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Según consigno La Nación, la Justicia civil de Río Negro dictó una medida cautelar que alcanza el embargo del sueldo y del aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde por un total aproximado de 40 millones de pesos, en el marco de una demanda de un comprador que adquirió un lote en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas y nunca recibió la propiedad ni los servicios pactados.
La decisión, dictada por el juez Santiago Morán del Juzgado Civil Nº 3 de San Carlos de Bariloche, responde a una medida cautelar presentada por un damnificado que pagó un terreno en 2022 y reclama daños y perjuicios por el incumplimiento contractual y el cobro de canon sin entrega efectiva de la parcela. El fallo dispuso el embargo sobre las remuneraciones mensuales de Villaverde —excluidas las cargas familiares— y el sueldo anual complementario, hasta cubrir 27 millones de pesos en concepto de capital más otros 13,5 millones por intereses y costas.
La causa se inscribe en una serie de reclamos civiles similares contra la diputada de La Libertad Avanza, relacionados con el proyecto inmobiliario denominado “Tajamar”. Esta semana, otro damnificado presentó una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, reclamando más de 30 millones de pesos y solicitando un embargo preventivo por un contrato de compraventa de un lote de 465,80 metros cuadrados firmado en 2020.
Villaverde, que previamente enfrentó cuestionamientos por no poder jurar como senadora debido a causas judiciales vinculadas a narcotráfico en Estados Unidos, también llegó a acuerdos privados con al menos dos demandantes para evitar juicios por montos de 12 millones y 10 millones de pesos, respectivamente.
El emprendimiento en cuestión —promocionado por la propia legisladora— habría contado con provisión de servicios como agua potable, electricidad y alumbrado público, pero, a tres años de la firma del contrato por el lote, el comprador no había recibido ni la tierra ni las obras comprometidas. Además, los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste consignan esas hectáreas como zona rural, sin habilitación formal para construir, lo que complica aún más la situación legal de los terrenos vendidos.
Fuente: La Nación
