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La reciente aprobación de un dictamen favorable en comisiones del Senado para reformar la Ley de Glaciares despierta alarmas más que consensos. Se trata de una iniciativa que, bajo la bandera del “federalismo ambiental” y la “seguridad jurídica”, propone cambios que pueden resultar profundamente regresivos para la protección del agua dulce en Argentina.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, fue 
como un mecanismo de presupuestos mínimos ambientales: declara a los glaciares y al ambiente periglacial bienes de dominio público y los protege como reservas estratégicas de recursos hídricos, con normas claras que prohíben actividades que puedan dañarlos. Las decisiones sobre qué áreas proteger están basadas en criterios científicos y no en el arbitrio político o económico.
Sin embargo, el proyecto que avanza en el Congreso propone colocar en manos de las provincias la potestad de decidir qué glaciares proteger y cuáles no, con la posibilidad de permitir explotación económica en zonas periglaciales siempre que no se ponga en riesgo “una reserva estratégica de agua” —concepto que no significa lo mismo para un legislador que para un glaciólogo.
Esto no es un matiz menor. Como han señalado científicos, abogados ambientalistas y organizaciones sociales, alejar la definición de glaciares y sus zonas de influencia del criterio científico para ponerla bajo la órbita política genera incertidumbre jurídica y riesgos ambientales. En palabras del presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el proceso de tratamiento fue “exprés” y la reforma podría resultar “totalmente inconstitucional”, además de poner en peligro a todos los glaciares.
El argumento oficial —que la ley actual tiene falencias interpretativas que paralizan inversiones productivas— ignora que esta legislación fue concebida para proteger un recurso vital en un contexto de crisis climática creciente, donde los glaciares no sólo alimentan ríos, humedales y acuíferos, sino que regulan la disponibilidad de agua en periodos estacionales críticos.
Además, diversas organizaciones ambientales advierten que los glaciares y sus ambientes asociados componen un sistema integral que regula y sostiene el agua dulce de vastas cuencas. Su debilitamiento puede acarrear impactos ambientales, sociales y económicos irreversibles, afectando no sólo al ecosistema de altura sino también a comunidades que dependen de esos cursos de agua más abajo.
Aunque defensores de la reforma sostienen que no se eliminarán las prohibiciones de fondo, sino que se aclararán criterios, la transferencia de poder de definición desde la ciencia hacia decisiones jurisdiccionales abre una grieta significativa en un área donde las consecuencias de políticas mal calibradas pueden tardar décadas en manifestarse —y muchas vidas en sentir sus efectos.
El debate legislativo, previsto para febrero de 2026, no puede ignorar que el agua no es un recurso más del que disponer a gusto, sino el sostén de la vida, de la producción y de la cultura en vastas regiones del país. Que la protección de los glaciares esté en la mesa no debe significar que su destino quede al capricho de intereses económicos o políticos, sino que se preserve con criterios científicos y sociales de largo plazo —porque un futuro sin agua es un futuro sin futuro.
