La tregua firmada por Hamas e Israel en Doha –con la anuencia de las autoridades estadounidenses y qataríes– no aborda los aspecto profundos de la crisis regional. No interpela la ocupación militar de los territorios de Cisjordania ni el sitio de Gaza. Tampoco presenta alternativas o soluciones a la causas estructurales del conflicto, que ya lleva más de siete décadas, relativas a la práctica colonialista ejercida por Israel contra el pueblo palestino.
INTERNACIONALES20/01/2025
Neuquén Noticias
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) dispuso –mediante la resolución 181– la partición del territorio para la instauración de dos Estados, uno árabe y otro judío. Meses después, en mayo de 1948, Israel declaraba su independencia con la oposición de todos los países árabes circundantes, declarándose la primera guerra. La coalición de países conformada por Egipto, Jordania, Irak, Líbano y Siria firmó armisticios a lo largo de 1949, configurándose una nueva territorialidad regional. Tras el primer enfrentamiento, se amplió el desplazamiento de la población palestina (Nakba), consolidándose una amplificación de los territorios dominados por Israel –un 23 por ciento más–, a expensas de lo dispuesto por la ONU, en 1947.
Desde aquel momento hasta la actualidad, se sucedieron tres grandes guerras –del Sinaí, de los Seis Días y de Yom Kippur– en el marco de una permanente inestabilidad regional basada en la represión dentro de los territorios ocupados y el enfrentamiento de las milicias palestinas con los organismos de seguridad israelíes. Las guerras se suspenden por tiempos determinados, se posponen sin fecha fija, o se decide su finalización. Toda “tregua” supone únicamente la interrupción transitoria de hostilidades. Un armisticio, por su parte, implica un compromiso de mayor duración, sin fecha fija de conclusión. Las otras dos formas de desenlace de un enfrentamiento bélico son (a) la rendición incondicional –o capitulación–, como la firmada por la Alemania nazi frente al Ejército Rojo en 1945; o (b) el Acuerdo de Paz, como el rubricado por Egipto e Israel en 1979, entre Anwar el-Sadat y Menajen Begin.
La tregua firmada en Doha supone un acuerdo endeble que muy probablemente Israel intente resquebrajar para darle continuidad a los objetivos planteados por su Gabinete de Seguridad que votó en forma dividida el último sábado. Bibi Netanyahu –sobre quién la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura por acusaciones de crímenes de lesa humanidad– advirtió que “si las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo fracasan, y no se cumplen las demandas de seguridad de Israel, podremos reanudar los combates en Gaza, con el apoyo de Estados Unidos”.
La Hoja de Ruta de seis semanas y más de 30 fases –rubricada en Doha el 15 de enero– fue validada por 24 votos contra 8, abriendo la posibilidad de que el premier israelí pierda la mayoría parlamentaria, sostenida por su alianza con los sectores más islamofóbicos y fascistas de su coalición, liderados por el jefe de la cartera de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, y por el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich.
Según trascendidos del área de planificación militar israelí existe la decisión de configurar una denominada “cúpula de pánico”, consistente en convertir a la sociedad civil gazatí en el primer obstáculo para evitar futuras utilizaciones de campo de despliegue misilístico contra Israel. Para ese cometido se deberá adjudicarse la gestión administrativa de los más de dos millones de habitantes a la Autoridad Nacional Palestina, antagonista a Hamas.
Netanyahu firma la Tregua ahora porque negoció con Donald Trump para hacer aparecer a éste como un exitoso pacificador. De hecho, esta misma Hoja de Ruta es la que había presentado la administración de Joe Biden el 6 de mayo de 2024. El pacto con el presidente electo incluye el acuerdo con el Líbano –sobre la base del desarme de Hezbolá–, conversaciones encubiertas con los líderes de las milicias sirias de Hayat Tahrir al Shams (HTS), y una ofensiva permanente contra la República Islámica de Irán, que la última semana firmó un Acuerdo Integral de Asociación Estratégica con la Federación Rusa. De esta manera, el inicio de las primeras fases de la Tregua exhibirá al magnate como un exitoso negociador “comprometido con el fin de las hostilidades”.
El 7 de octubre de 2023, milicias de Hamas y la Yihad Islámica traspasaron el sitio impuesto por Israel y llevaron a cabo un ataque terrorista sobre población civil, asesinando 1200 personas y secuestrando a 251. Desde ese momento, las Fuerzas de Defensa Israelí bombardearon en forma persistente la Franja, asesinando alrededor de 47 mil personas –la tercera parte de las niñas y niños– y produciendo alrededor de 960 mil heridos. Desde esa fecha hasta enero de 2025 cambió la configuración de Cercano Oriente.
Hasta octubre de 2023, Netanyahu era desafiado por gran parte de la sociedad civil israelí con marchas semanales en el marco de acusaciones ligadas con causas de corrupción y le imputaban intentos de arrasar con la Corte Suprema.
El ataque de Hamas brindó la posibilidad a su endeble coalición de atacar Gaza, Cisjordania, El Líbano, Irán, Siria y Yemen. Estados Unidos y Turquía contribuyeron a la fuga de Bashar al-Ásad de Damasco, así como al nombramiento del general Joseph Aoun como presidente de El Líbano y de Nawaf Salam como primer ministro de ese país. Ambos dirigentes han sido mandatados para darle continuidad a la tregua entre Israel y Hezbolá, desconectando progresivamente los vínculos de este último con Teherán. Los cambios regionales no parecen ser compatibles con una paz duradera, la reparación para las víctimas y el emplazamiento –por fin– de una patria soberana palestina, conviviendo junto a sus vecinos israelíes.
Bruselas acordó 90.000 millones de euros para el período 2026–2027 y optó por emitir deuda común respaldada por el presupuesto europeo, ante las trabas legales y políticas de usar activos rusos inmovilizados como colateral inmediato. Hungría, Eslovaquia y República Checa quedan fuera de garantías para destrabar la unanimidad.
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La Anses anunció que dejará de retener el 20% de la AUH y la AUE y comenzará a pagar el monto total de los beneficios todos los meses, sin exigir la presentación anual y presencial de la libreta sanitaria.
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Con dictamen favorable en comisiones y con tratamiento previsto para febrero de 2026, el proyecto que modifica la Ley de Glaciares abre la puerta a la explotación de recursos en zonas sensibles, traslada decisiones científicas al criterio político y podría hipotecar reservas estratégicas de agua dulce en favor de intereses económicos.
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El proyecto crea el adicional “Función Política”, remunerativo y no bonificable, para cargos electivos y no electivos del Ejecutivo, el Juzgado de Faltas y el Concejo Deliberante. El texto argumenta que no es un “aumento” sino una “recomposición”.
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