad hay un caso de ultra sensibilidad que tenemos que ir a remediar”.
La norma fue aprobada por mayoría con 29 votos afirmativos. Las bancas del FIT y PTS-FIT solicitaron permiso para abstenerse de votar, luego de asegurar que no están en contra de la creación de estos organismos sino que critican la falta de una política integral para prevenir y atender las situaciones de violencia de género.
Finalmente, el cuerpo no aprobó la solicitud, por lo que el diputado Blanco votó a favor mientras la diputada Jure no votó y su negativa a emitir el voto se consignó en el acta de sesiones, por encuadrarse dentro de una falta al reglamento.
Por su parte, la modificación de la ley 3229 implica la extensión de la suspensión, hasta el 31 de marzo de 2022, de los procesos judiciales (cualquiera sea la causa de la obligación que haya originado la acción o el motivo de la liquidación), que ordenen la subasta de bienes inmuebles o muebles ocupados por quienes cumplen un servicio esencial en calidad de prestadores médicos asistenciales públicos o privados de internación o de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicio de Salud.
Al respecto, el diputado Caparroz explicó que la iniciativa surgió ante la incertidumbre por la situación de pandemia y la “necesidad de contar con todas las camas y los profesionales de la medicina posibles para poder contener la problemática actual”.
Al hablar, Lorena Parrilli (FT) consideró que la iniciativa “es un primer paso, pero el paso definitivo es que en la provincia empiece a tomarse el tema de la Salud como un derecho y no como una mercancía”.
En tanto, Andrés Blanco adelantó su voto negativo porque “se puso la situación del policlínico ADOS en un contexto más general para contener y dar carta blanca a los empresarios de la medicina”.
Finalmente, la adhesión a la denominada Ley Yolanda, se aprobó en general y por mayoría, e implica la capacitación obligatoria en materia de protección medioambiental para la promoción de políticas públicas trasversales, a la planta de empleados públicos. La ley fue aprobada por mayoría con 29 votos afirmativos.
