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La banda escocesa Primal Scream quedó envuelta en una fuerte polémica en el Reino Unido tras ser denunciada ante la policía británica luego de un concierto en Londres, en el que proyectó imágenes vinculadas a la guerra en Gaza, denunciando crímenes de guerra y lo que calificaron como genocidio del pueblo palestino.
El episodio ocurrió durante una presentación en el histórico recinto The Roundhouse, en Camden, donde la banda utilizó material audiovisual crítico del accionar del Estado de Israel en Gaza, junto a referencias a líderes políticos occidentales. Organizaciones como Community Security Trust (CST) y Campaign Against Antisemitism denunciaron el contenido por considerarlo antisemita, al entender que algunas imágenes podían asociar símbolos judíos con el nazismo.
Sin embargo, tanto la banda como numerosos sectores culturales y políticos sostienen que la intervención artística tuvo un contenido claramente antisionista, es decir, una crítica directa a la ideología política del sionismo y a las acciones del gobierno israelí, y no un ataque contra el pueblo judío ni contra el judaísmo como religión o identidad.
Desde Primal Scream señalaron que la intención fue denunciar la complicidad de gobiernos occidentales en la masacre de civiles en Gaza, y defender el derecho del arte a intervenir en debates políticos y humanitarios urgentes. La banda remarcó que su mensaje se inscribe en una tradición histórica de música comprometida, alineada con causas contra el colonialismo, la guerra y las violaciones a los derechos humanos.
El propio recinto Roundhouse se desligó del contenido proyectado, afirmando que no fue informado previamente y reafirmando su rechazo a toda forma de antisemitismo. No obstante, el caso reavivó un debate cada vez más presente en Europa y Estados Unidos: la equiparación entre antisionismo y antisemitismo, una asociación que es rechazada por numerosos organismos de derechos humanos, intelectuales judíos críticos de Israel y resoluciones internacionales.
La controversia se da en un contexto global marcado por crecientes denuncias contra el gobierno israelí por parte de organismos internacionales, ONG humanitarias y académicos, mientras se multiplican los intentos de criminalizar las expresiones de solidaridad con Palestina bajo acusaciones de odio religioso.
La policía británica evalúa ahora si la denuncia encuadra en alguna figura penal, en un escenario donde los límites entre libertad de expresión, protesta política y censura vuelven a quedar en el centro del debate público.
